Fuente: La Tercera

Tras finalizar el encuentro, la diputada PS abordó la continuación del Estado de Excepción en el país. “Yo después del 11 de marzo voy a responder esa pregunta, no me corresponde hoy", precisó. Sin embargo, puntualizó que en su calidad de parlamentaria: "Solo les digo que revisen mis votaciones y ahí queda clara la respuesta”. En la discusión del miércoles en la Cámara Baja para evaluar una novena prórroga en la Macrozona Sur, la medida fue visada por 72 votos a favor, 6 abstenciones y 37 en contra, incluyendo el de Fernández.

A las 8.00 horas de este jueves se reunió el ministro de Defensa, Baldo Prokurica, con quien será su sucesora en el cargo a partir del 11 de marzo, la actual diputada socialista Maya Fernández.

El encuentro se dio a 15 días del cambio de mando y en el marco de la primera ronda de reuniones bilaterales entre los ministros salientes y futuros secretarios de Estado -designados por el Presidente electo, Gabriel Boric- para concretar el traspaso de información de cada cartera.

Tras finalizar la bilateral en Zenteno 45, la futura ministra de Defensa -quien acudió junto a los próximos subsecretarios de Defensa y Fuerzas Armadas, Fernando Ayala y Galo Eildestein-, señaló que “fue una buena reunión con el ministro Prokurica” y destacó que este tipo de encuentros corresponden a “una tradición republicana que es muy importante siempre mantener”.

Sobre su futura administración, precisó que “todavía estamos en una pandemia sanitaria que afecta y lo que queremos obviamente es apoyar en todo lo que significa por el bien de nuestro país. (...) Lo que queremos como ministerio es que a Chile le vaya de lo mejor”.

Por su parte, Prokurica detalló que “fue una reunión muy cordial en donde no hubo temas secretos, se hablaron todos los temas que ella ha planteado. Le hemos hecho la oferta de que aquí en adelante todas las dudas que tenga, y con el personal, pueda venir para los efectos de poder cumplir con esta tradición que es tan republicana y tan chilena de poder hacer traspaso con transparencia y entregando toda la disposición para que el resultado de su gobierno sea el mejor posible”.

Uno de los temas por los que fue consultada Fernández tras la cita fue la continuidad del Estado de Excepción en la Macrozona Norte y Sur. Este último se extendió por novena vez luego de que el miércoles, en sesiones inéditas en medio del receso legislativo, el Congreso aprobara la solicitud del Presidente Sebastián Piñera de prorrogarlo por 15 días más, es decir, hasta el 11 de marzo, misma fecha en que se realizará el cambio de mando.

En inéditas sesiones en medio del receso, Congreso aprueba novena prórroga del Estado de Excepción en Macrozona Sur: regirá hasta el 11 de marzo

“Yo después del 11 de marzo voy a responder esa pregunta, no me corresponde el día de hoy. Además le corresponde al Presidente de la República que va a asumir el 11 de marzo, por tanto, yo por respeto al Presidente electo Gabriel Boric creo que no me corresponde a mí hablar de esa decisión. Lo haremos en el momento y por respeto también al ministro Prokurica”, puntualizó.

Precisando en su calidad de diputada, la parlamentaria socialista respondió: “Yo solo les digo que revisen mis votaciones y ahí queda clara la respuesta”. En la votación del miércoles en la Cámara Baja, la prórroga fue visada por 72 votos a favor, 6 abstenciones y 37 en contra, incluyendo el de Fernández.

Otro punto clave que abordó la futura secretaria de Estado fue respecto a las críticas que surgieron tras la designación de Eidelstein a la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas. Su nombramiento generó polémica por su relación con la administración de la cerrada Universidad Arcis -vinculada al PC-, en donde era vicerrector de gestión, operaciones y finanzas cuando la institución arrastraba una crisis económica.

Al respecto, Fernández precisó que “no me voy a referir a alguien que está al lado mío. El subsecretario merece todos mis respetos (...) tiene una trayectoria, tiene un currículum y en eso obviamente respeto con todo la decisión del próximo Presidente de la República”.

Eidelstein ya había concretado acercamientos con el Ministerio de Defensaprevio a que comenzara la primera ronda de bilaterales entre la actual administración y la entrante. El 9 de febrero -ocho días después de su nombramiento- se reunió por casi 7 horas en las oficinas de la cartera con el actual subsecretario de Fuerzas Armadas, Alfonso Vargas, a quien sucederá el 11 de marzo.

La reunión le valió a Vargas un rayado de cancha por parte del propio Presidente Piñera, quien en un consejo de gabinete el 14 de febrero aseguró respecto de las bilaterales: “Unos se fueron por la libre, y eso no se puede hacer”.

En tanto, sobre la investigación que hay en contra el excomandante en jefe del Ejército, Ricardo Izurieta, Fernández detalló que “hay una colaboración permanente desde el Ministerio de Defensa, eso ha ocurrido con la Justicia, son poderes distintos, por lo tanto, el respeto absoluto de la investigación que se está llevando adelante y eso se va a mantener, por supuesto” y enfatizó en que tal como lo ha hecho el Ministerio de Defensa, “colaborarán permanentemente”.

Felipe Ward por designación de Montes y Rojas: “El ministerio queda en muy buenas manos”

En Alameda 924, en la comuna de Santiago, se concretó la segunda reunión bilateral de este jueves. El ministro de Vivienda, Felipe Ward, recibió al futuro titular de la cartera y senador, Carlos Montes (PS), en el marco del traspaso de mando.

Felipe Ward y Carlos Montes. Foto: Karin Pozo/ AgenciaUno.

Montes llegó junto a la próxima subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, mientras Ward estuvo acompañado del actual subsecretario, Guillermo Rolando.

Una vez finalizado el encuentro, el actual ministro de Vivienda detalló que durante la reunión se abordaron los desafíos para el año 2022 y los temas presupuestarios “que el futuro ministro conoce de memoria, porque fue el gran apoyo que tuvimos en el Senado y en el Congreso para que el ministerio lograra tanto el año pasado como este año los presupuestos más altos en su historia”. También, si bien indicó que quedaron algunas tareas pendientes que fueron solicitadas por el equipo entrante, enfatizó en que “sentí que hubo mucha sintonía en torno a los temas importantes y me quedo muy tranquilo”.

Respecto a la designación de Montes y Rojas, Ward expresó que “nos sentimos muy afortunados de que el Presidente electo los haya designado a ellos” y aseguró que la cartera “queda en muy buenas manos”. “Conozco al senador Montes hace muchos años, fuimos compañeros de trabajo en el Parlamento, conozco su dedicación, profesionalismo, es muy detallista, es muy preciso en su trabajo siempre con la ciudadanía”.

Por su parte, Montes comentó que “nos han entregado mucha información, (...) queremos estudiar, analizar esa información y hemos pedido algunos antecedentes adicionales, varios de los cuales tienen y los van a entregar en los próximos días más”.

Carlos Montes y posible fin del Senado tras acuerdo en la CC: “Que se transforme en un Consejo Territorial que no tenga facultades legislativas genera vacío y la necesidad de profundizar en esa discusión”

“Creemos que eso es lo propiamente republicano, que haya continuidad entre los gobiernos, por lo menos en la capacidad de tomar lo mejor que se ha hecho y ver cómo fortalecerlo y profundizarlo”, complementó Montes.

Entre los desafíos que el senador socialista detalló para la futura administración, está el “gran déficit habitacional” y “la situación en las ciudades que han crecido fuera del perímetro urbano regular”. También precisó en que esperan conversar con la mayor parte de los funcionarios del ministerio, “escuchar sus inquietudes”, ya que “lo que se haga en este ministerio depende fundamentalmente de su equipo y funcionarios”.

“Agradecemos la acogida que tenemos acá”, indicó Montes, y precisó en que próximamente habrá reuniones entre los jefes de división entrantes y salientes.

Deporte: Benado reafirma postura sobre la separación de la ANFP y la Federación de Fútbol

Más tarde fue el turno en el Ministerio de Deporte. A las 11.15 se reunió Cecilia Pérez con quien será su sucesora en el cargo, Alexandra Benado, para compartir información de la cartera.

Tras la reunión, Pérez señaló que “le hemos entregado en distintas carpetas toda la gestión y los distintos temas de interés, de proyección, de ejecución, tanto del Ministerio del Deporte como del Instituto Nacional de Deportes y este tremendo desafío que tenemos con los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Santiago 2023″. Además, le deseó éxito a Benado durante su gestión.

