Fuente: La Tercera

Además, se situó en la parte baja de las proyecciones de los expertos consultados por Pulso.

Suman y siguen las señales de desaceleración de la economía chilena. A dos días del IPoM y a uno de los indicadores sectoriales, el Banco Central reportó esta mañana que el Imacec de febrero registró un crecimiento de 6,8%.

Y aunque en términos históricos sigue siendo una cifra alta, se trata de igual modo de su menor expansión desde marzo del año pasado, cuando arrancaba el periodo de recuperación postpandemia. Además, se situó en la parte baja de las proyecciones de los expertos consultados por Pulso.

De acuerdo a los datos del emisor, la serie desestacionalizada cayó 0,7% respecto del mes precedente y aumentó 6,0% en doce meses.

La entidad dirigida por Rosanna Costa dijo que el resultado del Imacec se explicó por el aumento de las actividades de servicios. El comercio también contribuyó positivamente al resultado del mes, mientras que la producción de bienes cayó, incidida principalmente por la minería

Por su parte, la caída del Imacec desestacionalizado fue explicada por todos sus componentes, destacando la disminución de los servicios.

Hay que recordar que este enfriamiento de la actividad se produce luego de un periodo de recuperación extraordinario postpandemia, en el que la economía mostró tasas de crecimiento históricas y que tuvieron como principales motores las ayudas estatales (bonos, IFE, subsidios, etc) y los retiros parciales de fondos previsionales que se calcularon en US$ 50.000 millones.

Estos niveles inéditos de liquidez generaron un boom del consumo y como consecuencia de ello un periodo de alta inflación que obligó al Central a elevar agresivamente la tasa de interés.

Rosanna Costa, presidenta del Banco Central y su antecesor, Mario Marcel, hoy ministro de Hacienda

En su último Informe de Política Monetaria (IPoM), el Banco Central ajustó sus estimaciones para el desempeño del PIB este año y el próximo. Para 2023, de hecho, no descartó que se produzca una contracción de la actividad.

“Esas cifras y esas proyecciones muestran una economía con características que en lo grueso corresponde a lo que se ha venido anticipando. Es decir, una economía que durante 2022 tiene que irse rebalanceando, luego de un año tremendamente expansivo como fue el 2021, donde la economía llegó a estar en una situación de sobrecalentamiento que presionó la inflación. Lo que ahora nos indica el Banco Central es que ve ese aumento de inflación por sobre lo proyectado”, dijo sobre el IPoM el ministro de Hacienda, Mario Marcel.

Fuente: La Tercera

Con negociaciones de último minuto, los convencionales de la Comisión de Derechos Fundamentales aprobaron un nuevo articulado, aunque continúan fuertes reparos desde Vamos por Chile, principalmente porque se establece que será la ley la que "determinará los criterios para definir el justo monto del pago, su forma y oportunidad”, en el caso de expropiaciones.

Literalmente hasta último minuto los convencionales estuvieron negociando este jueves antes de votar en la comisión de Derechos Fundamentales las indicaciones del articulado sobre derecho de propiedad. Y hubo polémica, con acusaciones de que había una “cocina” en el patio del ex Congreso.

Cabe recordar que el 10 de marzo pasado se votó en general el primer informe que despachó la Comisión de Derechos Fundamentales al pleno de la Convención Constitucional. Uno de los temas clave que contenía dicho informe, de 292 páginas, es el relativo justamente al derecho de propiedad, materia que había generado discrepancias entre constitucionalistas y entre convencionales, y donde persistían importantes dudas en el mundo empresarial.

Pero finalmente, en esa oportunidad los cinco artículos referidos a esta materia fueron rechazados por el pleno. Ello significó que el tema volviera a la comisión para que se le efectuaran modificaciones y así poder presentar al pleno una nueva propuesta. Dado eso, este jueves la comisión de Derechos Fundamentales tenía que dejar zanjado este y el resto de los temas del informe, ya que el plazo para hacer los cambios vence este viernes.

Y si bien las conversaciones para redactar la nueva propuesta se habían iniciado en algunos sectores de manera muy preliminar la semana pasada, lo cierto es que las negociaciones sobre este tema no terminaron sino hasta minutos antes de que fueran votadas las indicaciones.

Lo anterior quedó reflejado en que los convencionales de dicha comisión estaban votando los cambios de otros articulados, pero cuando llegó el turno del número 18, sobre derecho de propiedad, hicieron un receso de una hora. Eso ocurrió, justamente, para negociar el tema previo a la votación.

Al retomar la sesión, las constituyentes de Vamos por Chile no escondieron su molestia. La convencional Bárbara Rebolledo pidió una explicación: “Suspendimos hace exactamente una hora, porque se nos dijo que era para cargar las votaciones en el sistema. Sin embargo, el secretario tiene ese trabajo hecho hace rato. Y la verdad es que lo que estaba sucediendo acá es que había una cocina en el patio para tratar de resolver qué es lo que iba a suceder con propiedad indígena. Me parece del todo irresponsable, y de una tiranía y dictadura tremenda el que la mesa tome un tiempo que no le corresponde para salir a deliberar, y suspenda, con la ‘chiva’ de que estamos en este minuto, nosotros, se supone que cargando el sistema. Es una falta de respeto”.

Por su parte, la convencional Rocío Cantuarias agregó: “Además, hay bastante cobardía en responsabilizar a personas que no tienen nada que ver con la cocina que están haciendo allá afuera, sobre propiedad indígena me imagino, no sé qué tema será... Pero que responsabilicen al equipo de tecnologías de la información, o de secretaría (...) de un problema que tienen ustedes, me parece que deberían pedirles disculpas”.

La coordinadora Janis Meneses contestó que estaban trabajando para construir acuerdos, tal como lo busca la ciudadanía. También lamentó el atraso. Por su parte, el coordinador César Valenzuela (Colectivo Socialista) dijo que efectivamente las votaciones se estaban cargando y por eso se suspendió la sesión, pero el reinicio se retrasó más de lo debido por las conversaciones que estaban llevando afuera, por lo que pidió disculpas.

El resultado

Luego comenzaron a votar el artículo 18 sobre derecho de propiedad. Ahí se aprobó que “toda persona, natural o jurídica, tiene derecho de propiedad en todas sus especies y sobre toda clase de bienes, salvo aquellos que la Naturaleza ha hecho comunes a todas las personas y los que la Constitución o la ley declaren inapropiables”.

Agrega que “los títulos que habiliten la prestación de servicios públicos o la explotación, uso y aprovechamiento de bienes comunes no quedarán amparados por este derecho y se someterán al estatuto que defina la ley, la cual deberá cautelar el interés social y el equilibrio ecológico”.

