Fuente: Emol

Un difícil inicio de año y un futuro inmediato preocupante es el que vislumbra la Cámara Chilena de Construcción (CChC) para el sector, gremio que presentó este jueves su informe Macroeconomía y Construcción (MACh 64).

De acuerdo al documento expuestos por el presidente de la CChC, Juan Armando Vicuña, se estima que en 2023 la inversión en la construcción caiga con fuerza 5,9% en términos anuales, principalmente por la importante contracción de las inversiones en infraestructura productiva, tanto del sector privado como de las empresas autónomas del Estado.

Esto, a su vez, se traduce en menos empleo. En el primer trimestre del año se destruyeron más de 46.000 puestos de trabajo en la construcción respecto del mismo período de 2022, faltando por recuperar cerca de 60.000 plazas para igualar el mejor registro de la industria.

Cifras preocupantes, a ojos de Vicuña. "Esta situación nos motiva a hacer un llamado a tomar medidas concretas para proteger los puestos de trabajo y crear nuevas plazas, impulsando la inversión y trabajando fuertemente en reducir la burocracia, la permisología y respetando la certeza jurídica. Ahora es el momento de hacerlo".

Con todo, no todo son noticias negativas, y es que desde el gremio destacaron un retroceso de los precios de los materiales e insumos que usa la industria. Así, durante el primer trimestre, los precios aumentaron 5,9% anual, lo que se compara favorablemente con el alza promedio de 25,1% anual registrado el año pasado.

Por otra parte, se proyecta que la inversión en infraestructura caiga 5,8% anual por un alza de 1,3% en doce meses de la inversión en infraestructura pública -aunque a marzo la ejecución presupuestaria del MOP mostraba un retroceso aual de 36% en monto ejecutado-, además de una severa contracción de 13,3% en doce meses de la inversión en infraestructura productiva.

Sobre esto último punto, la Corporación de Bienes de Capital señala en su informe más reciente que este año la inversión productiva sería 34% menor que la de 2022, que el gasto en construcción productivo privado se contraería 43% en relación con el año pasado y que el gasto en el sector productivo público y de empresas autónomas del Estado retrocedería 12%.

En vivienda, se proyecta una caída anual de la inversión de 6,2%. La inversión en vivienda pública se contraería 4,4% en doce meses, mientras que en la vivienda privada la disminución sería de 6,6% anual.

Para el año, se estima que en Santiago se comercializarán cerca de 25.000 viviendas en el presente año y hasta 30.000 en 2024. De esta forma, y luego del retroceso de 29% en 2022, se esperan ritmos de crecimiento anual entre 22% y 17% en el 2023 y el 2024.

Propuestas para impulsar la inversión

Ante este escenario, Vicuña propuso ejes acción para impulsar la inversión, planteando la idea de una Política Nacional de Promoción de Inversiones que contemple pactos de invariabilidad tributaria y planificación de largo plazo en materia de infraestructura y desarrollo urbano y territorial, creándose la institucionalidad que la hagan posible.

Además, el líder gremial apuntó a mejorar la calidad regulatoria a través de la modernización de normativas que regulan la relación Estado-contratistas, aplicación de medidas propuestas por la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad y fortalecimiento de la certeza jurídica que necesitan los proyectos de inversión.

Por último, esgrimió la necesidad de que se garantice la seguridad pública y erradicar la violencia en sus distintas expresiones.

Fuente: Senado.cl

En el marco de los 20 años de la firma del TLC entre Chile y Corea del Sur y el fortalecimiento de las relaciones bilaterales, una delegación de la Asamblea Nacional de dicha nación realizó una visita al Congreso donde fue recibida por el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma.

La delegación estuvo compuesta por Woo-Taik Chung, vicepresidente; Hunseung Lee, presidente del Grupo Interparlamentario y Jung-Hun Cho, acompañados de representantes de la Embajada.