En tanto, la futura ministra del Deporte comentó: “Aquellos que hemos participado de estas reuniones de traspaso se nos ha designado una labor muy responsable, con mucho compromiso. Estoy muy contenta de asumir este desafío del Ministerio del Deporte desde el próximo 11 de marzo y como dijo la ministra, vamos a trabajar para que el deporte sea para todos y para todas”.

Cecilia Pérez y Alexandra Benado.

En relación a los Juegos de Santiago 2023, Benado apuntó que “tenemos que enfocarnos rápidamente hacia ese objetivo. Tenemos que hacer unos Juegos de excelencia con total transparencia, donde sean nuestras y nuestros deportistas los que brillen”, y señaló que respecto a políticas públicas, una vez que asuma el próximo gobierno trabajarán en “políticas que tienen que ver con infancia. Tenemos una gran oportunidad para desarrollar un gran plan de psicomotricidad infantil”.

A su vez, reafirmó su postura sobre la separación de la ANFP y la Federación de Fútbol. “No es algo que solo opine yo, es algo que la FIFA, la Conmebol, han detectado la necesidad de esta separación, por lo tanto, mantengo lo que he comentado anteriormente”, sentenció.

Obras Públicas: retorno al MOP

Una de las últimas reuniones del día tuvo lugar en Morandé 59, en dependencias del Ministerio de Obras Públicas. El titular de la cartera, Alfredo Moreno, y el subsecretario, Juan Cristóbal Leturia, recibieron al próximo titular del MOP, Juan Carlos García y al futuro subsecretario, José Andrés Herrera.

Herrera fue designado recién esta semana por el presidente electo, Gabriel Boric. A inicios de febrero, cuando el próximo mandatario presentó la nómina de subsecretarios que lo acompañarán desde el 11 de marzo en el gobierno, el elegido había sido Alfredo Gutiérrez Vera.

Gutiérrez sin embargo, renunció el martes, en medio de cuestionamientos por una querella en su contra. Se transformó en la primera baja del próximo gabinete de Boric.

Gabinete de Boric sufre su primera baja: Alfredo Gutiérrez renuncia a la designación como subsecretario de OO.PP. tras cuestionamientos por querella en su contra

“Vamos a seguir trabajando con el nuevo ministro y los nuevos subsecretarios para entregar todos los conocimientos y tareas que hay que continuar de manera de que puedan tener el mejor desempeño y buscar entre todos los mejores resultados para el país. Esta primera reunión ha sido muy interesante, el nuevo ministro ha trabajado en el MOP, así que conoce bien esta entidad. Es un ministerio muy grande y realiza diversas actividades. Nos queda trabajo en los días siguientes de seguir entregándole información al ministro. Le he señalado al ministro que estamos a su disposición para entregar todo lo que necesite”, señaló Moreno tras el encuentro.

García, por su parte, agradeció al ministro “por este traspaso del poder, de un gobierno a otro. Este momento es muy importante porque creemos que este traspaso tiene que estar al servicio de las personas y por eso hemos querido prestar atención a la crisis hídrica y a las obras públicas en que las comunidades están presentes. Para mí es emocionante estar acá, he sido funcionario de este ministerio y le tengo un gran cariño. He vivido muchas experiencias de vida, tanto profesionales como personales en este lugar”.

Quién es Juan Carlos García, el nuevo ministro de Obras Públicas de Gabriel Boric

Cancillería: cita marcada por guerra en Ucrania

Cerrando la jornada de bilaterales, el emblemático edificio de la Cancillería en Teatinos fue escenario del encuentro entre la canciller (s) Carolina Valdivia y la futura ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola.

La cita se produjo en medio de la crisis en Ucrania, tras el ataque militar perpetrado durante la madrugada por Rusia.

Carolina Valdivia y Antonia Urrejola.

Tanto Valdivia como Urrejola había abordado la situación durante esta jornada, previo a la cita.

Temprano, tras sostener un encuentro con el Presidente Sebastián Piñera en La Moneda para abordar el conflicto, la actual canciller (s) expresó que “mantenemos nuestra esperanza de que este conflicto se solucione por la vía del diálogo y por la vía diplomática y por la solución pacífica de los conflictos”. Además, informó que se había tomado contacto con 53 chilenos en Ucrania y que se les señaló “que a frontera con Polonia se encuentra abierta y existen vías para salir”.

Cancillería informa que tomó contacto con 53 chilenos en Ucrania: “Les hemos señalado que la frontera con Polonia se encuentra abierta y existen vías para salir”

En tanto, mediante su cuenta de Twitter, Urrejola había escrito: “Hacemos un llamado a la comunidad internacional a actuar con rapidez para retomar el diálogo diplomático”.

En tanto, luego de la reunión bilateral Valdivia señaló que “ha sido una reunión en bastante profundidad, aunque no alcanzamos a ver todos los temas, pero la disposición es, por supuesto, a solicitud de las autoridades entrantes de proveer toda la información que requieran, de tener más reuniones, porque efectivamente nada de esto se puede agotar en una sola jornada”.

Fuente: La Tercera

Entre las normas aprobadas en particular ayer en Derechos Fundamentales y las que se revisarán mañana en el pleno de la Comisión de Sistemas de Conocimiento, se marca una diferencia sustantiva con lo que existe en la Constitución vigente respecto de medios de comunicación. De ser aprobadas por 2/3, el Estado tendría un papel más importante en incidir en los contenidos de los medios, tanto públicos como privados. Los constituyentes que además son periodistas -Patricio Fernández, Beatriz Sánchez, Patricia Politzer y Bárbara Rebolledo- dieron su opinión sobre lo aprobado.

“No me dejó del todo satisfecho”. Así, el convencional y periodista Patricio Fernández (Colectivo Socialista) definió lo que se votó ayer por la Comisión de Derechos Fundamentales de la Convención Constitucional sobre libertad de expresión. La instancia aprobó en particular -el paso previo a la votación en el pleno- una serie de normas sobre medios de comunicación que marcan un cambio sustantivo respecto de lo que establece la Constitución actual sobre este tema.

Por ejemplo, un punto que fue discutido entre los convencionales de la comisión fue el inciso sobre la presencia de pueblos originarios en medios de comunicación públicos y privados. En concreto, éste plantea que el Estado velará y promoverá “la presencia de la diversidad cultural indígena en los medios de comunicación públicos y privados, en sus respectivas lenguas”, sin individualizar si se refiere a los que utilizan espectro electromagnético -de propiedad estatal- de los que no. Junto con esto, el mismo inciso sostiene que el Estado debiese adoptar “medidas eficaces para garantizar el establecimiento de medios de comunicación indígenas propios”.

Esta idea fue aprobada con 25 votos a favor y ocho en contra. Fernández, quien votó en contra, explicó esta mañana en Radio Duna que se opuso a esa norma debido a que la preocupación por el pluralismo no requiere especificaciones puntuales. “Hay una tendencia (...) que lleva a muchos a buscar destacar y hacer notar reiteradamente, por ejemplo, lo que se refiere a los pueblos originarios”, dijo.

En ese sentido, hay un cambio de paradigma en comparación a la Constitución vigente, ya que esta solo establece principios y no hay alguna norma que establezca algún tipo de promoción o postura activa del Estado ante un contenido específico en medios públicos y privados.

Por su parte, la también periodista y convencional Beatriz Sánchez (Frente Amplio) señaló que desde su colectivo consideran como algo central garantizar el derecho a la libertad de expresión. Sin embargo, reconoce que se debe superar “la concepción anticuada que lo reduce solo al derecho a informar sin censura previa y a recibir información”.

Sánchez explicó que “en un país como Chile, con alta concentración en la propiedad de los medios y el centralismo de los mismos, debe resguardarse el pluralismo y la diversidad como factores esenciales de la libertad de expresión y la democracia”. Por lo mismo, ella sostuvo: “Necesitamos un rol más activo del Estado y no meramente pasivo, limitado a no censurar. Esto no es nada tan novedoso, está señalado en informes de 1987 ante la CIDH”.

Esta discusión se dio en medio del debate sobre el artículo de libertad de expresión en la comisión, el que ya fue despachado. Entre sus incisos, hay ideas como el derecho a fundar medios de comunicación -como también lo hace la Constitución vigente-, la prohibición de la “propaganda” en favor de discursos de odio y la responsabilidad de los medios de “asegurar la pluralidad de opiniones e informaciones”.

Además, en lo aprobado se abarca la idea de que el Estado debiese promover y respetar la existencia de medios públicos, regionales, locales y comunitarios, “asegurando el acceso y participación equitativa (...) en un sistema de medios (...) diverso, pluralista, transparente, inclusivo, intercultural, plurilingüe y descentralizado”.