También dice que “el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas, comprendiéndose en éstas las covaderas, las arenas metalíferas, los salares, los depósitos de carbón e hidrocarburos y las demás sustancias fósiles, con excepción de las arcillas superficiales, no obstante la propiedad de las personas naturales o jurídicas sobre los terrenos en cuyas entrañas estuvieren situadas. Los predios superficiales estarán sujetos a las obligaciones y limitaciones que la ley señale para facilitar la exploración, la explotación y el beneficio de dichas minas”.

Asimismo, señala que “corresponderá a la ley determinar el modo de adquirir la propiedad, su contenido, límites y deberes, conforme con su función social y ecológica”.

En ese sentido, un tema que mencionaba el anterior artículo 18 que había sido rechazado por el pleno, y que ahora no se aprobó, es el siguiente: “La función social y ecológica de la propiedad comprende los intereses generales del Estado, la utilidad y la salubridad pública, la conservación del medio ambiente, los derechos de la naturaleza y el mejoramiento de las condiciones de vida del común de los habitantes”.

Por otro lado, se suprimió el artículo 19, el segundo sobre este tema, donde se hablaba de la protección de la propiedad intelectual e industrial.

Expropiación

El artículo 20 era probablemente el que causaba más inquietud, pues se trata del tema de expropiación, cuestión donde existían importantes reparos desde la derecha y algunos convencionales de centroizquierda.

Allí la comisión aprobó sustituir el inciso primero por el siguiente: “Ninguna persona puede ser privada de su propiedad, sino en virtud de una ley que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o interés general declarado por el legislador”. Esta indicación fue ingresada por el convencional Javier Fuchslocher (INN), y se votó en conjunto con una indicación en iguales términos de los convencionales del Colectivo del Apruebo, Felipe Harboe y Luis Barceló.

Asimismo, se aprobó que “la ley determinará los criterios para definir el justo monto del pago, su forma y oportunidad, debiendo considerar tanto el interés público como el del titular”.

Acá causó controversia que este inciso se aprobó sustituyendo uno que señalaba que “el pago tendrá lugar de forma previa al acto de toma de posesión material del bien expropiado, salvo acuerdo en contrario”. Esta indicación para sustituir aquel inciso fue presentada por Fuchslocher, y se aprobó por 19 votos a favor, 9 en contra y 5 abstenciones.

Cabe recordar que fue a fines de febrero cuando se incorporó el pago previo de la indemnización en este articulado, cuestión que algunos habían considerado un avance, pues se trataba de un punto especialmente sensible, considerando que varios expertos y actores del mundo privado habían encendido las alertas respecto a la incertidumbre que la ausencia de esa definición podría generar en procesos de expropiación.

Por otro lado, este jueves también se aprobó que “la persona expropiada podrá reclamar de la legalidad del acto expropiatorio y de su monto ante los tribunales que determine la ley”.

Asimismo, se rechazaron indicaciones que señalaba que “se considerará justo monto del pago el equivalente al valor de mercado del bien expropiado”, y que “el Estado deberá indemnizar siempre en efectivo, previamente, al contado y sin provocar un menoscabo en el patrimonio del propietario”, así como que “el Estado no puede en caso alguno expropiar los fondos de pensiones de los trabajadores”.

Las reacciones

Sobre este artículo de expropiación, el convencional Bernardo Fontaine (Vamos por Chile), dijo que “eso está mal. Se presta a injusticia. Hay que rechazar en el pleno toda posibilidad de indemnización injusta, como la propuesta. La pregunta del millón es, ¿por qué no quieren indemnizar por el valor de lo expropiado? Es porque la izquierda quiere expropiar pagando indemnizaciones bajas?”.

Fontaine agregó que se mantiene el problema que tenía el artículo anterior que había sido rechazado por el pleno, y dice que “la ley, o sea un Congreso, por simple mayoría, (define) el monto de la expropiación. Podría ser el valor de mercado, por ejemplo para las viviendas; pero podría ser también el avalúo fiscal, que puede ser la mitad del valor de la propiedad”.

Es más, el convencional señaló que este articulado establece básicamente lo mismo que había sido rechazado por el pleno, pero retrocede en un tema: ya no se habla del pago previo de la indemnización. Ahora, eso derechamente queda sujeto a la ley”.

“Expropiación quedó mal, quedó pésimo”, sostuvo en tanto la convencional Rebolledo. En tanto, el convencional y coordinador César Valenzuela, comentó que “quedaron normas básicas, bien estructuradas. Pero dudo que expropiación alcance los dos tercios, debería volver a la comisión”.

Por su parte, el convencional Harboe indicó que “la norma aprobada es insuficiente, reduce las garantías del derecho de propiedad. Lamentablemente hay quienes confunden propiedad con riqueza y esto afecta, en mayor medida, a quienes con esfuerzo han adquirido su propiedad”.

Harboe también afirmó: “Espero que en el pleno se repongan las condiciones que se excluyeron en la comisión”.

En el ámbito de los expertos el abogado constitucionalista Arturo Fermandois, socio fundador del estudio Fermandois, aseguró que “el artículo aprobado en materia de expropiación es un retroceso inaceptable, porque delega a la ley asuntos esenciales a la justicia de una indemnización, como es la oportunidad y la forma del pago”.

Fermandois agregó que “si bien esta es una fórmula existente en el derecho comparado de países desarrollados, solo en Chile se inventó una forma, bajo la Constitución de 1925, de pagar a 30 años, con bonos del Estado, sin reajustes y sin intereses. Es por esto que, en el mismo país, Chile, dejar abierta la forma en que se expropia, para que una ley simple, por una mayoría ocasional de votos, pueda abusar al fijar el monto justo de la indemnización, es un retroceso inaceptable para la certeza del derecho de propiedad”.

El abogado constitucionalista también coincide con Fontaine al señalar que “el texto previo en la comisión traía una frase importantísima, que era la exigencia de indemnización total previa a la toma de posesión material por parte del Estado. Esto es un elemento de justicia central en la indemnización, puesto que se comprende que si el Estado toma posesión inmediatamente, pero paga a plazo, ¿qué clase de monto justo podría ser aquel? Entonces, yo me pregunto: ¿Qué es lo que temen los constituyentes al eliminar esa frase que la misma comisión aprobó hace dos semanas? ¿Temen tener que pagar al contado? ¿Quieren abrir espacios para que el legislador se apropie forzosamente de bienes sin pagarlos oportunamente, como ha sido durante los últimos 50 años?