En la oportunidad, el senador Coloma resaltó que “tenemos una relación de más de 60 años de vínculos bilaterales. Corea del Sur está dentro de las 10 economías más poderosas del mundo. Tenemos tratados de libre comercio con ellos que queremos fortalecer”.

Agregó que “no solo hay numerosos productos de intercambio que deseamos promover y desarrollar sino también generar un círculo positivo en términos de intercambiar visiones comerciales pero también sociales, culturales y políticas que son ejes de nuestras relaciones en el mundo”.

El Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Chile y Corea del Sur fue firmado en febrero de 2003, y entró en vigor el 1 de abril de 2004. Su cobertura es de carácter comprehensiva, es decir, incluye disciplinas de acceso a mercados y sus materias relacionadas, además de capítulos en materia de inversiones, comercio de servicios, telecomunicaciones, entrada temporal de personas de negocios, propiedad intelectual, entre otros.

Fuente: Diario Financiero

Durante la tarde de este miércoles la sala del Senado aprobó unánimemente por 38 votos a favor en primer trámite constitucional, el provecto Ley Marco sobre Ciberseguridad e Infraestructura Crítica de la Información, que crea un modelo de gobernanza que promueve la gestión de riesgos y la implementación de estándares de ciberseguridad. Tras este hito, la tramitación seguirá en segundo trámite en la Cámara de Diputados.

El proyecto, que fue ingresado por el Gobierno anterior, se basa en un sistema de colaboración público-privada. con obligaciones de ciberseguridad y sanciones diferenciadas por riesgos y tamaño, forma parte de las 31 propuestas legislativas de seguridad que comprometieron la actual administración y el Congreso que deben ser tramitadas en el corto plazo. 

La Ley Marco en Ciberseguridad crea la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI) con facultades regulatorias, fiscalizadoras y sancionatorias para los organismos de la Administración del Estados y de las instituciones privadas en esta materia. Por otro lado, crea el Consejo Multisectorial sobre Ciberseguridad y un Equipo Nacional de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática (CSIRT Nacional).

"Política de Estado"

El proyecto contó con el apoyo transversal de los senadores, quienes valoraron el trabajo de las comisiones unidas de seguridad Pública y Defensa Nacional que estuvieron a cargo de la tramitación en particular y del ejecutivo, reflejado en el Coordinador Nacional de Ciberseguridad. Daniel Alvarez, quien en una entrevista con DF había adelantado que esta ley es una de sus principales prioridades.

El subsecretario de Interior. Manuel Monsalve, agradeció el trabajo de la corporación y destacó que legislaciones como esta "vuelven a prestigiar la política, donde se pueden crear políticas de Estado". "Coloca a Chile a la vanguardia en materia de estándares en ciberseguridad y es parte de la agenda de seguridad del Gobierno", dijo la autoridad. 

En tanto, el senador Kenneth Pugh (Ind.), uno de los principales promotores del provecto, comentó a DF que con el avance de la tramitación se "protege las personas su vida en el ciberespacio, enfocándose principalmente en organismos del Estado que brindan estos servicios y en aquellas empresas que son operadores de importancia vital y servicios esenciales.

Mientras que Alvarez, Coordinador, mostró su satisfacción con el resultado y dijo a DF que obtener una votación unánime en proyecto de Ley vinculado a seguridad es "tremendamente importante" para el país y que representa una "política de Estado" que inició con los lineamientos del segundo Gobierno de Bachelet, siendo ingresado por la segunda administración de Piñera y mejorado y tramitado por los parlamentarios y el actual Gobierno del Presidente Boric.

"Se llena un vacío que tenemos en ciberseguridad y ratifica que el diálogo político da sus frutos y el proyecto me oro sustancialmente y esperamos tener la misma resultados en la Cámara, indico Alvarez.

De aprobarse, esta ley significará un gasto adicional en régimen de $ 877 millones y un presupuesto de $ 4.600 millones para la ANCI.

