Fuente: La Tercera

Varios son los conflictos y diferencias al interior de las fuerzas que respaldan al nuevo gobierno sobre la forma de llevar adelante el ambicioso programa de transformaciones que comprometieron y cumplir con las expectativas.

1.- Programa: las dudas entre las dos almas al interior del gobierno

“Nosotros no estamos acá para que las cosas no ocurran, sino que para posibilitar que se hagan, y se hagan bien y de manera sostenible”, dijo el ministro de Hacienda, Mario Marcel, tras jurar como nuevo jefe de las Finanzas.

Las palabras de Marcel reflejan la tensión al interior del gobierno entre aquellos sectores que exigen el cumplimiento cabal del programa, entre los que se cuentan sectores del PC, como el alcalde de Recoleta y ex precandidato presidencial, Daniel Jadue, del Partido Comunista, y otras fuerzas de izquierda del Frente Amplio, del Partido Comunes, y aquellos al interior del gobierno que creen indispensable dar certezas a los inversionistas y al mercado, tesis que respalda el Mandatario, buena parte de RD y de Convergencia Social, dentro del Frente Amplio, y que hoy tiene a sus mayores representantes en la dupla de ministros Giorgio Jackson y Mario Marcel.

Fue tras la primera vuelta y en medio del adverso escenario económico interno e internacional, sumado a la falta de mayoría en el Congreso, lo que obligó a buscar acuerdos con la oposición para avanzar en la agenda legislativa, lo que llevó a Apruebo Dignidad a dar un giro.

La aceptación de la regla fiscal fue una de la primeras señales hacia el mercado, la que se vio ratificada después con la designación de Mario Marcel en Hacienda.

“A todos los gobiernos de izquierda se les presenta el desafío de mostrar que es posible expandir la red de protección social manteniendo un crecimiento económico que sostenga esa red y equilibrios macroeconómicos que prevengan que el incremento de demanda agregada se traduzca en más inflación”, ha señalado el economista RD Noam Titelman, uno de los fundadores del Frente Amplio.

Uno de los primeros desafíos para el Ejecutivo será sacar adelante una reforma tributaria que les permita recaudar los recursos necesarios para financiar, con ingresos permanentes, las principales medidas con miras a establecer en Chile un Estado que garantice derechos sociales.

Más de cinco puntos del PIB durante los primeros cuatro años es la meta que se fijó el gobierno con esta reforma, la que por ahora no tiene asegurados los votos para su aprobación.

Si no logran sacar adelante la reforma tributaria, el gobierno quedará en una delicada posición frente a quienes, desde la izquierda, le exigirán cumplir todos los compromisos del programa -los puristas- por sobre la estabilidad y el crecimiento económico.

2.-Base de sustentación del gobierno, el desafío de ampliar una coalición que quedó estrecha

“Este gobierno no se agota en sus adherentes”, dijo el viernes el Presidente Boric, al comprometerse a llevar adelante una administración cercana a la ciudadanía, a los movimientos sociales y que “escuche siempre las críticas constructivas de quienes piensen distinto de nosotros”.

Boric ganó la Presidencia con más de cuatro millones 600 mil votos, más del doble de lo que obtuvo en las parlamentarias Apruebo Dignidad, la coalición política gobernante y que está conformada por el Partido Comunista, las fuerzas del Frente Amplio, el Frente Regionalista Verde Social y exhumanistas.

Por lo mismo, se vieron obligados a dejar atrás en muy poco tiempo las posiciones más identitarias que habían prevalecido hasta entonces al interior del Frente Amplio y que se habían manifestado en una fuerte crítica al desempeño de los gobiernos de centroizquierda, para integrarlos al gobierno.

Ese paso fue una “decisión muy dífícil”, admiten en el PC, como también lo fue para el Partido Comunes y algunos sectores incluso de Convergencia Social, el partido del Presidente. No así para el Mandatario y buena parte de RD, que ya eran proclives a un acercamiento a fuerzas de centroizquierda de la ex Concertación.

Lo que se construyó es inédito en la historia reciente de Chile. Un gobierno sustentado en dos coaliciones que mantienen fuertes diferencias.

Aún así, el gobierno sigue en minoría en el Congreso, lo que pone un manto de duda sobre la capacidad del Ejecutivo de sacar adelante su agenda legislativa y dar cumplimiento a las altas expectativas de la ciudadanía de que se atenderán las múltiples demandas incluidas en el programa.