También se postula que la ley promoverá la información comunitaria de los pueblos y su presencia en el sistema de comunicación y la promoción de los derechos humanos. Junto con estos, los convencionales de la comisión propusieron que el Estado debiese garantizar y fomentar la “educación mediática con perspectiva de género, derechos humanos, descentralizada y plurinacional”.

Además, la Comisión de Derechos Fundamentales rechazó un inciso para el artículo 6 del informe que buscaba establecer que las personas jurídicas puedan tener y crear medios de comunicación. Como solo quedó la palabra ‘personas’, según lo ya aprobado en titularidad, algunos constituyentes -como la periodista Bárbara Rebolledo (RN-Evópoli-IND)-alertaron que los medios que pertenecen a una empresa podrían correr riesgos.

En este sentido, esta tarde los convencionales de Vamos por Chile que forman parte de la Comisión de Derechos Fundamentales emitieron un comunicado que explica que todos los medios de comunicación, así como cualquier otra persona jurídica, estarían “expuestos y desprotegidos ante la autoridad estatal”, pues esta podría “intentar censurar sus contenidos y los medios no tendrían fundamento jurídico para defenderse, porque ya no estaría dentro de sus derechos la posibilidad de emitir opinión como persona jurídica”.

Las normas sobre negacionismo

La Comisión de Derechos Fundamentales también aprobó -por 18 votos a favor y 15 en contra- una indicación presentada por la convencional Dayyana González (Pueblo Constituyente) que apunta a la prohibición por ley de “la negación o justificación de las violaciones graves, masivas y sistemáticas a los derechos humanos”.

La propuesta fue respaldada por convencionales del Frente Amplio, Pueblo Constituyente, Chile Digno, la Coordinadora Plurinacional y escaños reservados. En tanto, fue rechazado por la derecha, el Colectivo Socialista, el Colectivo del Apruebo e Independientes No Neutrales.

Con respecto a la indicación que busca prohibir la “propaganda” en favor de la guerra o los discursos de odio, la convencional Rebolledo consideró que, en la práctica, el texto “tiene bien poco de libertad de expresión”. Esto, según explicó, porque la restringe más allá del consenso internacional. “Podría suceder que un periodista sea censurado por hacer una nota respecto de la Guerra Santa, ya que la mirada occidental es muy distinta a la de un musulmán de línea extrema. Este podría sentir que se ha incitado al odio hacia su creencia”, comentó.

Para Rebolledo, una de las indicaciones aprobadas más complejas es la que hace alusión al negacionismo, debido a que el Comité de DD.HH. de la ONU no recomienda penalizar expresiones sobre hechos históricos. “¿Qué harán los historiadores? Ya no podrán escribir respecto de hechos pasados que involucren violaciones a los DD.HH. En otras palabras, estarán a merced de lo que el legislador interprete que sucedió 40 años atrás”, cuestionó.

Por su parte, la constituyente y periodista Patricia Politzer (Independientes No Neutrales) señaló hoy por Twitter su postura en contra sobre lo relativo a negacionismo. “No comparto la sanción al negacionismo. A mi juicio, es más eficiente y democrático enfrentarlo con debate público y, sobre todo, educación desde la infancia”, comentó.

Asimismo, hubo reacciones en redes sociales sobre este punto. Uno de ellos fue el abogado Felipe González, relator Especial sobre los Derechos Humanos de los Migrantes de la ONU, quien hizo ver que la norma sobre negacionismo no se ajusta a estándares internacionales.

Los temas que coinciden con la Comisión de Sistemas de Conocimientos

En tanto, la Comisión de Sistemas de Conocimientos, cuyo informe de artículos se votará entre este jueves y viernes en el pleno, también aprobó una serie de iniciativas sobre el tema. Por ejemplo, planteó ideas como que los pueblos y naciones “tienen el derecho a acceder en condiciones de igualdad a todos los medios de comunicación e información, en sus propias lenguas”. También se postula que el Estado estaría encargado de fomentar y facilitar la creación de medios de comunicación, “asegurando el espacio igualitario para la transmisión eficaz de estos”.

Sobre este último punto, el abogado y convencional Ricardo Neumann (Vamos por Chile), quien integra esta comisión, reconoció que normas de derecho a la comunicación permiten un buen nivel de libertad y pluralismo, pero el artículo sobre educación mediática es contradictorio, pues este establece que “la labor informativa debe subordinarse a ciertas perspectivas ideológicas, como la de género, restringiendo la libertad de información que se consagraba en los artículos anteriores”.

El artículo 8 del informe de Sistemas de Conocimientos, el último referido a los medios de comunicación, señala que toda persona “ofendida o injustamente aludida por un medio de comunicación e información” tendría derecho a que su rectificación sea difundida gratuitamente por el mismo medio, propuesta similar a la presente en la actual Constitución.

Fuente: La Tercera

Tras la primera semana se pleno y a meses de que expire el periodo de duración de la Convención Constitucional, la directiva ampliada del organismo propuso una serie de medidas para acelerar el trabajo de los convencionales. Ahí, destacaron algunas propuestas como que cada constituyente tendrá ahora la mitad del tiempo para sus intervenciones o no permitir la votación separada en la votación en general en las comisiones. Con todo, la propuesta debe ser aprobada por el pleno.

Mediante un documento con siete puntos la mesa directiva de la Convención Constitucional -liderada por su presidenta María Elisa Quinteros y su vicepresidente Gaspar Domínguez- propuso una serie de medidas para acelerar el trabajo del órgano constituyente. De cara al plazo que vence el 4 de julio, es que entre los constituyentes ha existido preocupación de si alcanzará el tiempo o no para proponer una nueva carta magna, al punto que algunos convencionales han abierto el debate de si se debiese pedir una nueva prórroga esta vez al Congreso.

De ahí que la mesa en su documento de medidas propuestas -al que La Tercera tuvo acceso- sugirió como una de las ideas que la Convención pueda sesionar los días sábados. “Serán días inhábiles los domingos y feriados legales”, establece el borrador.

Como segunda medida se propone “establecer la posibilidad de que la Mesa distribuya el tiempo de debate en el Pleno por colectivo, proporcionalmente al número de integrantes, asegurando un tiempo mínimo para quienes no forman parte de un colectivo o bien para los colectivos más pequeños”. De esta manera, cada colectivo deberá comunicar a la secretaría de la constituyente antes de que se inicie cada sesión “la nómina de las y los Convencionales que harán uso de la palabra y el tiempo asignado a cada uno de ellos”.

En el tercer punto, se propone “eliminar la posibilidad de división en la primera votación general, y permitirla sólo en el caso de que se deba presentar informe de reemplazo”. Ello implica que se cambie el texto vigente que permite solicitar a la mesa que las propuestas normativas se puedan dar con votaciones separadas para aspectos específicos, para avanzar hacia un reglamento que establezca que en el caso de que una propuesta sea rechazada y tras su paso por la comisión “se podrá siempre solicitar a la Mesa Directiva la votación separada de artículos de la propuesta normativa con la firma de a lo menos dieciséis convencionales constituyentes”.

Un cuarto punto establece como sugerencia “establecer la posibilidad de presentar indicaciones nuevas durante la discusión en particular. Ello incluye aquellas indicaciones previamente presentadas y rechazadas en comisión, con lo que no será necesario ‘renovarlas’. Junto con ello, se eleva el requisito de presentación a 1/5 de los convencionales en ejercicio”.

Actualmente el texto permitía que las indicaciones rechazadas en la comisión podrán someterse a votación tras haber sido renovadas antes por 16 convencionales con una anticipación de tres días antes del pleno. El cambio propone que ahora “se someterán a votación las indicaciones que hayan sido presentadas cuarenta y ocho horas antes de su votación en el Pleno, con la firma de un quinto de los convencionales constituyentes (31) en ejercicio”.

Fuente: La Tercera

El Mandatario explicó que la iniciativa "fortalece el control civil de las policías a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, ministerio que tendrá la responsabilidad de supervisar y evaluar la gestión de las instituciones policiales y también el control presupuestario, financiero y de mérito". Además, la norma plantea la obligación de denunciar las faltas administrativas y de implementar un modelo de control de interno.

Este miércoles, el Presidente Sebastián Piñera, acompañado por el ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado y la subsecretaria de Prevención del Delito, María José Gómez, anunciaron la publicación de la Ley de Modernización de las policías, la cual busca reforzar la institucionalidad y fortalecer la relación de Carabineros con las personas a través de un mejor control policial.

Entre las medidas, se encuentran la modificación a la forma de relación de las policías con el Gobierno, estableciendo que esta se realizará por intermedio de la Subsecretaría del Interior y no mediante sus jefaturas de servicio, como era hasta ahora.