El anuncio se realizó por medio de un video que fue publicado este sábado a través de las cuentas de Twitter de los ministerios de Obras Públicas y Medio Ambiente, donde se detalla que, por primera vez, se integra el cambio climático como un factor que amenaza y limita la disponibilidad de agua.

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El Presidente Gabriel Boric firmó este viernes el nuevo Código de Aguas, normativa que regula el uso de los recursos hídricos del país, y cuya reforma priorizará el acceso para el consumo humano y permitirá avanzar hacia una transición hídrica justa y un uso sustentable del vital elemento, afirmó el mandatario mediante un video publicado este sábado por medio de las cuentas de Twitter de los ministerios de Obras Públicas y Medio Ambiente.

El texto considera el cumplimiento de siete prioridades estratégicas de la Dirección General de Aguas (DGA), las cuales están centradas en mejorar la información de recursos hídricos, la colaboración con organizaciones de usuarios de agua, la gestión estratégica de cuencas, la tramitación de expedientes, innovación tecnológica, la transparencia del funcionamiento y la actualización de la legislación de agua.

El proyecto fue despachado el pasado 12 de enero por el Congreso, luego de que el Senado aprobara el informe de la Comisión Mixta, la cual ya había sido aceptada previamente por la Cámara de Diputados.

En el registro audiovisual, el ministro de dicha cartera, Juan Carlos García, explicó que esta reforma busca la “transición hídrica justa, que solucione los problemas de inequidad que padecen miles de personas en el acceso a este vital elemento”

Detalló además que con la nueva legislación se priorizará el derecho al acceso al agua para el consumo humano especialmente “en situaciones de escasez hídrica que afecta a más de la mitad de las personas que viven en nuestro país”.

“Esta sequía nos obliga a trabajar con urgencia tanto en las ciudades como en el Chile profundo especialmente con las comunidades de agua potable rural. Nuestra realidad social y ambiental requiere avanzar en nuevas medidas para enfrentar con decisión el cambio climático a través de una mirada integral del cuidado del agua desde lo social y lo ambiental con una participación activa de las comunidades”, complementó.

Por su parte, la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, detalló que la firma de este nuevo Código de Aguas se concreta luego de once años de tramitación, disponiendo desde hoy de “un instrumento que nos habilita y entrega oportunidades para hacer un uso más sustentable del agua”.

En aquel contexto, la secretaria de Estado aseveró que, por primera vez, se integra el cambio climático como un factor que amenaza y limita la disponibilidad de agua. “Y muy importante, se protege la función ecosistémica del agua”, acotó.

Cabe indicar que, según reporta Greenpeace, Chile es el país con la mayor crisis hídrica de todo el hemisferio occidental y el 76 % del territorio está afectado por la falta de agua.

Este factor se debe a la escasez de lluvias, teniendo en cuenta que durante el 2021 se evidenció el cuarto año más seco desde que se tienen registros, y también se responsabiliza al régimen de propiedad de agua, que se encuentra en un 80 por ciento en manos privadas, principalmente de grandes empresas agrícolas, mineras y de energía.

Principales cambios

Respecto a los cambios que se efectuaron al Código de Aguas, la discusión en el Parlamento estuvo centrada en cuatro áreas de interés:

Consumo humano, saneamiento y usos domésticos de subsistencia, mejorándose la redacción para asegurar la coherencia en la denominación de los usos prioritarios y enfatizar su preferencia. En el caso de la extinción de los derechos sobre reservas, se mantuvo la posibilidad de impetrar recursos, pero acotando la suspensión del cumplimiento, en forma excepcional, a la reclamación.

“Aguas del minero”: se acordó que los concesionarios mineros deberán informar a la DGA para utilizar las aguas, fijando un plazo de 90 días, prorrogables por solo una vez, para que dicha repartición evalúe si la extracción afecta la sustentabilidad del acuífero o los derechos de terceros y manteniendo la restricción, acordada en el Senado, de que tales aguas solo pueden utilizarse en faenas de explotación. Asimismo, se precisó que, en caso de término, caducidad, extinción o renuncia de un derecho de aprovechamiento, las aguas quedarán libres para ser reservadas por el Estado y para la constitución de nuevos derechos sobre ellas.

Asuntos de carácter misceláneo: Se faculta a la DGA para revisar, en cualquier momento, las circunstancias que dieron origen a la declaración del área de restricción y se obliga a una evaluación transcurridos cinco años.

Características de las concesiones: Los derechos nuevos, ahora sujetos a un plazo, se entenderán renovados, salvo que la DGA haya acreditado que no están en uso o que existe una afectación a la fuente. Se dispone que, para la renovación anticipada, la DGA deberá analizar la solicitud y renovarla solo en caso de no haber verificado que el derecho no se encuentra en uso y que no existe afectación ni se ponga en riesgo la sustentabilidad.

Por último, se estableció la prohibición de construir sistemas de drenaje en las zonas de turberas, incluyendo a la provincia de Chiloé, además de las Regiones de Aysén y de Magallanes.

Fuente: La Tercera

Con negociaciones de último minuto, los convencionales de la Comisión de Derechos Fundamentales aprobaron un nuevo articulado, aunque continúan fuertes reparos desde Vamos por Chile, principalmente porque se establece que será la ley la que "determinará los criterios para definir el justo monto del pago, su forma y oportunidad”, en el caso de expropiaciones.

Literalmente hasta último minuto los convencionales estuvieron negociando este jueves antes de votar en la comisión de Derechos Fundamentales las indicaciones del articulado sobre derecho de propiedad. Y hubo polémica, con acusaciones de que había una “cocina” en el patio del ex Congreso.

Cabe recordar que el 10 de marzo pasado se votó en general el primer informe que despachó la Comisión de Derechos Fundamentales al pleno de la Convención Constitucional. Uno de los temas clave que contenía dicho informe, de 292 páginas, es el relativo justamente al derecho de propiedad, materia que había generado discrepancias entre constitucionalistas y entre convencionales, y donde persistían importantes dudas en el mundo empresarial.

Pero finalmente, en esa oportunidad los cinco artículos referidos a esta materia fueron rechazados por el pleno. Ello significó que el tema volviera a la comisión para que se le efectuaran modificaciones y así poder presentar al pleno una nueva propuesta. Dado eso, este jueves la comisión de Derechos Fundamentales tenía que dejar zanjado este y el resto de los temas del informe, ya que el plazo para hacer los cambios vence este viernes.

Y si bien las conversaciones para redactar la nueva propuesta se habían iniciado en algunos sectores de manera muy preliminar la semana pasada, lo cierto es que las negociaciones sobre este tema no terminaron sino hasta minutos antes de que fueran votadas las indicaciones.