Fuente: Emol

En el "Acuerdo por Chile", que delineó el proceso para una nueva constitución tras el rechazo del pasado 4 de septiembre, se definió que la elección de los nuevos 50 consejeros constitucionales sería paritaria, es decir, 25 hombres y 25 mujeres.

A petición del Servel, y a través de una moción parlamentaria, se precisó el mecanismo por el cual se implementaría la paridad, ya que en el último proceso eleccionario quedaron algunos puntos abiertos a interpretación.

Esta tarde, la Cámara de Diputados aprobó con 104 votos a favor, 18 en contra y 13 abstenciones la reforma constitucional para asegurar la paridad en la distribución y asignación de escaños en el Consejo Constitucional.

Dado que se trata de un cambio a la Carta Fundamental, se requería de 4/7 partes de los diputados en ejercicio.

En detalle, la moción aprobada estipula que si no se pudiera corregir la paridad en la circunscripción senatorial menos votada de la lista, se hará en la siguiente circunscripción senatorial menos votada hasta realizar un reemplazo en la lista.

Además, se pretende que la paridad no se obtenga en la misma circunscripción, pasando de una lista a otra.

La modificación en la norma fue rechazada por los diputados del Partido Republicano, además de Yovana Ahumada (IND), Alejandro Pino (IND) y Enrique Lee, los tres miembros del Comité Social Cristiano e Independientes, y las diputadas Flor Weisse (UDI), Camila Flores (RN).

Tanto en el hemiciclo de la Cámara de Diputados como en la comisión de Constitución de la misma, el debate estuvo enfrentado por dos posturas: Si es que debiese continuar la paridad en futuras elecciones o no. Mientras que sectores de la oposición argumentan que esta debería ser la "última vez", desde el oficialismo reclaman una "discriminación histórica" de las mujeres en los puestos de toma de decisiones, que la paridad vendría a mitigar.

Situación que no está en duda para el próximo 7 de mayo, ya que la paridad es un compromiso que ya está zanjado.

Fuente: Diario Financiero

Un importante avance presentó esta jornada el proyecto de royalty, el cual busca elevar los tributos que paga la minería. En la comisión de Hacienda del Senado se votó y aprobó el artículo primero de la iniciativa, el cual establece la creación de un impuesto de royalty a la minería.

El ministro de Hacienda. Mario Marcel. preciso que este impuesto antes estaba contenido en la ley de impuesto a la renta y que ahora estará contenido cuerpo normativo propio. 

Cabe destacar que ayer en la noche el ejecutivo ingresó las indicaciones al provecto de royalty minero. Entre las novedades está que el límite de carga tributaria máxima potencial será de 47% de la renta imponible operacional minera ajustada para el caso de grandes compañías. Estas indicaciones se votarán después de las elecciones a consejeros constitucionales del 7 de mayo, 

"En caso de que el monto correspondiente al límite de carga tributaria máxima potencial sea inferior, el impuesto establecido en la presente ley se verá ajustado, de forma que el monto a declarar y pagar sea igual al valor del límite de carga tributaria máxima potencial. si el límite de carga tributaria máxima potencial tuera un monto mayor, no se realizarán ajustes", dice el proyecto.

Con todo. indica la iniciativa. "el límite de carga tributaria máxima potencial será de un 45.5% para los explotadores mineros cuyas ventas, determinadas según el artículo 5°, sean hasta el equivalente a 80.000 toneladas métricas de cobre fino"

El proyecto también establece un impuesto ad valorem de tasa plana de 1% para la gran minería del cobre, cuya explotación supere las 50 mil toneladas".

Con esta indicación, señalaron en Hacienda, la carga tributaria potencial, utilizando los precios reales de los últimos 10 años, es de 41.5%.

Las Indicaciones suponen una rebaja respecto de las precisiones iniciales del Ejecutivo, que establecía una tasa máxima de 50% en el gravamen de las grandes mineras. 