El Mandatario, señaló que “hoy publicamos la ley que moderniza y fortalece a nuestras policías, a Carabineros de Chile y a la Policía de Investigaciones, con un solo propósito, mejorar el resguardo la protección de la seguridad ciudadana y del orden público”.

En la misma línea, añadió que la iniciativa “es también parte esencial del proceso de modernización y reforma de Carabineros, con el cual estamos comprometidos y hemos trabajado durante años, y que nos ha permitido a través de modificar las leyes orgánicas de ambas policías, poder modernizar la gestión institucional a través de planes estratégicos”.

En detalle, la propuesta establece la obligación de elaborar un Plan Estratégico de Desarrollo Policial, con una proyección mínima de seis años, que definirá los lineamientos de distribución del personal, de los medios de la institución, compras e inversiones y las pautas para su actualización.

“Esta nueva ley cambia la relación de las policías con el gobierno”, indicó Piñera, respecto a la medida de “evaluar la gestión policial mediante un sistema de supervisión basado en un reglamento elaborado por el ministerio del Interior y Seguridad Pública”.

Y, agregó que, el ministerio del Interior tendrá la “responsabilidad de supervisar, y evaluar la gestión de las instituciones policiales y también el control presupuestario financiero y de mérito sobre las inversiones y los gastos que realicen”.

Asimismo, se incorpora la obligación de denunciar las faltas administrativas y de implementar un modelo de control de interno para la prevención y control de conductas indebidas, el que deberá contar con mecanismos de denuncia anónima.

Sobre ello, Piñera señaló que la ley “incorpora la participación ciudadana porque las policías van a tener que hacer pública su gestión, sus logros, sus problemas y además hacer rendiciones públicas de su gestión todos los años”.

En tanto al control y orden público, según la normativa, se establece que la fuerza en el actuar policial podrá emplearse cuando sea estrictamente necesaria y en la proporción o medida requerida para el desempeño de las funciones policiales, debiendo, en la medida de lo posible, preferir medios no violentos ante de recurrir a ella.

El Presidente también se refirió al complicado escenario en materia de seguridad que enfrenta el país, “sabemos que hoy día existe una percepción de mucha inseguridad y de mucho temor producto esencialmente de esta triada que se ha ido generando entre armas, violencia y narcotráfico (...) en Chile no podemos acostumbrarnos a esta situación (..) y por esa razón esta ley va a dar más y mejores instrumentos para enfrentar esta tremenda amenaza”.

Fuente: Bio Bio

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, no descartó hacer uso de la fuerza pública si camioneros no desbloquean las rutas en el norte del país y los emplazó a cumplir el acuerdo alcanzando el sábado, donde se determinó decretar el Estado de Excepción y aumentar la seguridad en las carreteras.

Un llamado a cumplir con el acuerdo firmado el sábado sobre aumentar la seguridad en las carreteras y decretar el Estado de Excepción, realizó el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, a los camioneros que persisten en mantener bloqueadas las rutas en el norte del país.

“Así como el Gobierno tiene que cumplir, por supuesto que quienes también firman del otro lado tienen que cumplir y en ese sentido gran parte de los dirigentes cumplieron ayer mismo”, afirmó la autoridad en MegaNoticias, respecto al bloque parcial de las rutas y que ha obligado a cancelar vuelos desde y hacia Iquique.

Delgado confirmó haber conversado con uno de los dirigentes que lideran unos de los cortes en el norte del país y que ha visto videos donde se observa que están desbloqueando los caminos.

Además destacó que tras varias horas de conversación se llegó a un acuerdo, entre los cuales está lo relacionado con la seguridad y la migración.

“Efectivamente, después de un acuerdo lo que correspondía, lo que se anunció era el desbloqueo, pero entiendo que un gremio en particular tenía la particularidad de que tiene muchos subliderazgos (…) Yo creo que todos quedaron conformes con las medidas, a lo mejor algunos quieren ver ya las cosas”, apuntó el titular de Interior.

El jefe de cartera además reafirmó que, de todos modos, los bloqueos de hoy día son mucho menores a los que se iniciaron hace dos días, bajando de 20 a unos 5 cortes parciales de ruta.

Fuente: La Tercera

En su estreno público, la primera mujer en encabezar el Banco Central en la historia de Chile asegura que su mandato parte con el “gran desafío de controlar la inflación”, para lo cual desde ya anticipa que será necesaria una política monetaria más restrictiva que la prevista en diciembre. En todo caso, desestima hacer una reunión de emergencia en febrero para realizar ese ajuste y señala que el tema se verá, como está agendado, a fines de marzo. También habla de su futura relación con Mario Marcel como ministro de Hacienda y de cómo espera vincularse con la Convención Constitucional.

A los 64 años, Rosanna Costa fue nombrada a fines de la semana pasada por el Presidente Sebastián Piñera como la primera mujer en la historia del país en asumir a la cabeza del Banco Central, sumándose a profesionales de renombre mundial que han ocupado u ocupan ese cargo, como Janet Yellen en EE.UU. -hasta 2018 presidenta de la Reserva Federal (Fed) y hoy secretaria del Tesoro de Joe Biden- y Christine Lagarde, actual timonel del Banco Central Europeo.

Ya instalada en su nueva oficina y en su primera entrevista tras ser designada el jueves 3 de febrero en reemplazo de Mario Marcel, quien renunció al instituto emisor para ser ministro de Hacienda de Gabriel Boric, las palabras que más repite a la hora de proyectar la tarea que tiene por delante son “responsabilidad y compromiso”.

De momento no ha modificado mayormente el despacho presidencial del ente rector, pero las fotos de su familia y varios arreglos y ramos de flores dan cuenta de su llegada y de los saludos que el día que la nominaron respondió hasta la madrugada. La economista de la Universidad Católica y exdirectora de Presupuestos afirma que nunca en su carrera ha ido tras determinados puestos y que esta vez no fue la excepción. Así, se declara ajena a todo el proceso que antecedió a su nombramiento y al debate que ello generó, incluido que el gobierno también evaluó para el cargo al consejero Pablo García.

Y su estreno no pudo ser más de banquera central, tras el sorpresivo y alto IPC de enero de 1,2% conocido esta semana y que llevó la inflación en 12 meses a 7,7%. Frente a ello, no duda en enviar su primer y claro mensaje: el escenario inflacionaro cambió respecto al que veían en diciembre y, en consecuencia, la política monetaria del Banco Central será más restrictiva de lo previsto, con una tasa que irá por sobre el 6,5% como punto final del actual ciclo de alzas.

¿Cómo recibe este nombramiento de ser la primera mujer a cargo del BC en Chile?

-Lo recibo, primero que nada, agradeciendo las confianzas. Me siento honrada. Segundo, con mucha responsabilidad en varios sentidos: en lo que representa la gestión del BC, y al ser la primera mujer en el cargo. Y tercero, con total compromiso. Toda mi carrera ha sido de compromiso y ese compromiso se hace mayor estando acá, más aún considerando el momento en el que asumo, con una inflación alta, con todo el costo que esto implica en términos del bienestar social.

Agradezco al Presidente actual que me eligió y lo mismo con el presidente electo y su futuro ministro de Hacienda, que tuvieron una actitud de apoyo tras conocerse el nombramiento y la disposición a construir un trabajo colaborativo.

¿Es esta la coronación de su carrera? ¿Lo planeó, lo buscó?

-No. Nunca busqué ni tracé un camino. Las oportunidades las fui tomando como se fueron presentando. Cuando vine al BC lo hice como una consejera más y sin ninguna expectativa de llegar a ser presidenta. Nunca dije ‘mi aspiración es llegar a ser esto o aquello’. Siempre he disfrutado los trabajos que he hecho donde los he hecho, sin pensar en el siguiente paso, y así se fue construyendo mi carrera. No he buscado cargos, porque creo que la mejor manera de hacer las cosas bien es estar motivada y buscar el espacio de aporte en la labor que estás haciendo en cada momento, sin estar apuntando más allá.

Ud. estuvo a punto de ser ministra de Hacienda de Piñera en vez de Ignacio Briones, y lo mismo en octubre, de llegar a la cabeza del BC en vez de Mario Marcel. ¿Habría sido duro que el Presidente no la escogiera por tercera vez?

-No, no habría sido duro. El Presidente podía escoger a cualquiera de los consejeros para el cargo y habría hecho una buena elección. No lo habría visto como algo personal.

¿En octubre el Presidente le avisó que no sería usted la elegida para la presidencia?

-En esa oportunidad el Presidente nos llamó a todos los consejeros para decirnos que Mario era el elegido.