Lo anterior quedó reflejado en que los convencionales de dicha comisión estaban votando los cambios de otros articulados, pero cuando llegó el turno del número 18, sobre derecho de propiedad, hicieron un receso de una hora. Eso ocurrió, justamente, para negociar el tema previo a la votación.

Al retomar la sesión, las constituyentes de Vamos por Chile no escondieron su molestia. La convencional Bárbara Rebolledo pidió una explicación: “Suspendimos hace exactamente una hora, porque se nos dijo que era para cargar las votaciones en el sistema. Sin embargo, el secretario tiene ese trabajo hecho hace rato. Y la verdad es que lo que estaba sucediendo acá es que había una cocina en el patio para tratar de resolver qué es lo que iba a suceder con propiedad indígena. Me parece del todo irresponsable, y de una tiranía y dictadura tremenda el que la mesa tome un tiempo que no le corresponde para salir a deliberar, y suspenda, con la ‘chiva’ de que estamos en este minuto, nosotros, se supone que cargando el sistema. Es una falta de respeto”.

Por su parte, la convencional Rocío Cantuarias agregó: “Además, hay bastante cobardía en responsabilizar a personas que no tienen nada que ver con la cocina que están haciendo allá afuera, sobre propiedad indígena me imagino, no sé qué tema será... Pero que responsabilicen al equipo de tecnologías de la información, o de secretaría (...) de un problema que tienen ustedes, me parece que deberían pedirles disculpas”.

La coordinadora Janis Meneses contestó que estaban trabajando para construir acuerdos, tal como lo busca la ciudadanía. También lamentó el atraso. Por su parte, el coordinador César Valenzuela (Colectivo Socialista) dijo que efectivamente las votaciones se estaban cargando y por eso se suspendió la sesión, pero el reinicio se retrasó más de lo debido por las conversaciones que estaban llevando afuera, por lo que pidió disculpas.

El resultado

Luego comenzaron a votar el artículo 18 sobre derecho de propiedad. Ahí se aprobó que “toda persona, natural o jurídica, tiene derecho de propiedad en todas sus especies y sobre toda clase de bienes, salvo aquellos que la Naturaleza ha hecho comunes a todas las personas y los que la Constitución o la ley declaren inapropiables”.

Agrega que “los títulos que habiliten la prestación de servicios públicos o la explotación, uso y aprovechamiento de bienes comunes no quedarán amparados por este derecho y se someterán al estatuto que defina la ley, la cual deberá cautelar el interés social y el equilibrio ecológico”.

También dice que “el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas, comprendiéndose en éstas las covaderas, las arenas metalíferas, los salares, los depósitos de carbón e hidrocarburos y las demás sustancias fósiles, con excepción de las arcillas superficiales, no obstante la propiedad de las personas naturales o jurídicas sobre los terrenos en cuyas entrañas estuvieren situadas. Los predios superficiales estarán sujetos a las obligaciones y limitaciones que la ley señale para facilitar la exploración, la explotación y el beneficio de dichas minas”.

Asimismo, señala que “corresponderá a la ley determinar el modo de adquirir la propiedad, su contenido, límites y deberes, conforme con su función social y ecológica”.

En ese sentido, un tema que mencionaba el anterior artículo 18 que había sido rechazado por el pleno, y que ahora no se aprobó, es el siguiente: “La función social y ecológica de la propiedad comprende los intereses generales del Estado, la utilidad y la salubridad pública, la conservación del medio ambiente, los derechos de la naturaleza y el mejoramiento de las condiciones de vida del común de los habitantes”.

Por otro lado, se suprimió el artículo 19, el segundo sobre este tema, donde se hablaba de la protección de la propiedad intelectual e industrial.

Expropiación

El artículo 20 era probablemente el que causaba más inquietud, pues se trata del tema de expropiación, cuestión donde existían importantes reparos desde la derecha y algunos convencionales de centroizquierda.

Allí la comisión aprobó sustituir el inciso primero por el siguiente: “Ninguna persona puede ser privada de su propiedad, sino en virtud de una ley que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o interés general declarado por el legislador”. Esta indicación fue ingresada por el convencional Javier Fuchslocher (INN), y se votó en conjunto con una indicación en iguales términos de los convencionales del Colectivo del Apruebo, Felipe Harboe y Luis Barceló.

Asimismo, se aprobó que “la ley determinará los criterios para definir el justo monto del pago, su forma y oportunidad, debiendo considerar tanto el interés público como el del titular”.

Acá causó controversia que este inciso se aprobó sustituyendo uno que señalaba que “el pago tendrá lugar de forma previa al acto de toma de posesión material del bien expropiado, salvo acuerdo en contrario”. Esta indicación para sustituir aquel inciso fue presentada por Fuchslocher, y se aprobó por 19 votos a favor, 9 en contra y 5 abstenciones.

Cabe recordar que fue a fines de febrero cuando se incorporó el pago previo de la indemnización en este articulado, cuestión que algunos habían considerado un avance, pues se trataba de un punto especialmente sensible, considerando que varios expertos y actores del mundo privado habían encendido las alertas respecto a la incertidumbre que la ausencia de esa definición podría generar en procesos de expropiación.

Por otro lado, este jueves también se aprobó que “la persona expropiada podrá reclamar de la legalidad del acto expropiatorio y de su monto ante los tribunales que determine la ley”.

Asimismo, se rechazaron indicaciones que señalaba que “se considerará justo monto del pago el equivalente al valor de mercado del bien expropiado”, y que “el Estado deberá indemnizar siempre en efectivo, previamente, al contado y sin provocar un menoscabo en el patrimonio del propietario”, así como que “el Estado no puede en caso alguno expropiar los fondos de pensiones de los trabajadores”.

Las reacciones

Sobre este artículo de expropiación, el convencional Bernardo Fontaine (Vamos por Chile), dijo que “eso está mal. Se presta a injusticia. Hay que rechazar en el pleno toda posibilidad de indemnización injusta, como la propuesta. La pregunta del millón es, ¿por qué no quieren indemnizar por el valor de lo expropiado? Es porque la izquierda quiere expropiar pagando indemnizaciones bajas?”.

Fontaine agregó que se mantiene el problema que tenía el artículo anterior que había sido rechazado por el pleno, y dice que “la ley, o sea un Congreso, por simple mayoría, (define) el monto de la expropiación. Podría ser el valor de mercado, por ejemplo para las viviendas; pero podría ser también el avalúo fiscal, que puede ser la mitad del valor de la propiedad”.

Es más, el convencional señaló que este articulado establece básicamente lo mismo que había sido rechazado por el pleno, pero retrocede en un tema: ya no se habla del pago previo de la indemnización. Ahora, eso derechamente queda sujeto a la ley”.