Por lo mismo, era clave la señal que a sólo horas de asumir el Presidente Boric, y tras casi tres meses de negociación, se daría en el Congreso, con la capacidad del ahora oficialismo de construir acuerdos de gobernabilidad en las mesas de la Cámara de Diputados y el Senado, más allá de las fronteras de las coaliciones que están en el Ejecutivo. Cómo también de la capacidad de gestión que desplegaría el gobierno en su relación con las fuerzas en el Parlamento.

Y en ese sentido las dudas persisten.

Pese a que en la Cámara el nuevo oficialismo logró un acuerdo que incluyó a 86 parlamentarios, desde el Partido de la Gente y la DC hasta la izquierda, que permitió distribuirse la presidencias de las comisiones. Sin embargo, reconocen los parlamentarios, ese acuerdo no da garantías de que el gobierno será capaz de repetir esas mayorías para los proyectos legislativos.

En el Senado, esa primera señal, fue aún más compleja. El acuerdo de mayoría que dio la presidencia al senador Álvaro Elizalde en el primer año se dio a contrapelo, incluso, de las gestiones que llevó adelante el ministro secretario general de la Presidencia, Giorgio Jackson, con el senador Manuel José Ossandón y RN, gestiones que dejaron en mal pie a ministro frente a los parlamentarios de la ex Concertación.

Por el contrario, el acuerdo administrativo del Senado estuvo principalmente supeditada al debate que se está dando en la Convención Constitucional con miras a eliminar el Senado.

Foto: Luis Sevilla

3.- Expectativas de cambio: las dudas de si intervenir o dejar hacer en la Convención Constitucional

El rechazo masivo por parte del pleno de la Convención Constituyente en las últimas jornadas respecto de las propuestas contenidas en los informes de las comisiones de Medio Ambiente y de Derechos Fundamentales, sumado a la polémica que generó la propuesta de eliminar el Senado, encendió las alertas sobre el trabajo que vienen desarrollando los convencionales y las dificultades que enfrentan para llegar a tiempo -el 4 de abril vence el plazo de nueve meses iniciales, los que pueden prorrogarse por tres meses más- para dejar listo el texto que se someterá a la aprobación de la ciudadanía.

Para el nuevo gobierno, encabezado por el Presidente Gabriel Boric, el éxito de la Convención es fundamental para llevar adelante el proceso de cambios que pretende iniciar su administración y cumplir las altas expectativas que generó en la ciudadanía la llegada del frenteamplista a La Moneda. Así lo reconoció el ministro de la Presidencia, Giorgio Jackson, hace algunos días, cuando dijo: “Buena parte de las reformas que planteamos tienen como principal obstáculo la actual Constitución. El tener una nueva Constitución es una condición sine qua non para llevar a cabo estas agendas”.

Por lo mismo, la tensión al interior del nuevo gobierno y de sus aliados políticos sobre la forma en que se relacionará el Ejecutivo con el órgano constituyente ha ido creciendo.

Pese a que no han hecho una exigencia formal, los partidos de Nuevo Pacto Social que se sumaron al gabinete no ocultan su pretensión de que el Mandatario ejerza un liderazgo y ayude a ordenar el diálogo al interior de la Convención Constituyente.

Una aspiración que no es compartida por el Mandatario, su entorno más cercano ni en las directivas de Apruebo Dignidad, la coalición gobernante, quienes han reiterado la autonomía que deben tener los convencionales para sacar adelante el mandato que recibieron de la ciudadanía.

“Vamos a apoyar decididamente el trabajo de la Convención. Necesitamos una nueva Constitución”, dijo el viernes el Jefe de Estado en el primer discurso que pronunció desde La Moneda, y en el que invitó a escucharse de buena fe y sin caricaturas para sacar adelante la tarea.

Las palabras del Presidente van en línea con la decisión del gobierno de dar las facilidades y herramientas que requieran los convencionales, incluso, respaldando con gestiones ante el Congreso para lograr ampliar el plazo de la Convención, si es que la mesa directiva de la Convención así lo solicitara, pero sin involucrarse directamente en el debate de las propuestas.