¿Y él le comentó en esa ocasión sus razones…?

-No correspondía. Él eligió esa vez, tal como lo hizo ahora, y es su prerrogativa. Ahí escogió a Mario y me pareció una decisión bien sabia. Mario estaba culminando un período en que lo había hecho muy bien y por lo tanto lo consideré muy bueno para el BC.

¿Cómo se toma el bastón de mando en el BC tras un presidente tan reconocido por su labor como Marcel?

-Con humildad y con trabajo, y reconociendo que son etapas distintas. El BC acumuló más fortaleza institucional durante su gestión y por lo tanto hay que trabajar a partir de ella y con ella. Además, me acompañan un muy buen consejo y un gran staff técnico, muy comprometidos y con mucha mística.

¿Cuáles serán los desafíos prioritarios de su gestión?

-Mi presidencia parte con el primer y gran desafío de controlar la inflación. Este es un problema que hoy está presente a nivel global, pero que en el caso nuestro tiene particularidades propias. Es un desafío difícil, porque se da en medio de una situación macroeconómica compleja, pero muy relevante, dado que la inflación genera un costo social grande.

A eso se suma el resguardo de la estabilidad financiera y un conjunto de tareas relevantes: viene la implementación de Basilea III, donde el BC recibe por ley un instrumento macroprudencial nuevo, y temas como open banking en la ley Fintech, y deuda consolidada.

Además, debemos trabajar en un nuevo plan estratégico a desarrollar desde 2023 en adelante, que buscaré que sea muy participativo dentro y fuera del BC. Ahí ya se vislumbran algunos ejes como digitalización; educación financiera; todo lo que tiene que ver con cambio climático; más y mejores estadísticas; y temas de paridad de género, donde hemos sido bastante exitosos en cargos de primer nivel, pero aún falta en las jefaturas intermedias.

A todo esto se agrega una arista muy relevante, como es implementar los cambios institucionales y de gobernanza del BC que provengan de las normas que se aprueben en la Convención Constituyente.

Inflación alta, pero no desatada

¿Qué análisis hacen del alto IPC de enero? ¿Sorprendió al BC, tal como al mercado?

-Efectivamente, el IPC de enero fue una sorpresa respecto a las perspectivas que teníamos, como lo fue para el mercado. Esta sorpresa se suma a la sorpresa del IPC anterior, aunque en diciembre fue principalmente en su componente volátil. Ahora, en cambio, la sorpresa tiene un componente subyacente más relevante. A esta altura es evidente que la inflación ha transitado por una ruta distinta del escenario base que presentamos en el IPoM de diciembre.

¿Pero es un campanazo de alerta, está desatada o disparada la inflación en Chile?

-No, yo no hablaría de una inflación desatada en Chile. Tenemos una inflación alta y más persistente, y que nos ha sorprendido en su último registro. Esto significa que lograr la convergencia a la meta requerirá de una política monetaria diferente.

¿Y qué está detrás de este fenómeno, por qué no cede la inflación y, al contrario, crece su presión?

-Hay distintos elementos explicándolo, con mayor o menor grado de importancia. Por ejemplo, un mayor traspaso cambiario del pensado; podemos tener restricciones de oferta más severas, con un mercado laboral más restrictivo, con presiones de salarios importantes y dificultades para encontrar trabajadores; una descompresión de márgenes mayor o anticipada respecto a lo que teníamos previsto, todo ello en un contexto de alta demanda y mucha liquidez. Evaluar la relevancia de cada uno es central.

¿Y es un escenario que los obliga a actuar con una mayor alza de tasas como está previendo el mercado?

-Como el mercado anticipa correctamente, esta mayor inflación hará necesaria una política monetaria más restrictiva que la que teníamos considerada en diciembre. Ahora, cuánto más restrictiva o la dosis exacta, es algo que tenemos que afinar de aquí a la Reunión de Política Monetaria (RPM) de fines de marzo. El IPC de enero es un registro que nos esta indicando que se requieren mayores tasas que las que teníamos contempladas.

En el mercado se planteó la alternativa de que el BC haga una reunión de emergencia en febrero, dado que la próxima RPM es recién el 29 de marzo. ¿Es posible eso?

-Las reuniones de emergencia tienen sentido cuando las medidas que se toman tienen efectos inmediatos sobre situaciones de estrés grave donde, por lo general, el mercado no es capaz de reaccionar por sí solo adecuadamente. Un buen ejemplo es la que se hizo en marzo de 2020, cuando partió la pandemia. En ese caso algunos mercados financieros críticos no estaban funcionando bien y había una clara amenaza a la estabilidad financiera. En el caso de la última sorpresa inflacionaria, la situación es distinta. Por una parte, la política monetaria demora meses en afectar a la economía y hay un valor grande en recabar más información y analizarla antes de determinar la intensidad adecuada con que actuar. Por otra, el mercado ha reaccionado en la dirección correcta, internalizando una política monetaria más restrictiva. Por eso, lo razonable es abordar este tema en el contexto del IPoM de marzo, no en una reunión extraordinaria.

¿Pero apurar la reunión no constituiría una señal de la importancia del tema y de la preocupación del BC?

-No creo que sea necesario una reunión extraordinaria para indicar lo importante que es lo que está pasando. El mercado nos conoce y sabe cuán férreo es nuestro compromiso con la meta inflacionaria. Lo pongo de la siguiente manera: hay que reconocer un cambio de escenario y lo hacemos. El mercado ya lo anticipó y prevé correctamente una política monetaria más restrictiva, lo que está generando un efecto inicial. Nosotros haremos la cuantificación de los cambios necesarios para asegurar la convergencia en el próximo IPoM, tras ponderar los distintos factores y la información que surja. Pero insisto, estamos preocupados por la evolución de la inflación y ello va a requerir ajustes en la política monetaria.

Lo que sí es un dato es que llevarán la tasa por sobre el 6,5% que veían como máximo en diciembre. ¿Puede ser hasta el 7,25% que prevé el promedio del mercado, o más?

-Irá algo por sobre el mensaje de la última reunión y el cuánto es lo que estamos trabajando.

¿El BC le puede asegurar a la población que su acción tendrá éxito y que no terminaremos con una economía muy desacelerada y con una inflación igual alta?

-El Banco Central de Chile ha sido muy proactivo con el aumento de las tasas desde que partió en julio de 2021. Es cosa de comparar con otras economías. Sólo en las últimas reuniones las ha subido 400 pb, y seguiremos actuando para asegurar la convergencia de la inflación, pero como ya lo mencioné, la política monetaria actúa con rezago. Por eso dijimos en el último IPoM que la inflación iba a seguir alta por un período, por lo que no hay que extrañarse de eso. Lo importante es que después va a empezar a ceder.

En materia de crecimiento del PIB, ¿es factible que revisen al alza su proyección para 2022 -punto medio de 2%-, considerando que Hacienda hizo una estimación de 3,5%?

-En términos de crecimiento no hemos tenido las mismas sorpresas que en materia de inflación. En el exterior está claro que la variante ómicron no ha tenido muchos efectos económicos y en el plano interno el Imacec se ha ido comportando acorde con lo que teníamos, pero falta información y lo vamos a ponderar bien en el IPoM de marzo.

Antes de irse del BC, Marcel dijo que veía 2022 como un año en que era posible reducir mucho la incertidumbre. ¿Usted cree lo mismo?

-Hay algunos elementos de incertidumbre que se van a ir disipando, pero la incertidumbre político-institucional no va a desaparecer del todo. Las encuestas dan cuenta de eso y es algo que debemos considerar en las proyecciones.

¿Se refiere a las normas que está aprobando la Convención Constituyente?

-No me corresponde opinar al respecto, cuando además se está en etapas iniciales del trabajo de fondo. Solo digo que estamos viviendo un proceso de cambios importantes, que en el corto plazo significa muchos temas abiertos que tienen incidencia en la toma de decisiones. Si se le pone bordes a ese debate, acotas ese riesgo.

“Yo no voy a ir a dar juicios políticos en la Convención”

Desde su nombramiento, ¿ha tenido contacto con las autoridades de la Convención Constitucional?

-El BC se ha definido respecto a la Convención con una postura muy clara. Nosotros somos un organismo técnico y, como tal, lo que nos corresponde es colaborar en todo, dentro de nuestro ámbito. En ese sentido hemos entregado información técnica y estamos disponibles para responder las dudas de la Convención todas las veces que lo requiera. Mario Marcel expuso ante la comisión y entregó un dossier de documentos. Ahora seguimos disponibles y tenemos la mejor disposición.