“Expropiación quedó mal, quedó pésimo”, sostuvo en tanto la convencional Rebolledo. En tanto, el convencional y coordinador César Valenzuela, comentó que “quedaron normas básicas, bien estructuradas. Pero dudo que expropiación alcance los dos tercios, debería volver a la comisión”.

Por su parte, el convencional Harboe indicó que “la norma aprobada es insuficiente, reduce las garantías del derecho de propiedad. Lamentablemente hay quienes confunden propiedad con riqueza y esto afecta, en mayor medida, a quienes con esfuerzo han adquirido su propiedad”.

Harboe también afirmó: “Espero que en el pleno se repongan las condiciones que se excluyeron en la comisión”.

En el ámbito de los expertos el abogado constitucionalista Arturo Fermandois, socio fundador del estudio Fermandois, aseguró que “el artículo aprobado en materia de expropiación es un retroceso inaceptable, porque delega a la ley asuntos esenciales a la justicia de una indemnización, como es la oportunidad y la forma del pago”.

Fermandois agregó que “si bien esta es una fórmula existente en el derecho comparado de países desarrollados, solo en Chile se inventó una forma, bajo la Constitución de 1925, de pagar a 30 años, con bonos del Estado, sin reajustes y sin intereses. Es por esto que, en el mismo país, Chile, dejar abierta la forma en que se expropia, para que una ley simple, por una mayoría ocasional de votos, pueda abusar al fijar el monto justo de la indemnización, es un retroceso inaceptable para la certeza del derecho de propiedad”.

El abogado constitucionalista también coincide con Fontaine al señalar que “el texto previo en la comisión traía una frase importantísima, que era la exigencia de indemnización total previa a la toma de posesión material por parte del Estado. Esto es un elemento de justicia central en la indemnización, puesto que se comprende que si el Estado toma posesión inmediatamente, pero paga a plazo, ¿qué clase de monto justo podría ser aquel? Entonces, yo me pregunto: ¿Qué es lo que temen los constituyentes al eliminar esa frase que la misma comisión aprobó hace dos semanas? ¿Temen tener que pagar al contado? ¿Quieren abrir espacios para que el legislador se apropie forzosamente de bienes sin pagarlos oportunamente, como ha sido durante los últimos 50 años?

Fuente: La Tercera

"Hoy estamos enfrentando una mega seguía, viajando por Chile he podido ver con mis propios ojos cuáles son las consecuencias de está y las deficiencias estructurales del actual modelo de gestión hídrica. El camino hacia una solución no va a ser fácil ni rápido, pero quiero que sepan que estamos haciendo todos los esfuerzos para dar una vuelta de timón y avanzar como país hacia un modelo de gobernanza del agua con enfoque ecosistémico y con eje en la participación ciudadana en línea con el Acuerdo de Escazú", expresó el Mandatario a través de su cuenta de Twitter.

Este 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua propuesto por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo efectuada en Río de Janeiro, Brasil de 1992.

En ese marco y abordando también la crisis hídrica que vive el país, el Presidente Gabriel Boric compartió un video en su cuenta de Twitter para enviar un mensaje de conmemoración. “Hoy es el día mundial del agua y no quería dejar de celebrarlo compartiendo con ustedes lo importante que es para mí y nuestro gobierno el hacernos cargo de los problemas de equidad social y ambiental que en este tema Chile arrastra por más de treinta años”.

“Hoy estamos enfrentando una mega seguía, viajando por Chile he podido ver con mis propios ojos cuáles son las consecuencias de está y las deficiencias estructurales del actual modelo de gestión hídrica. El camino hacia una solución no va a ser fácil ni rápido, pero quiero que sepan que estamos haciendo todos los esfuerzos para dar una vuelta de timón y avanzar como país hacia un modelo de gobernanza del agua con enfoque ecosistémico y con eje en la participación ciudadana en línea con el Acuerdo de Escazú. Un modelo que permita garantizar el derecho humano al agua, la soberanía alimentaria, el cuidado a la naturaleza y el desarrollo sustentable del campo chileno que tanto necesitamos”, expresó el Mandatario.

Así también, la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, sostuvo que “en materia de agua, la humanidad hoy se encuentra enfrentando un escenario mundial tremendamente adverso debido a la crisis climática, la que golpea con particular fuerza a Chile y nos deja en una compleja situación de vulnerabilidad. Tenemos muy claro que el desafío es enorme, que los cambios profundos cuestan el doble y que requieren de una mirada de largo plazo, de valentía, de caminar juntos, y perseverar”.

Fuente: La Tercera

Varios son los conflictos y diferencias al interior de las fuerzas que respaldan al nuevo gobierno sobre la forma de llevar adelante el ambicioso programa de transformaciones que comprometieron y cumplir con las expectativas.

1.- Programa: las dudas entre las dos almas al interior del gobierno

“Nosotros no estamos acá para que las cosas no ocurran, sino que para posibilitar que se hagan, y se hagan bien y de manera sostenible”, dijo el ministro de Hacienda, Mario Marcel, tras jurar como nuevo jefe de las Finanzas.

Las palabras de Marcel reflejan la tensión al interior del gobierno entre aquellos sectores que exigen el cumplimiento cabal del programa, entre los que se cuentan sectores del PC, como el alcalde de Recoleta y ex precandidato presidencial, Daniel Jadue, del Partido Comunista, y otras fuerzas de izquierda del Frente Amplio, del Partido Comunes, y aquellos al interior del gobierno que creen indispensable dar certezas a los inversionistas y al mercado, tesis que respalda el Mandatario, buena parte de RD y de Convergencia Social, dentro del Frente Amplio, y que hoy tiene a sus mayores representantes en la dupla de ministros Giorgio Jackson y Mario Marcel.

Fue tras la primera vuelta y en medio del adverso escenario económico interno e internacional, sumado a la falta de mayoría en el Congreso, lo que obligó a buscar acuerdos con la oposición para avanzar en la agenda legislativa, lo que llevó a Apruebo Dignidad a dar un giro.

La aceptación de la regla fiscal fue una de la primeras señales hacia el mercado, la que se vio ratificada después con la designación de Mario Marcel en Hacienda.

“A todos los gobiernos de izquierda se les presenta el desafío de mostrar que es posible expandir la red de protección social manteniendo un crecimiento económico que sostenga esa red y equilibrios macroeconómicos que prevengan que el incremento de demanda agregada se traduzca en más inflación”, ha señalado el economista RD Noam Titelman, uno de los fundadores del Frente Amplio.