En régimen, este esquema permitirá una recaudación equivalente a 0.47% del PIB. explicó el  Ministerio de Hacienda. 

Fuente: Diario Financiero

La economía chilena podría tener mejor desempeño de lo previsto durante este año.

Un nuevo informe de Capital Economics provecta que el Producto Interno Bruto de Chile caería 0,3% en 2023, una leve mejora respecto a sus estimaciones anteriores de una baja de 0,5% a futuro,  señala que las altas tasas de interés seguirán afectando a la economía, pesando sobre el consumo y la inversión. “Esperamos que la economía funcione por debajo de su tendencia prepandemia durante los próximos dos años”, indicó la economista para mercados emergentes de la firma, Kimberlev Sperrfechter. 

Por lo mismo, estima que el Banco Central empezaría con su proceso de bajas de la tasa -actualmente en 11,25%- para el tercer trimestre de este año, señalando que "las fuertes presiones sobre los precios subyacentes significan que la política se relajará solo gradualmente y las lasas de interés se mantendrán históricamente altas este año".

Impacto en empresas

Sin embargo, alertan de que el aumento de las tasas provocará un fuerte incremento del costo de la deuda del sector privado para este año por parte de las empresas nacionales no financieras, estiman que estarán bien posicionadas, dado que las mayores corresponden a mineras y se han beneficiado de los precios del cobre, que han impulsado sus ingresos. También señalan que "los signos de tensión en el sector empresarial son limitados", ya que la tasa de morosidad de los préstamos comerciales llegó hasta 1.8% en enero y se mantiene en línea con su promedio histórico. 

"La buena noticia es que el sector bancario chileno está bien situado para hacer frente al aumento de la morosidad" dicen y precisan que "la mayoría de los principales bancos chilenos podrían soportar una tasa de morosidad de alrededor del 7% a 8% antes de que su capital CET1 cayera al mínimo reglamentario"

Riesgos para hogares

Mientras que los riesgos para los hogares se concentrarían en aquellos con rentas más bajas, que tienen menor ahorro y mayor propensión a los préstamos y que tienen un aumento de la tasa de morosidad en los préstamos de consumo a 2.7% aunque seguiría por debajo del promedio anterior a la pandemia en tanto, se apunta a que los hogares cuentan con reservas -después de los tres retiros de pensiones- y los depósitos bancarios estarían en 30% del PIB, frente al 24% antes de la pandemia.

"Esto debería ayudar a los hogares chilenos a hacer frente a sus deudas. mitigando el riesgo de un aumento generalizado de los impagos en los próximos trimestres", explica el informe.

 

Fuente: La Tercera

La oposición inició esta semana una ofensiva en materia migratoria, presionando a La Moneda para pronunciarse respecto a la idea de penalizar el ingreso irregular al país y aplicar urgencia a proyectos que no estaban contemplados en el acuerdo para acelerar la tramitación de una treintena de proyectos en materia de seguridad. Desde el Ejecutivo, el director de Migraciones Luis Thayer dijo que el gobierno está abierto a penalizar faltas graves en materia de ingresos irregulares, sin embargo advirtió en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados que la penalización también puede afectar “los procesos de reconducción, puede sobrecargar al Ministerio Público principalmente en las regiones del norte y al sistema penal completo”.

En las propuestas que han hecho está la de habilitar “Centros de Detención Provisoria” para albergar a los migrantes con ingreso irregular.

Hoy, en una tensa sesión en Sala, los diputados abordaron el proyecto de reforma constitucional, iniciado en moción, que modifica la Carta Fundamental en materia de regulación migratoria. La enmienda necesitaba el voto favorable de 89 legisladores. Se aprobó con 120 votos a favor, tres en contra, de Mónica Arce, Tomás Hirsch y Félix González, además de 13 abstenciones, principalmente de la bancada del Partido Comunista.