¿Pero no ha habido comunicación de momento?

-No nos han pedido nada más por ahora. No he tenido contacto con la Convención desde que fui nombrada, pero ya veremos la mejor forma de seguir colaborando.

En estos días ya debieran empezar a votarse normas relativas al BC. Algunas de ellas contemplan elevar el número de consejeros desde los cinco actuales. Según su experiencia, ¿ello ayudaría o complejizaría su tarea?

-Lo primero, es una decisión de la Convención. Ahora, mi experiencia es que un consejo de cinco integrantes trabaja bien en términos que permite tener opiniones diversas y generar un diálogo con puntos de vista que enriquecen el debate. El número preciso no es mágico.

¿Pero si se le suman mandatos u objetivos al BC, no puede requerirse un consejo más amplio, que agregue miradas?

-No es claro. Ahora, lo que nosotros siempre hemos dicho, y lo planteó Mario cuando concurrió a la Convención, es que más que el número de consejeros, cuando se fijan los mandatos se debe tener cuidado con que los instrumentos estén acordes con los objetivos que se plantean, de modo que no se conflictúen entre sí y podamos responder a ellos. Para un organismo autónomo, siempre es bueno que el mandato sea bien acotado, preciso y técnico, y que se mezcle lo menos posible con la coyuntura política.

Entre las normas en discusión está la idea de que se preocupen también del empleo y el crecimiento, como lo hace la Fed de EE.UU...

-Nuestro marco de política es uno donde el objetivo es la inflación a dos años. Así, es coherente con la estabilización de la economía y contribuye con la del mercado laboral, porque permite acomodar las fluctuaciones de corto plazo de la inflación y concentrarnos en elementos más persistentes que usualmente se relacionan con desequilibrios en la economía, como el desempleo. La diferencia con la Fed está en que nosotros lo hacemos con un objetivo primario claro, que es el de la inflación, con ventajas comunicacionales para la evaluación y que permite mejor manejo de las expectativas. Y por esa vía nos miden. La Fed, en cambio, tiene un mandato dual, pero el funcionamiento es similar al nuestro, porque tiene una meta establecida de inflación, pero no así de empleo. Entonces, el mensaje es: tenemos claro que la política monetaria es la principal herramienta contracíclica, de modo que nos importan el empleo y el crecimiento, y los consideramos en nuestro accionar. De hecho, el fijar una meta de inflación a dos años es para no sobrerreaccionar y generar volatilidad y costos innecesarios en esos otros ámbitos.

Si se incorporara la posibilidad de una acusación constitucional contra los consejeros, ¿cuánto cree que coartaría la capacidad del consejo, sus decisiones?

-Como BC no nos corresponde opinar. Lo único que puedo decir al respecto es que al analizar la alternativa de una acusación constitucional, la regla de oro para un mejor funcionamiento es que podamos tomar decisiones técnicas, para objetivos precisos, ajenos a la contingencia política, si se quiere preservar la autonomía. Las decisiones le corresponden a la Convención.

¿No teme ser menos escuchada en la Convención, en el evento de ir a representar al BC, por estar asociada a la derecha más ortodoxa, a Libertad y Desarrollo?

-La relación con la Convención es institucional y nuestra tarea al respecto es entregar elementos de juicio técnico. Yo soy la vocera del consejo. En ese plano, cuando entrego juicios técnicos lo hago en representación de la institución, no mía. No mezclaría las cosas.

Entonces, ¿no cree que pueda ser objeto de algún tipo de veto político en la Convención?

-El BC no actúa como contrapeso político. Yo no voy a ir a dar juicios políticos en la Convención. Nuestro rol es técnico.

Pero simplemente por su origen...

-Sería un error. De ser requerido iré en representación del BC y voy a entregar la información que nos soliciten. La relación es institucional y no personal.

Bajo su mandato el BC tendrá que adoptar la nueva institucionalidad que determine la Convención. ¿Están preparados para ello, puede afectar su trabajo?

-Nosotros vamos a ser obedientes de la nueva institucionalidad que determine la Convención. Lo hemos sido siempre. Espero que el resultado sea un marco que fortalezca la tarea del BC y su calidad institucional.

“No veo que se haya dañado la relación con Pablo García”

¿Cómo proyecta la relación al interior del consejo del BC con dos integrantes nuevos a partir de marzo y con nueva presidenta y vicepresidente?

-Aún no conocemos quién será el quinto o quinta integrante, pero tengo todas las expectativas de que la relación y el trabajo del consejo sigan siendo tan fluidos y colaborativos como en todo este tiempo. Pablo (García) y Alberto (Naudon) son grandes profesionales que vienen conmigo en este consejo que fue muy estable en los últimos años, y Luis Felipe (Céspedes) conoce el BC y la institución lo conoce a él, de manera que lo veo como un muy buen aporte. Creo que vamos a funcionar muy bien. El consejo puede tener distintas sensibilidades y opiniones no todas iguales, pero como son decisiones eminentemente técnicas y trabajamos con un staff técnico de primer nivel, esa conversación te lleva a confluir y a enriquecer el debate, y todo eso en un ambiente muy constructivo donde se busca que la definición que hagamos sea la mejor para el resultado al que aspiramos. Y eso debiera continuar así.

¿Cómo está su relación con Pablo García, que era la otra opción que barajaba el gobierno para la presidencia? ¿No se dañó?

-No veo que se haya dañado la relación con Pablo García. Internamente, el BC siempre funcionó de forma normal en este proceso.

¿Y para adelante?

-Estoy segura de que se va a mantener. Pablo es muy institucional, un gran economista y una gran persona.

¿Le gustaría que llegara otra mujer al consejo, como Andrea Repetto, por ejemplo, cuyo nombre ha circulado?

-Encontraría extraordinario que llegue otra mujer al consejo. Que sea un profesional destacado que venga con mística a construir y colaborar con el resto del consejo y si podemos avanzar en paridad de género, mejor aún. Andrea Repetto cumple todos esos requisitos de sobra, pero quien elige es el Presidente con la aprobación del Senado.

Marcel en Hacienda: “Creo que trabajaremos bien, juntos”

¿Cómo tomó la felicitación del presidente electo Gabriel Boric por su designación?

-Fue muy grato, porque junto con eso, reafirmó una mirada institucional respecto del BC. Él ha hablado a favor de la autonomía del BC y de construir canales de coordinación, lo que valoro mucho.

¿Usted lo conocía antes de la reunión que tuvo el consejo con él, hace unas semanas?

-No. Lo conocí en esa reunión que fue muy interesante y se tocaron varios temas, entre ellos, el rol del BC. Él se mostró preocupado por el costo social que significa la inflación, sobre todo en la gente más vulnerable. También fue claro en que para lograr este objetivo es importante una institucionalidad monetaria adecuada y una política fiscal ordenada y predecible.

¿Qué le pareció la partida de Mario Marcel al nuevo gobierno?

-Más que opinar de su partida, puedo decir que Mario es un gran economista y un gran servidor público

¿Qué podemos esperar de la relación Marcel-Costa en adelante, con él en Hacienda y usted a cargo del BC?

-Desde el punto de vista del BC, es un plus que él esté allá, porque nos conocemos y hemos trabajado juntos. Más allá de las diferencias, creo que compartimos varias miradas sobre aspectos claves para la política monetaria. Por ejemplo, que el principal objetivo del BC es el control de la inflación y que este control no se contradice con que la política monetaria actúa como una herramienta que suaviza los ciclos, y que cumple mejor ese rol cuando hay coordinación entre el BC y el gobierno. Y compartimos también que los aspectos más estructurales de la economía no se solucionan con política monetaria. Eso va a facilitar, espero, la debida coordinación entre ambas instituciones.

¿Y no puede haber tensiones si el BC debe subir las tasas más de lo previsto?

-No sé si la palabra es tensión. Podemos en algún momento tener diagnósticos con ciertos matices y los podremos conversar. Una característica del futuro ministro de Hacienda es ser bien pragmático. Yo diría que sus tensiones no van a venir por acá y creo que trabajaremos bien, juntos.

Fuente: La Tercera

La iniciativa, que fue aprobada en general por la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico de la Convención Constitucional, no se condice con la literatura económica y además entiende por ilícitas conductas que operan con normalidad en múltiples mercados, según los especialistas.

“Los actos y actividades empresariales privadas que establezcan o tiendan a establecer monopolios, oligopolios, integraciones verticales, integraciones horizontales o abusos de posición dominante en alguna actividad o área económica, son contrarios a los principios de esta Constitución”, se lee en el articulado de una norma aprobada a fines de enero en la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico de la Convención Constitucional, y sobre la cual presentan críticas generalizadas expertos en libre competencia.