En La Moneda saben, además, que una intervención del gobierno sobre el trabajo de la Convención enfrentaría el rechazo de la mayoría de los convencionales de izquierda, un flanco que no están dispuestos a abrir.

Una cosa distinta, reconocen fuentes del Frente Amplio, es que el Frente Amplio fortalezca el diálogo y la coordinación con sus convencionales, para monitorear lo que ocurre al interior del órgano constituyente y ayudarlos a recuperar la capacidad de generación de acuerdos amplios que tuvieron meses atrás. En esa dirección apuntaba precisamente el llamado que hizo el Presidente Boric el viernes a su sector, cuando los instó a “tomarse en serio” el trabajo y a “escucharse de buena fe, sin caricaturas, para que el plebiscito de salida sea un punto de encuentro y no de división”.

Pleno de la Convención Constitucional. Foto:JUAN FARIAS / AGENCIAUNO

4.- Orden Público y la exigencia que se impuso sobre Interior para enfrentar al mismo tiempo migración, Araucanía y narcodelincuencia

“La magnitud del desafío es enorme”, reconoció el viernes el Presidente Boric en su primer discurso como Jefe de Estado.

El nuevo gobierno está conscientes de que la crisis por la migración ilegal, especialmente en el Norte Grande; la violencia en La Araucanía y el avance de la narcodelincuencia debían estar dentro de las urgencias de la nueva administración. Tres temas que la izquierda tradicionalmente no priorizaba en su agenda.

Fue tras el triunfo de Kast en primera vuelta que Boric y su entorno dieron un giro para asumir con mayor fuerza la agenda de orden público y al mismo tiempo cumplir con las expectativas de sectores de izquierda que demandan la libertad de los presos de la revuelta social.

“Necesitamos reparar las heridas que quedaron del estallido social”, dijo Boric, al justificar que su primera medida fuera el retiro de las querellas por Ley de Seguridad del Estado presentadas por el gobierno de Piñera. La decisión administrativa está lejos, sin embargo, de la intención inicial de alcanzar un indulto para los procesados tras el estallido social.

No fue el único giro en la agenda de seguridad y orden público que recaerá en la cartera de Interior. Si hasta hace unos meses la mirada de Apruebo Dignidad en el tema de migraciones se centraba en los derechos y beneficios sociales para los migrantes, el viernes el Presidente Boric se comprometió a “retomar el control de nuestras fronteras”.

En el ahora oficialismo no se puso en duda la reciente prórroga del estado de excepción en la Macrozona Norte y se ha puesto énfasis en el trabajo de la Cancillería para abordar de manera colectiva con los países vecinos las dificultades que está provocando el éxodo masivo de migrantes dentro de la reg

Si bien el objetivo de la reforma es subir en 5 puntos del PIB la carga tributaria en los cuatro años de la administración Boric, el ministro de Hacienda puntualizó que se incluirá lo que ya se aumentaron los impuestos en la discusión del financiamiento de la Pensión Garantizada Universal (PGU), que es del orden de 0,66% del PIB.

Es su primera semana al mando del Ministerio de Hacienda. Y ya ha entregado algunas pistas de cómo está siendo su aterrizaje en Teatinos 120. Mario Marcel esta vez anticipó que habrá una corrección a la baja en las proyecciones de crecimiento y demanda para 2022, y entregó nuevas señales de lo que será la reforma tributaria.

En primer lugar, en un live con Diario Financiero, criticó las proyecciones de crecimiento que les dejó la administración saliente, quienes proyectaron una expansión del Producto Interno Bruto (PIB) de 3,5% y una demanda interna de 2%. “Con poco plausibles”, dijo de entrada. En esa línea, argumentó que “las cifras que dejó el gobierno anterior no son consistente con el ajuste que tiene que tener el país. No solamente tenían una cifra de crecimiento superior a las estimaciones de distintos actores, sino que una expansión de demanda del orden de 2%, que no es consistente con lo que necesita la economía para controlar la inflación”.

No obstante, evitó realizar alguna proyección puntual, puesto que estas se publicarán en el Informe de Finanzas Públicas del primer trimestre, las que se conocerán a fines de abril.

En el plano fiscal, el secretario de Estado comentó, sin entrar en detalles, que las estimaciones de holguras fiscales que ellos presentarán serán menores a los US$30 mil millones que previó el gobierno de Piñera. “Es una proyección que profundiza este problema sobre los supuestos de demanda y actividad”, precisó.