La sala, además, respaldó las modificaciones del Senado en el proyecto que modifica la ley que amplía las facultades de control policial para efectos de aplicar las medidas establecidas en la Ley de Migración y Extranjería. Así, por 84 votos a favor, 44 en contra y cinco abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó en tercer y último trámite el proyecto.

Ambas iniciativas se despacharon para que sean promulgadas como ley.

La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, explicó tras la sesión las iniciativas aprobadas.

“Uno de ellos es una discusión inmediata que el Ejecutivo puso a una reforma constitucional que va a habilitar para que posteriormente cambiemos la ley y cuando se hacen procesos de expulsión haya más tiempo para hacer efectivo este trámite. Hoy solo son 48 horas y ese plazo es muy breve. El segundo proyecto le va otorgar a Carabineros la posibilidad de colaborar en las labores de control de migraciones. En la actualidad no puede hacerlo y cuando detecta situaciones irregulares no tiene atribuciones para traspasarle el caso a la Policía de Investigaciones”, planteó.

Respecto al el control policial migratorio, según detalla el sitio de la Cámara de Diputados, las modificaciones aprobadas apuntan básicamente a tres aspectos. El primero de ellos suprime el tiempo acotado de una hora, para que el funcionario policial ponga a disposición de la PDI, a la persona que no pueda acreditar su situación migratoria regular.

El segundo suprime la frase que prohibía el control policial de identidad fundado en motivos contra la discriminación.

En tanto que, el tercero dice relación con las atribuciones sobre control de identidad y registro en las áreas de las zonas fronterizas; otorgadas a las Fuerzas Armadas de forma transitoria, mientras se encuentre vigente el decreto que las faculta para ello.

La futura ley amplía las hipótesis de control preventivo de identidad y dota a las policías de nuevas herramientas para identificar a personas migrantes irregulares o con permisos de residencia vencidos.

Si en un control preventivo de identidad la persona no puede acreditar encontrarse en situación migratoria regular, el funcionario deberá registrarla y trasladarla para ponerla a disposición de la PDI, dentro del más breve plazo.

Si al momento de ser puesto a disposición de la autoridad migratoria el sujeto sometido a control mantuviera pendientes notificaciones relacionadas con procedimientos de expulsión se procederá a su notificación inmediata, dejando constancia de la debida recepción mediante firma del extranjero.

El debate y las críticas de la oposición

Andrés Longton cuestionó la postura del oficialismo. “Uno le pide algo muy simple al gobierno y a sus parlamentarios, convicción en que la migración irregular le está haciendo un profundo daño a nuestro país, independientemente de la situación humanitaria”, dijo.

También criticó a exparlamentarios que ahora son ministros, al Presidente Gabriel Boric por opiniones en sus tiempos de diputado y a parlamentarios del FA que fueron al Tribunal Constitucional cuando se aprobó la Ley de Migración y Extranjería para que la norma no operara. “Es decir, para que no hubieran mayores facilidades para expulsar a migrantes irregulares que habían ingresado por pasos clandestinos, muchos de ellos que venían a delinquir como lo hemos visto sobre todo en el último tiempo”, sostuvo.

Sobre lo mismo, dijo que espera que empiece a cambiar la lógica de ver con “romanticismo” a quienes ingresan “por la ventana” al país y no cumplen con las leyes como cumple cualquier nacional o cualquier migrante que ingresa por la frontera de manera regular.

Juan Antonio Coloma, en tanto, lamentó que en ocho meses de tramitación el Ejecutivo no dispuso urgencia al proyecto. “Hoy aprobaremos el control de identidad para migrantes ante un gobierno que ha sido incapaz de movilizarse y de entender lo que le está pasando a Chile. Fue la comisión, el Parlamento y la Cámara de Diputados los que estamos alzando la voz para poder tener medidas concretas”, sostuvo.

Agustín Romero, por su parte, dijo que “la situación migratoria en Chile se encuentra en un momento crítico”.