Patrocinada principalmente por Movimientos Sociales Constituyentes (MSC) y aprobada con 15 votos a favor y cuatro en contra, también establece que el “Estado tendrá el deber de prevenirlos y de generar políticas que conduzcan a la desconcentración y al aseguramiento de condiciones de competencia efectiva en la economía en los sectores que permita la Constitución”.

Inconsistencias

De acuerdo a Ximena Rojas, directora del área de competencia y comercial internacional de NDI Abogados, la propuesta -que ahora debe ser votada en particular, para después pasar al pleno de la Convención Constitucional- “mezcla cuestiones de carácter estructural como monopolios, oligopolios, integraciones verticales y horizontales, con otras de carácter conductual, como abusos de posición dominante”.

Ximena Rojas, abogada experta en competencia de NDI Abogados.

En su análisis señala que “el texto parece querer permitir la consideración de diferentes objetivos económicos, sociales y políticos”, pero a su juicio “poner esta multiplicidad de objetivos bajo el paraguas de la política de competencia, puede generar conflictos y resultados inconsistentes en la interpretación y aplicación de dicha política, que pueden derivar en incertidumbre en el mercado y en el debilitamiento del proceso competitivo”.

Su opinión es compartida por Francisco Figueroa, asociado del área de libre competencia de NLD Abogados, para quien la norma “contradeciría los avances que ha habido en la materia: esto es, la comprensión de que los monopolios, oligopolios, las integraciones o incluso el poder de mercado, no suponen ilícitos en sí mismo y no afectan per se a la libre competencia, sino que es el abuso de estas situaciones el que produce efectos nocivos en el mercado y afecta a los consumidores”.

Francisco Figueroa, asociado del área de Libre competencia de NLD Abogados

Adicionalmente, sostiene que la indicación “podría estar prohibiendo conductas perfectamente lícitas, que no afectan al mercado y, por el contrario, fomentan la innovación en ciertos mercados o aumentan el bienestar social, de tal forma que se estaría perjudicando a los consumidores que se pretende proteger”.

Desde la misma área de especialización, otra fuente señala que “los oligopolios son estructuras muy normales en mercados con cierto tamaño óptimo de firma”. De hecho, recuerda que “en todas partes del mundo hay un máximo de cuatro a cinco de empresas de telefonía móvil por las inversiones que significa desarrollar la redes, pagar por el espectro”, algo que justamente se estaría prohibiendo en Chile.

En tanto, en materia de integración vertical coincide con Figueroa, al afirmar que “no son nocivas en sí” y que muchas “permiten eliminar dobles márgenes y que los productos lleguen más baratos a los consumidores”, como sería el caso de “un agricultor que cosecha las frutas y al mismo tiempo las pone en latas de conserva”. Asimismo, destaca que esta prohibición impediría “cualquier fusión en Chile, en adelante”.

Entre los consultados, relevan la experiencia internacional en la materia. Rojas sostiene que la propuesta “contiene varios elementos que se apartan de los objetivos de política de competencia actuales a nivel comparado y de la literatura económica”, mientras que la citada fuente experta subraya que “en ninguna parte del mundo se prohíben las integraciones horizontales en sí. Lo que corresponde es un análisis caso a caso de riesgos y beneficios, que es precisamente lo que hace la FNE (Fiscalía Nacional Económica) en Chile”.

Por su parte, Figueroa relata que “solo cerca del 30% de los países OCDE cuentan con menciones expresas (en sus constituciones) sobre libre competencia”, por lo que considera que contemplarse su inclusión en la nueva Carta Magna “debería efectuarse en términos amplios y abiertos, de tal forma que se permita el desarrollo y evolución del concepto, conforme este vaya siendo aplicado a un siempre cambiante mercado”.

Fomento de cooperativas

El articulado en cuestión también señala que “el Estado promoverá la desconcentración económica y la igualdad progresiva en el acceso y participación en los distintos mercados existentes en la economía”, sumado a que deberá fomentar “formas de organización productiva y de propiedad social, solidarias y cooperativas”.

Según la citada fuente experta en libre competencia, “la igualdad progresiva en la participación en los mercados supone que, por ejemplo, no se podrían aprovechar las economías de escala en industrias que tiendan a ellas, porque tendría que haber en el mercado una participación igualitaria de muchos agentes económicos, con o sin economías de escala”, lo que según su análisis “llevaría a precios más altos”. Además, destaca que “el Estado aparece con la obligación de promover cooperativas, que no son la panacea. Pueden dar lugar a situaciones de colusión”.

Respecto a esto último, otra fuente, esta vez cercana a la comisión que dio su aprobación en general, explica que “el deber de fomentar, atiende a que uno de los principios que intentamos consagrar en la Constitución es el de democracia económica y desconcentración de la propiedad, y el formato de cooperativa da más acceso a las personas a las decisiones democráticas dentro de la propiedad, además de una serie de beneficios que tiene para el acceso a la propiedad de grupos excluidos, como las mujeres u otros”.

Fuente: Bio Bio

Con el fin de conceder una amnistía por razones humanitarias a personas que hayan cometido ciertos delitos en medio de manifestaciones, convencionales de la Coordinadora Plurinacional y Popular, Partido Comunista y pueblos originarios presentaron una iniciativa de norma en la comisión de Sistema de Justicia. Estos hechos deben haberse cometido en un plazo que se extiende desde el 7 de octubre del 2019 hasta el plebiscito de salida que ratifique la nueva Carta Magna.

Con el fin de conceder una amnistía por razones humanitarias a personas que hayan cometido ciertos delitos en medio de manifestaciones, convencionales de la Coordinadora Plurinacional y Popular, Partido Comunista y pueblos originarios presentaron una iniciativa de norma en la comisión de Sistema de Justicia. Estos hechos deben haberse cometido en un plazo que se extiende desde el 7 de octubre del 2019 hasta el plebiscito de salida que ratifique la nueva Carta Magna.

Convencionales de la Coordinadora Plurinacional y Popular, Partido Comunista y pueblos originarios presentaron una iniciativa de norma para otorgar una amnistía por razones humanitarias a personas que hayan cometido distintos delitos.

De acuerdo a la propuesta, estos hechos deben guardar relación con diferentes artículos del Código Penal, como emplear fuerza contra la autoridad pública; impedir libre circulación por la vía pública; homicidio frustrado -no aplican circunstancias como ofrecer promesa remuneratoria, envenenamiento, ensañamiento o premeditación conocida-; e incendio en edificios, entre otros.

Además, se incluyen otros delitos incluidos en la Ley 17.798 sobre Control de Armas, Código de Justicia Militar y la Ley 12.927 sobre Seguridad del Estado.

Los posibles beneficiados de esta amnistía tienen que haber cometido estos delitos entre el 7 de octubre del 2019 -cuando se realizó la primera evasión masiva en la estación de metro Universidad de Chile, en la región Metropolitana- hasta la fecha en que la nueva Constitución sea ratificada en el plebiscito de salida.

Lo anterior, debe haberse producido en el contexto específico de protestas, manifestaciones o movilizaciones sociales.

“El beneficio de amnistía concedido en el inciso anterior se aplicará también a todas aquellas personas actualmente condenadas por los mismos delitos, quienes no tendrán el carácter de condenados para todo efecto legal”, señala agrega el documento.

Según se explica, los juzgados de garantía o tribunales respectivos deberán fijar, sin más trámite y con carácter de urgencia, audiencias para determinar la procedencia del beneficio de amnistía general.

En el caso de las personas sujetas a alguna medida cautelar, privativa o restrictiva de libertad -con excepción del arraigo nacional-, éstas deberán alzarse mientras se resuelve sobre la solicitud.

“Las personas beneficiadas por la presente amnistía que hubiesen sido afectadas en sus derechos, por cualquier sanción o acto administrativo, fundado en los hechos descritos en el inciso primero, en el contexto de protestas, manifestaciones o movilizaciones sociales, o con ocasión de ellas, tendrán derecho a que dichas resoluciones sean dejadas sin efecto, restituyendo los derechos vigentes como si no se hubieren dictado esas medidas”, concluye el articulado de la norma.

Cabe destacar que la iniciativa será evaluada por la comisión de Sistema de Justicia de la Convención Constitucional.

Fuente: La Tercera

Durante el trimestre móvil octubre-diciembre se crearon 652 mil puestos de trabajo en relación al mismo período del año previo. La creación de nuevos empleos fue liderada por los asalariados formales. Sin embargo, se sigue registrando una desaceleración en los nuevos puestos creados cuando se compara con el trimestre móvil inmediatamente anterior. La tasa de desempleo llegó a 7,2%, la menor en dos años, pero con 480 mil personas que aún no están en la fuerza de trabajo.