Uno de los primeros desafíos para el Ejecutivo será sacar adelante una reforma tributaria que les permita recaudar los recursos necesarios para financiar, con ingresos permanentes, las principales medidas con miras a establecer en Chile un Estado que garantice derechos sociales.

Más de cinco puntos del PIB durante los primeros cuatro años es la meta que se fijó el gobierno con esta reforma, la que por ahora no tiene asegurados los votos para su aprobación.

Si no logran sacar adelante la reforma tributaria, el gobierno quedará en una delicada posición frente a quienes, desde la izquierda, le exigirán cumplir todos los compromisos del programa -los puristas- por sobre la estabilidad y el crecimiento económico.

2.-Base de sustentación del gobierno, el desafío de ampliar una coalición que quedó estrecha

“Este gobierno no se agota en sus adherentes”, dijo el viernes el Presidente Boric, al comprometerse a llevar adelante una administración cercana a la ciudadanía, a los movimientos sociales y que “escuche siempre las críticas constructivas de quienes piensen distinto de nosotros”.

Boric ganó la Presidencia con más de cuatro millones 600 mil votos, más del doble de lo que obtuvo en las parlamentarias Apruebo Dignidad, la coalición política gobernante y que está conformada por el Partido Comunista, las fuerzas del Frente Amplio, el Frente Regionalista Verde Social y exhumanistas.

Por lo mismo, se vieron obligados a dejar atrás en muy poco tiempo las posiciones más identitarias que habían prevalecido hasta entonces al interior del Frente Amplio y que se habían manifestado en una fuerte crítica al desempeño de los gobiernos de centroizquierda, para integrarlos al gobierno.

Ese paso fue una “decisión muy dífícil”, admiten en el PC, como también lo fue para el Partido Comunes y algunos sectores incluso de Convergencia Social, el partido del Presidente. No así para el Mandatario y buena parte de RD, que ya eran proclives a un acercamiento a fuerzas de centroizquierda de la ex Concertación.

Lo que se construyó es inédito en la historia reciente de Chile. Un gobierno sustentado en dos coaliciones que mantienen fuertes diferencias.

Aún así, el gobierno sigue en minoría en el Congreso, lo que pone un manto de duda sobre la capacidad del Ejecutivo de sacar adelante su agenda legislativa y dar cumplimiento a las altas expectativas de la ciudadanía de que se atenderán las múltiples demandas incluidas en el programa.

Por lo mismo, era clave la señal que a sólo horas de asumir el Presidente Boric, y tras casi tres meses de negociación, se daría en el Congreso, con la capacidad del ahora oficialismo de construir acuerdos de gobernabilidad en las mesas de la Cámara de Diputados y el Senado, más allá de las fronteras de las coaliciones que están en el Ejecutivo. Cómo también de la capacidad de gestión que desplegaría el gobierno en su relación con las fuerzas en el Parlamento.

Y en ese sentido las dudas persisten.

Pese a que en la Cámara el nuevo oficialismo logró un acuerdo que incluyó a 86 parlamentarios, desde el Partido de la Gente y la DC hasta la izquierda, que permitió distribuirse la presidencias de las comisiones. Sin embargo, reconocen los parlamentarios, ese acuerdo no da garantías de que el gobierno será capaz de repetir esas mayorías para los proyectos legislativos.

En el Senado, esa primera señal, fue aún más compleja. El acuerdo de mayoría que dio la presidencia al senador Álvaro Elizalde en el primer año se dio a contrapelo, incluso, de las gestiones que llevó adelante el ministro secretario general de la Presidencia, Giorgio Jackson, con el senador Manuel José Ossandón y RN, gestiones que dejaron en mal pie a ministro frente a los parlamentarios de la ex Concertación.

Por el contrario, el acuerdo administrativo del Senado estuvo principalmente supeditada al debate que se está dando en la Convención Constitucional con miras a eliminar el Senado.

Foto: Luis Sevilla

3.- Expectativas de cambio: las dudas de si intervenir o dejar hacer en la Convención Constitucional

El rechazo masivo por parte del pleno de la Convención Constituyente en las últimas jornadas respecto de las propuestas contenidas en los informes de las comisiones de Medio Ambiente y de Derechos Fundamentales, sumado a la polémica que generó la propuesta de eliminar el Senado, encendió las alertas sobre el trabajo que vienen desarrollando los convencionales y las dificultades que enfrentan para llegar a tiempo -el 4 de abril vence el plazo de nueve meses iniciales, los que pueden prorrogarse por tres meses más- para dejar listo el texto que se someterá a la aprobación de la ciudadanía.

Para el nuevo gobierno, encabezado por el Presidente Gabriel Boric, el éxito de la Convención es fundamental para llevar adelante el proceso de cambios que pretende iniciar su administración y cumplir las altas expectativas que generó en la ciudadanía la llegada del frenteamplista a La Moneda. Así lo reconoció el ministro de la Presidencia, Giorgio Jackson, hace algunos días, cuando dijo: “Buena parte de las reformas que planteamos tienen como principal obstáculo la actual Constitución. El tener una nueva Constitución es una condición sine qua non para llevar a cabo estas agendas”.

Por lo mismo, la tensión al interior del nuevo gobierno y de sus aliados políticos sobre la forma en que se relacionará el Ejecutivo con el órgano constituyente ha ido creciendo.

Pese a que no han hecho una exigencia formal, los partidos de Nuevo Pacto Social que se sumaron al gabinete no ocultan su pretensión de que el Mandatario ejerza un liderazgo y ayude a ordenar el diálogo al interior de la Convención Constituyente.

Una aspiración que no es compartida por el Mandatario, su entorno más cercano ni en las directivas de Apruebo Dignidad, la coalición gobernante, quienes han reiterado la autonomía que deben tener los convencionales para sacar adelante el mandato que recibieron de la ciudadanía.

“Vamos a apoyar decididamente el trabajo de la Convención. Necesitamos una nueva Constitución”, dijo el viernes el Jefe de Estado en el primer discurso que pronunció desde La Moneda, y en el que invitó a escucharse de buena fe y sin caricaturas para sacar adelante la tarea.

Las palabras del Presidente van en línea con la decisión del gobierno de dar las facilidades y herramientas que requieran los convencionales, incluso, respaldando con gestiones ante el Congreso para lograr ampliar el plazo de la Convención, si es que la mesa directiva de la Convención así lo solicitara, pero sin involucrarse directamente en el debate de las propuestas.

En La Moneda saben, además, que una intervención del gobierno sobre el trabajo de la Convención enfrentaría el rechazo de la mayoría de los convencionales de izquierda, un flanco que no están dispuestos a abrir.