“Tenemos que decir las cosas como son, los inmigrantes ilegales son una amenaza para la seguridad nacional y para la seguridad pública (...) esta situación va a terminar muy mal”, advirtió.

Por otro lado, en relación al trabajo del Servicio Nacional de Migraciones, Joanna Pérez puntualizó en que le falta más “musculatura”. Y que, si bien no ha pedido la renuncia de su director, cree que puede “mejorar su gestión”.

Creo que el traer una persona nueva que se meta en el tema va a ser complejo, por eso yo respaldo la acción del gobierno en estas materias, pero también le pido que podamos ordenar la casa”, señaló.

Lorena Pizarro (PC) manifestó su rechazo a “aquellos discursos de odio, donde se deja leer que la maldad está instalada en la población migrante”.

“Este no es un proyecto de ley que habla de la delincuencia, habla de la migración irregular (…) Me indigna que en este Parlamento de Chile exista tanto odio, tanto repudio a la migración pobre que llega a nuestro país y no así a los migrantes dueños de grandes empresas que por décadas nos han rebatado todo”, expresó en una argumentación que fue cuestionada por el diputado UDI Juan Antonio Coloma, por, según dijo, haber asociado pobreza, migración y delitos.

 

Fuente: La Tercera

Las acciones de algunas de las empresas de litio más grandes del mundo cotizaron a la baja este viernes, después de que el Presidente Gabriel Boric presentó una nueva estrategia estatal para desarrollar este vasto recurso metálico, que es vital para desarrollo de los vehículos eléctricos.

El presidente Boric, un exlíder estudiantil representante de la izquierda, y que asumió en el cargo el año pasado, anunció durante la noche de este jueves los planes para crear una empresa estatal que desarrolle los recursos del litio chileno, una promesa clave durante su campaña. En un discurso televisado, Boric dijo que el estado adquiriría una participación mayoritaria en sociedades con empresas privadas para desarrollar el metal.

“El Estado participará en todo el proceso productivo del mineral”, dijo Boric.“Esta es la mejor oportunidad que tenemos para transitar a una economía sustentable y desarrollada. No podemos darnos el lujo de desperdiciarla”.

Las acciones de la Sociedad Química y Minera de Chile SQM caían 19,28% (ADR), uno de los principales productores mundiales de litio y de propiedad parcial de la china Tianqui Lithium Corp., que cayó en más de un 20% este viernes en Nueva York. La estadounidense Albemarle Corp, el único otro productor en Chile caían en más de un 10%. Ambas empresas extraen litio de salmueras ubicadas bajo el Salar de Atacama, en el norte de Chile.

Un vocero de SQM declinó hacer comentarios, mientras que Albemarle declaró que no espera “ningún impacto material” en sus operaciones ya que el gobierno respetará los contratos mineros existentes.

“Seguiremos colaborando con el gobierno de Chile con respecto a la estrategia nacional de Litio propuesta”, dijeron. “Tenemos muchos intereses compartidos para incorporar mejores maneras de hacer crecer el mercado del litio y desplegar nuevos recursos sostenibles”.

Chile tiene una de las mayores reservas de litio del mundo, pero ha batallado con desarrollar una nueva minería debido al estricto control regulatorio sobre el mineral, que ha impedido que empresas extranjeras inviertan en la industria. Como resultado, Chile, el segundo mayor productor de lito del mundo, ha perdido participación en el mercado en comparación al principal productor, que es Australia, o la vecina Argentina, que ha atraído a mineras chinas, americanas y europeas a sus reservas.

El hecho de que Chile no haya desarrollado nuevas minas ha generado preocupación entre funcionarios y expertos de la industria, pues el país podría perder la creciente demanda del metal que se utiliza en las baterías de autos eléctricos y teléfonos inteligentes.