El mercado laboral siguió recuperándose con fuerza durante el trimestre octubre-diciembre, completando ocho alzas interanuales consecutivas en el empleo.

Así lo muestra la Encuesta de Empleo del INE, que registra un alza en 12 meses de 8,1% en los ocupados durante el trimestre móvil terminado en diciembre, lo que equivale a 652 mil puestos de trabajo más en relación al mismo período del año previo. Con esto, hay 8.678.290 personas ocupadas, el mayor número de trabajadores desde marzo de 2020, cuando se iniciaba la pandemia en el país. Además, mantuvo el ritmo de crecimiento del trimestre móvil previo.

Este número de empleos son 1,6 millones más que los registrados en julio de 2020, el peor momento de la pandemia, aunque todavía no se llega a los niveles de febrero de ese año, restando aún 385 mil plazas por recuperar.

De acuerdo a las cifras desestacionalizadas, el número de nuevos empleos creados durante septiembre llegaron a 49.600 respecto a agosto. Esta es la séptima alza mes contra mes según ese indicador, aunque es el mayor incremento -medido de esta forma- desde julio pasado, y en una tendencia de constante desaceleración.

Entre los datos positivos, la creación de empleo fue liderada en octubre-diciembre por puestos de trabajo asalatiados formales -los trabajos de mejor calidad, al tener cobertura de seguridad social-, con un alza de 8,1%, lo que equivale a 317 mil empleos, seguido por los ocupados por cuenta propia, que aumentaron 16,7%, que representan 266 mil plazas.

Con esto, la tasa de ocupación (personas con trabajo en relación a las que están en edad de trabajar) alcanzó a 54,3%, su nivel más alto desde marzo de 2020. Esta alza se refleja tanto en hombre como en mujeres. Entre los primeros, esa tasa llegó a 64,4%, mientras que entre las segundas alcanzó a 44,5%, ambas cifras también siendo las mayores desde marzo del año pasado.

En tanto, la fuerza de trabajo creció en el trimestre 4,5% en relación al mismo período del año previo, sumando 404 mil nuevas personas al mercado laboral. Con esto, ya hay 9.350.580 personas en el mercado laboral, también el número más alto desde marzo de 2020, pero 480 mil menos que lo registrado antes de la pandemia.

De esta forma, la tasa de desocupación llegó a 7,2% en el trimestre octubre-diciembre, la más baja desde diciembre de 2019. Sin embargo, esta variable sigue sin tener la relevancia de antes, indican expertos, debido justamente a la alta cantidad de personas que se mantienen fuera del mercado laboral.

Sectores

Por rama de actividad económica, los mayores aumentos en el empleo en 12 meses se registraron en construcción (22,2%), comercio (8,1%) y alojamiento y servicios de comidas (30,9%), sectores que en 2020 habían sido de los más golpeados por la crisis sanitaria. Mientras, durante el mes pasado se registraron caídas en el empleo de administración pública (-6,8%), agricultura y pesca (-4,5%) y enseñanza (-1,5%), señala el INE.

La tasa de ocupación informal alcanzó a 28,3% durante el mes pasado, su mayor nivel desde marzo de 2020, lo que está en línea con la mayor apertura económica y libertad de desplazamiento. Esto, debido a que los trabajadores informales fueron los más impactados por los cierres y cuarentenas realizados durante 2020.

Fuente: La Tercera

A partir de ahora, según indicó el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, la información entre las entidades del orden público se va a integrar. "No como ocurría hasta hace un tiempo, que cada institución tenía su información y no necesariamente estaba integrada. Eso está cambiando a partir de hoy, y es muy importante porque acelera los tiempos”.

Esta mañana, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, lideró una reunión con Carabineros, PDI, la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN), el Ejército, Directemar y Aduanas para coordinar el trabajo de las instituciones tras la promulgación e implementación de la nueva Ley de Control de Armas.

“Hoy se ha publicado ya en el diario oficial la nueva Ley de Control de Armas, que fue promulgada por el Presidente Sebastián Piñera hace algunos días. La verdad es que el sentido de este trabajo que hemos realizado apenas se promulgó la ley entre estas instituciones, justamente ha tenido un sentido práctico, vale decir, de poder hacer acciones concretas en el menor tiempo posible una vez la ley este promulgada y hoy publicada”, destacó.

Para esto, detalló la autoriadad, hay dos ejes que son muy importantes en esta materia.

“Lo primero tiene que ver con la integración de las instituciones que participan en esta mesa de trabajo”, destacó.

Según explicó Delgado, toda arma legal que entra a Chile pasan por el IDIC, que es el lugar en donde se hacen pruebas balísticas. “Y en este lugar toda arma se dispara, en una prueba que se llama huella limpia, en donde se saca el ADN de cada una de las armas legalmente inscritas que ingresan a Chile por Aduanas”, sostuvo.

“Esa información, a partir de hoy, va a comenzar a integrarse, va a estar en un solo software disponible para las investigaciones, para la persecución penal, no como ocurría hasta hace tiempo que cada institución tenía su información y no necesariamente estaba integrada. Eso está cambiando a partir de hoy, y es muy importante porque acelera los tiempos”, destacó.

Además de esto, indicó la autoridad, el DGMN acaba de firmar un convenio con la Fiscalía para tener información en tiempo real de las condenas de cada una de las personas que tiene un arma.

La nueva ley, recordó, impide que una persona que haya sido condenada o que tenga alguna sanción pendiente tenga un arma. “Eso había que buscarlo muchas veces y se demoraban meses en poder tener la información. Hoy día las condenas van a estar en las pantallas de la DGMN para poder ver la revisión, o para poder quitarle a una persona la posibilidad de tener un arma, o otorgarle esa facultad”, puntualizó.

Esa agilidad en los procesos, agregó, “es importante a la hora de poder seguir trabajando en algo tan sensible como es la tenencia de un arma”.

Armas de fogueo

Sumado a este trabajo en conjunto, sostuvo la autoridad, uno de los cambios más importantes que trae la nueva ley de Control de Armas es con respecto a las armas de fogueo.

“Tal vez una de las cosas más relevantes que se conecta también con lo que vemos en los barrios, en la comunidades a lo largo de todo Chile, tiene que ver con el uso de estas armas que ingresan a Chile como de fogueo y que se adaptan rápidamente como armas letales, de fuego, que puedan disparar una munición”, detalló.

“En ese sentido, a partir de la promulgación y publicación de esta ley, estas armas que son adaptables - que la policía ha logrado periciar, y que los modelos están absolutamente identificados - van a ser consideradas a partir de hoy como armas de fuego”.

Es decir, sostuvo, si un importador quiere traer a Chile armas de fogueo “va a tener que pedirle necesariamente a la DGMN que certifique que esas armas puedan venir acá a la IDIC”. Esto, no para realizarles la prueba balística, puesto que no disparan, pero sí para hacerles la inscripción.

Sin embargo, destacó Delgado, “esos modelos, que bien lo saben en el IDIC y las policías, que son los modelos de armas de fogueo que son adaptables, que pueden con una transformación disparar una munición y disparar o herir a alguien, hoy día no se van poder importar porque el reglamento todavía no lo permite”.

Ya cuando el reglamento esté en régimen, lo que puede tomar hasta un año, indicó, estas armas van a poder ser importadas a Chile, pero van a tener el mismo tratamiento que un arma de fuego. Es decir: necesitarán pasar por la DGMN para ser inscritas, se les otorgará un número en donde se llevará registro de quién la importó y quien la compró, y la persona que lo adquiera tendrá que pasar por los exámenes psiquiátricos, por la preparación, por la instrucción, y por la inscripción que se requiere para un arma de fuego.

“Por lo tanto si esa arma es modificada y utilizada en un ilícito, tanto comprador como importador tendrán que ser llamados a declarar con respecto a cuál fue su rol en esta cadena de compra y venta de esa arma, y porqué esa arma terminó siendo modificada y por qué terminó siendo parte de un ilícito”, puntualizó.

Con esto, destacó Delgado, “ojalá se desincentive la importación (de las armas de fogueo)”.

“No tiene ningún sentido que estén entrando a Chile armas que pesan lo mismo, que son similares, que intimidan, que tienen el mismo sonido y que más encima, con una baja inversión, pueden quedar con poder letal de fuego”, sostuvo.

“Estas armas están proliferando de manera exponencial en las manos equivocadas, y por eso tomamos esta medida y estábamos esperando la promulgación de esta ley para poder hacerlo”, añadió.