Reforma impositiva

En cuanto a la reforma tributaria, Marcel enfatizó que se trabaja para ingresar el proyecto durante el primer semestre, y lo que se buscará durante estos meses es lograr un pacto tributario que perdure en el tiempo. “En Chile en últimos gobiernos hemos tenido muchas reformas, entonces esa inestabilidad tributaria no le hace muy bien al país”.

Para lograr este “pacto tributario”, Marcel dijo que se impulsará un diálogo social, el cual se concentrará en abril. La idea, según planteó, es abrir la discusión a nivel de territorio, pero también con expertos, empresas y trabajadores. “Una cosa que nos hace falta en Chile es discutir y ponernos de acuerdo de cómo queremos que sea nuestro sistema tributario en el futuro”.

Si bien el objetivo de la reforma es aumentar en 5 puntos del PIB la carga tributaria, el secretario de Estado puntualizó que se incluirá lo que ya se aumentaron los impuestos en la discusión del financiamiento de la Pensión Garantizada Universal (PGU), que es del orden de 0,66% del PIB. Según explicó Marcel, esto se debe a que en el programa de gobierno de Gabriel Boric está avanzar en la reducción de las exenciones tributarias y en la disminución de la evasión y la elusión, lo que se hizo en esta discusión. Por ello, ahora el margen de aumento estará “más cerca a los 4 puntos del PIB para la reforma que se impulsará”, precisó.

Mencionó además que esta reforma tendrá un especial énfasis en los impuestos a las personas, a diferencia de lo que ocurrió en 2014. “Esta es una definición bien importante. Si nos comparamos con países de la Ocde, nuestra recaudación de impuestos indirectos es similar a esos países, de las empresas también, pero donde tenemos una brecha grande es en el impuesto a las personas. Es la cuarta parte del promedio que tienen los países de la Ocde”, detalló.

Combustibles

El titular de Teatinos 120 abordó también la problemática de los precios de los combustibles. “Es una variable muy sensible para la población. El precio de los combustibles no es sólo costo para el auto, sino que incide en el costo de transporte en general e indirectamente en el costo de varios productos”, comentó.

En este escenario el secretario de Estado dijo que se iban a implementar los recursos que sean necesarios para que el Mepco siga funcionando, y apuntó que “la próxima semana tendremos las cifras precisas, porque es un mecanismo de estabilización que es necesario”.

Quinto retiro de los fondos de pensiones

Sobre la nueva arremetida de los diputados para impulsar un quinto retiro de los fondos de pensiones, el titular de las finanzas públicas afirmó que lo primero que se debe analizar es si “si es bueno o no para las personas que se les quiere ayudar. Se habla de los retiros como una ayuda, pero es una ayuda con los recursos de las mismas personas, no es ayuda del Estado, de las AFP, y tiene como costo tener una menor pensión a futuro”.

Enfatizó que todas las advertencias que se dijeron en la discusión de los retiros se fueron cumpliendo. “Se materializó la mayor inflación, el aumento de las tasas largas, los créditos hipotecarios con mayores tasas y menos plazo. Se materializó la propia caída de los fondos de pensiones. Entonces lo que muchos calificaron como campaña del terror, todo se ha ido materializando, esta todo a la vista. Más que juzgar o anticipar lo que ocurra estas iniciativas, creo que todos tenemos que evaluar cuál ha sido el impacto de estas decisiones”.

Salario Mínimo

Es uno de los primeros proyectos que debe ingresar al Congreso. Esto porque la vigencia del actual monto de $350 mil vence el 1 de mayo, y por ello, se espera que la nueva iniciativa esté en debate legislativo en abril.

El compromiso del Ejecutivo es llevarlo a $500 mil al término del periodo de gobierno, pero con un salto importante en el primer año de $50 mil. La forma de hacerlo es la se está analizando. “Es un tema que se está trabajando en conjunto con la Ministra del Trabajo. Hay un planteamiento específico de dar un paso importante el primer año de gobierno.  La ministra del trabajo ha hablado de “400 mil, es algo que debemos acordar”.

Añadió que se debe buscar algunas fórmulas para entregarle un apoyo a las pymes, pero aseveró que “ese tipo de apoyo no puede ser indefinido, tiene que tener un horizonte temporal”.