Una cosa distinta, reconocen fuentes del Frente Amplio, es que el Frente Amplio fortalezca el diálogo y la coordinación con sus convencionales, para monitorear lo que ocurre al interior del órgano constituyente y ayudarlos a recuperar la capacidad de generación de acuerdos amplios que tuvieron meses atrás. En esa dirección apuntaba precisamente el llamado que hizo el Presidente Boric el viernes a su sector, cuando los instó a “tomarse en serio” el trabajo y a “escucharse de buena fe, sin caricaturas, para que el plebiscito de salida sea un punto de encuentro y no de división”.

Pleno de la Convención Constitucional. Foto:JUAN FARIAS / AGENCIAUNO

4.- Orden Público y la exigencia que se impuso sobre Interior para enfrentar al mismo tiempo migración, Araucanía y narcodelincuencia

“La magnitud del desafío es enorme”, reconoció el viernes el Presidente Boric en su primer discurso como Jefe de Estado.

El nuevo gobierno está conscientes de que la crisis por la migración ilegal, especialmente en el Norte Grande; la violencia en La Araucanía y el avance de la narcodelincuencia debían estar dentro de las urgencias de la nueva administración. Tres temas que la izquierda tradicionalmente no priorizaba en su agenda.

Fue tras el triunfo de Kast en primera vuelta que Boric y su entorno dieron un giro para asumir con mayor fuerza la agenda de orden público y al mismo tiempo cumplir con las expectativas de sectores de izquierda que demandan la libertad de los presos de la revuelta social.

“Necesitamos reparar las heridas que quedaron del estallido social”, dijo Boric, al justificar que su primera medida fuera el retiro de las querellas por Ley de Seguridad del Estado presentadas por el gobierno de Piñera. La decisión administrativa está lejos, sin embargo, de la intención inicial de alcanzar un indulto para los procesados tras el estallido social.

No fue el único giro en la agenda de seguridad y orden público que recaerá en la cartera de Interior. Si hasta hace unos meses la mirada de Apruebo Dignidad en el tema de migraciones se centraba en los derechos y beneficios sociales para los migrantes, el viernes el Presidente Boric se comprometió a “retomar el control de nuestras fronteras”.

En el ahora oficialismo no se puso en duda la reciente prórroga del estado de excepción en la Macrozona Norte y se ha puesto énfasis en el trabajo de la Cancillería para abordar de manera colectiva con los países vecinos las dificultades que está provocando el éxodo masivo de migrantes dentro de la reg

Si bien el objetivo de la reforma es subir en 5 puntos del PIB la carga tributaria en los cuatro años de la administración Boric, el ministro de Hacienda puntualizó que se incluirá lo que ya se aumentaron los impuestos en la discusión del financiamiento de la Pensión Garantizada Universal (PGU), que es del orden de 0,66% del PIB.

Es su primera semana al mando del Ministerio de Hacienda. Y ya ha entregado algunas pistas de cómo está siendo su aterrizaje en Teatinos 120. Mario Marcel esta vez anticipó que habrá una corrección a la baja en las proyecciones de crecimiento y demanda para 2022, y entregó nuevas señales de lo que será la reforma tributaria.

En primer lugar, en un live con Diario Financiero, criticó las proyecciones de crecimiento que les dejó la administración saliente, quienes proyectaron una expansión del Producto Interno Bruto (PIB) de 3,5% y una demanda interna de 2%. “Con poco plausibles”, dijo de entrada. En esa línea, argumentó que “las cifras que dejó el gobierno anterior no son consistente con el ajuste que tiene que tener el país. No solamente tenían una cifra de crecimiento superior a las estimaciones de distintos actores, sino que una expansión de demanda del orden de 2%, que no es consistente con lo que necesita la economía para controlar la inflación”.

No obstante, evitó realizar alguna proyección puntual, puesto que estas se publicarán en el Informe de Finanzas Públicas del primer trimestre, las que se conocerán a fines de abril.

En el plano fiscal, el secretario de Estado comentó, sin entrar en detalles, que las estimaciones de holguras fiscales que ellos presentarán serán menores a los US$30 mil millones que previó el gobierno de Piñera. “Es una proyección que profundiza este problema sobre los supuestos de demanda y actividad”, precisó.

Reforma impositiva

En cuanto a la reforma tributaria, Marcel enfatizó que se trabaja para ingresar el proyecto durante el primer semestre, y lo que se buscará durante estos meses es lograr un pacto tributario que perdure en el tiempo. “En Chile en últimos gobiernos hemos tenido muchas reformas, entonces esa inestabilidad tributaria no le hace muy bien al país”.

Para lograr este “pacto tributario”, Marcel dijo que se impulsará un diálogo social, el cual se concentrará en abril. La idea, según planteó, es abrir la discusión a nivel de territorio, pero también con expertos, empresas y trabajadores. “Una cosa que nos hace falta en Chile es discutir y ponernos de acuerdo de cómo queremos que sea nuestro sistema tributario en el futuro”.

Si bien el objetivo de la reforma es aumentar en 5 puntos del PIB la carga tributaria, el secretario de Estado puntualizó que se incluirá lo que ya se aumentaron los impuestos en la discusión del financiamiento de la Pensión Garantizada Universal (PGU), que es del orden de 0,66% del PIB. Según explicó Marcel, esto se debe a que en el programa de gobierno de Gabriel Boric está avanzar en la reducción de las exenciones tributarias y en la disminución de la evasión y la elusión, lo que se hizo en esta discusión. Por ello, ahora el margen de aumento estará “más cerca a los 4 puntos del PIB para la reforma que se impulsará”, precisó.

Mencionó además que esta reforma tendrá un especial énfasis en los impuestos a las personas, a diferencia de lo que ocurrió en 2014. “Esta es una definición bien importante. Si nos comparamos con países de la Ocde, nuestra recaudación de impuestos indirectos es similar a esos países, de las empresas también, pero donde tenemos una brecha grande es en el impuesto a las personas. Es la cuarta parte del promedio que tienen los países de la Ocde”, detalló.

Combustibles

El titular de Teatinos 120 abordó también la problemática de los precios de los combustibles. “Es una variable muy sensible para la población. El precio de los combustibles no es sólo costo para el auto, sino que incide en el costo de transporte en general e indirectamente en el costo de varios productos”, comentó.

En este escenario el secretario de Estado dijo que se iban a implementar los recursos que sean necesarios para que el Mepco siga funcionando, y apuntó que “la próxima semana tendremos las cifras precisas, porque es un mecanismo de estabilización que es necesario”.