El gobierno de Chile ha estado bajo presión para aumentar el gasto público en educación, pensiones y salud aún cuando su economía se desacelera. Se espera que el Producto Interno Bruto nacional se contraiga un 1% este año, de acuerdo a datos del Fondo Monetario Internacional.

El año pasado, los pagos de impuestos de SQM en Chile aumentaron gracias al alza en los precios del litio. La empresa contribuyó con más de $5 mil millones al fisco, de acuerdo a un comunicado anterior de la propia compañía, lo que la convierte en el mayor contribuyente de impuestos corporativos del país.

En su discurso, Boric dijo que el gigante cuprífero estatal, Codelco, mantendría conversaciones con SQM y Albemarle, para negociar un acuerdo para que el Estado tenga una participación en sus operaciones antes de que expiren sus contratos. El contrato de SQM para extraer litio en el Salar de Atacama vence el año 2030, mientras que el contrato de Albemarle vence el 2043.

“El Estado de Chile respectará completamente lo establecido en los contratos existentes”, dijo el presidente Boric. “Es decir, una pronta participación del Estado en el Salar de Atacama será fruto de un acuerdo con quienes actualmente tienen derechos para explotar el litio”.

Codelco y otra empresa minera estatal, Enami, buscarán proyectos en otros salares y se realizarán licitaciones para que ingresen empresas extranjeras, dijo Boric.

Rony Zimerman, un abogado especilizado en minería en Santiago, que ha representado a las mineras de litio en Chile, dijo que la propuesta de litio liderada por el Estado aun podría ser atractiva para los inversionistas extranjeros que buscaran aprovechar las reservas de Chile.

“Creo que las empresas comenzarán a llamar a Codelco y a Enami ahora y preguntarán: ‘¿Cómo hacemos esto?’”, dijo. “Las condiciones finales pueden ser atractivas para una empresa”.

La política de Boric requerirá la aprobación del Congreso, donde ha tenido problemas para aprobar legislaciones desde el rechazo del año pasado a una propuesta de nueva Constitución que él respaldó, y que habría aumentado el papel del Estado en la economía.

Juan Ignacio Guzmán, experto en minería de la Universidad Católica de Chile, dijo que espera que Boric tenga dificultades para obtener la aprobación del Congreso en sus propuestas del litio. Indicó que estas propuestas erosionarían aun más la competitividad de Chile y socavarían la producción futura.

“La gente en general no quiere que el Estado esté a cargo de los negocios en Chile, sino que administre de manera efectiva la riqueza creada por las empresas privadas”, dijo.

Fuente: La Nación

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, expuso este martes ante la Comisión de Hacienda del Senado respecto a las indicaciones presentadas por el Gobierno al proyecto de royalty minero.

La iniciativa lleva casi cuatro años de tramitación en el Congreso y con las últimas enmiendas fija una carga tributaria máxima de 48% para las mineras por la explotación del cobre y el litio, considerando tanto el royalty como otros gravámenes.

Desde las empresas reaccionaron con recelo. El presidente (s) de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Cristián Argandoña, indicó a La Tercera que la cifra “aún es alta y aumentará el riesgo de perder flujos de inversión y de continuar perdiendo competitividad”.

Mientras que el presidente de BHP Americas, Rag Udd, advirtió que “el nivel propuesto de royalty dejaría a Chile en una posición poco competitiva frente a otras jurisdicciones en las que BHP opera”.

En su presentación ante la comisión, Marcel pidió hacer una comparación con las cifras de carga promedio que se han citado para otros países, detallando que “para el caso de Perú o de Australia, están entre 43% y 44%”.

“Esto lo que nos indica es que, al menos en términos de carga promedio, no pasaríamos a ser el país más gravoso del mundo, o tener la carga tributaria más alta del mundo sobre la minería”, acusó.

Además, aclaró que “si aumentara la carga tributaria por concepto de primera categoría, o de impuesto adicional -suponiendo que no existiera los acuerdos de doble tributación- todo eso se compensaría con el royalty. Es decir, tendría que bajar el royalty para mantener dentro del límite de 48%”.

Respecto a la recaudación que obtendrá el fisco, el titular de Hacienda indicó que con el límite de 48% será de 0,5% del PIB, aunque subrayó que la modificación del royalty solo implica un 0,35%. “El resto corresponde a los aumentos proyectados de producción y las variaciones proyectadas de costos”, consignó.

Fuente: Emol

La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, y el titular de Hacienda, Mario Marcel, alcanzaron hoy un acuerdo con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en medio de las negociaciones por un nuevo ajuste al salario mínimo. 

Así, se pactó adelantar la meta de un sueldo mínimio de $500 mil en Chile, un objetivo que el Gobierno pretendía alcanzar al final del mandato de Gabriel Boric, en 2026. Ahora, tras las negociaciones, se buscará que aquello ocurra en julio de 2024.

“Se ha concordado un ajuste escalonado, que va a permitir llegar a un ingreso mínimo mensual de $500 mil en julio del 2024", aseguró Marcel. 

Sobre lo mismo, detalló que "habrá una primera alza el 1 de mayo del 2023 a $440 mil y una segunda alza el 1 de septiembre a $460 mil", dijo el secretario de Estado. 

Y agregó que estos se suman "dos elementos adicionales ligados al comportamiento de la inflación". 

"El primero es que si la inflación, al término de el año 2023 superar el 6%, entonces se adelantará en $10 mil del incremento del ingreso mínimo a enero del 2024", señaló. 

"Lo segundo es que en el año 2024, al término del año, sobre la base de la inflación que se haya producido, el ingreso mínimo de $500 mil se va a incrementar automáticamente al primero de enero del año siguiente por la variación que haya tenido la inflación entre julio y diciembre de ese año". 

En ese sentido, explicó que "de esta manera, el poder adquisitivo del ingreso mínimo va a estar protegido del riesgo de que la inflación sea más alta en el 2023 y al mismo tiempo se va a asegurar que mantenga su poder adquisitivo entre julio del 2024 y el comienzo del año 2025, cuando se producirá una nueva negociación". 

Además, el jefe de la billetera fiscal indicó que "junto con esto, también se ha acordado reajustar los tramos de la asignación familiar en el mismo porcentaje en que se ajustó el valor de la asignación familiar". 

Con todo, detalló que esta tendrá un ajuste en un valor cercano al 20%, "de tal manera de, que el primer tramo que es aquel que otorga el valor más alto de la asignación familiar, va a quedar conformado con los beneficiarios cuyo ingreso mensual no exceda de los $515.879. El segundo tramo quedará para los ingresos comprendidos entre $515.879 y $753.496. Y el tercero entre esta última cifra y $1.175.196".

"Por sobre este valor de este monto de remuneración o de ingreso mensual, la asignación familiar tal como ocurre actualmente tendrá un valor de cero", agregó.

Sobre el ingreso mínimo garantizado, beneficio que cumplía su plazo a fines de este año, Marcel sostuvo que "este se va a extender hasta julio del 2024, de tal manera que sea con el aumento del ingreso mínimo a $500 mil, que finalmente se termine de absorber este beneficio". Asimismo, indicó que también se acordó que el bolsillo familiar electrónico, que se tenía previsto terminar el 31 de diciembre, se extenderá hasta abril del 2024. 

El presidente de la CUT, David Acuña, indicó que "hemos logrado como trabajadores y trabajadoras poder adelantar la meta de los $500 mil, meta que estaba comprometida por el Gobierno, pero que nosotros lo planteamos como una necesidad de poder surtir la necesidad tan latente de trabajadores y trabajadoras". 

Asimismo, señaló sobre el fortalecimiento salarial y seguridad económica que "es ahí, donde lo queremos hacer con responsabilidad y gradualidad, para poder cuidar y fomentar también la formalización y generar mejores empleos en nuestro país".