Quinto retiro de los fondos de pensiones

Sobre la nueva arremetida de los diputados para impulsar un quinto retiro de los fondos de pensiones, el titular de las finanzas públicas afirmó que lo primero que se debe analizar es si “si es bueno o no para las personas que se les quiere ayudar. Se habla de los retiros como una ayuda, pero es una ayuda con los recursos de las mismas personas, no es ayuda del Estado, de las AFP, y tiene como costo tener una menor pensión a futuro”.

Enfatizó que todas las advertencias que se dijeron en la discusión de los retiros se fueron cumpliendo. “Se materializó la mayor inflación, el aumento de las tasas largas, los créditos hipotecarios con mayores tasas y menos plazo. Se materializó la propia caída de los fondos de pensiones. Entonces lo que muchos calificaron como campaña del terror, todo se ha ido materializando, esta todo a la vista. Más que juzgar o anticipar lo que ocurra estas iniciativas, creo que todos tenemos que evaluar cuál ha sido el impacto de estas decisiones”.

Salario Mínimo

Es uno de los primeros proyectos que debe ingresar al Congreso. Esto porque la vigencia del actual monto de $350 mil vence el 1 de mayo, y por ello, se espera que la nueva iniciativa esté en debate legislativo en abril.

El compromiso del Ejecutivo es llevarlo a $500 mil al término del periodo de gobierno, pero con un salto importante en el primer año de $50 mil. La forma de hacerlo es la se está analizando. “Es un tema que se está trabajando en conjunto con la Ministra del Trabajo. Hay un planteamiento específico de dar un paso importante el primer año de gobierno.  La ministra del trabajo ha hablado de “400 mil, es algo que debemos acordar”.

Añadió que se debe buscar algunas fórmulas para entregarle un apoyo a las pymes, pero aseveró que “ese tipo de apoyo no puede ser indefinido, tiene que tener un horizonte temporal”.

Fuente: La Tercera

Varios son los conflictos y diferencias al interior de las fuerzas que respaldan al nuevo gobierno sobre la forma de llevar adelante el ambicioso programa de transformaciones que comprometieron y cumplir con las expectativas.

1.- Programa: las dudas entre las dos almas al interior del gobierno

“Nosotros no estamos acá para que las cosas no ocurran, sino que para posibilitar que se hagan, y se hagan bien y de manera sostenible”, dijo el ministro de Hacienda, Mario Marcel, tras jurar como nuevo jefe de las Finanzas.

Las palabras de Marcel reflejan la tensión al interior del gobierno entre aquellos sectores que exigen el cumplimiento cabal del programa, entre los que se cuentan sectores del PC, como el alcalde de Recoleta y ex precandidato presidencial, Daniel Jadue, del Partido Comunista, y otras fuerzas de izquierda del Frente Amplio, del Partido Comunes, y aquellos al interior del gobierno que creen indispensable dar certezas a los inversionistas y al mercado, tesis que respalda el Mandatario, buena parte de RD y de Convergencia Social, dentro del Frente Amplio, y que hoy tiene a sus mayores representantes en la dupla de ministros Giorgio Jackson y Mario Marcel.

Fue tras la primera vuelta y en medio del adverso escenario económico interno e internacional, sumado a la falta de mayoría en el Congreso, lo que obligó a buscar acuerdos con la oposición para avanzar en la agenda legislativa, lo que llevó a Apruebo Dignidad a dar un giro.

La aceptación de la regla fiscal fue una de la primeras señales hacia el mercado, la que se vio ratificada después con la designación de Mario Marcel en Hacienda.

“A todos los gobiernos de izquierda se les presenta el desafío de mostrar que es posible expandir la red de protección social manteniendo un crecimiento económico que sostenga esa red y equilibrios macroeconómicos que prevengan que el incremento de demanda agregada se traduzca en más inflación”, ha señalado el economista RD Noam Titelman, uno de los fundadores del Frente Amplio.

Uno de los primeros desafíos para el Ejecutivo será sacar adelante una reforma tributaria que les permita recaudar los recursos necesarios para financiar, con ingresos permanentes, las principales medidas con miras a establecer en Chile un Estado que garantice derechos sociales.

Más de cinco puntos del PIB durante los primeros cuatro años es la meta que se fijó el gobierno con esta reforma, la que por ahora no tiene asegurados los votos para su aprobación.

Si no logran sacar adelante la reforma tributaria, el gobierno quedará en una delicada posición frente a quienes, desde la izquierda, le exigirán cumplir todos los compromisos del programa -los puristas- por sobre la estabilidad y el crecimiento económico.

2.-Base de sustentación del gobierno, el desafío de ampliar una coalición que quedó estrecha

“Este gobierno no se agota en sus adherentes”, dijo el viernes el Presidente Boric, al comprometerse a llevar adelante una administración cercana a la ciudadanía, a los movimientos sociales y que “escuche siempre las críticas constructivas de quienes piensen distinto de nosotros”.

Boric ganó la Presidencia con más de cuatro millones 600 mil votos, más del doble de lo que obtuvo en las parlamentarias Apruebo Dignidad, la coalición política gobernante y que está conformada por el Partido Comunista, las fuerzas del Frente Amplio, el Frente Regionalista Verde Social y exhumanistas.

Por lo mismo, se vieron obligados a dejar atrás en muy poco tiempo las posiciones más identitarias que habían prevalecido hasta entonces al interior del Frente Amplio y que se habían manifestado en una fuerte crítica al desempeño de los gobiernos de centroizquierda, para integrarlos al gobierno.

Ese paso fue una “decisión muy dífícil”, admiten en el PC, como también lo fue para el Partido Comunes y algunos sectores incluso de Convergencia Social, el partido del Presidente. No así para el Mandatario y buena parte de RD, que ya eran proclives a un acercamiento a fuerzas de centroizquierda de la ex Concertación.

Lo que se construyó es inédito en la historia reciente de Chile. Un gobierno sustentado en dos coaliciones que mantienen fuertes diferencias.

Aún así, el gobierno sigue en minoría en el Congreso, lo que pone un manto de duda sobre la capacidad del Ejecutivo de sacar adelante su agenda legislativa y dar cumplimiento a las altas expectativas de la ciudadanía de que se atenderán las múltiples demandas incluidas en el programa.

Por lo mismo, era clave la señal que a sólo horas de asumir el Presidente Boric, y tras casi tres meses de negociación, se daría en el Congreso, con la capacidad del ahora oficialismo de construir acuerdos de gobernabilidad en las mesas de la Cámara de Diputados y el Senado, más allá de las fronteras de las coaliciones que están en el Ejecutivo. Cómo también de la capacidad de gestión que desplegaría el gobierno en su relación con las fuerzas en el Parlamento.

Y en ese sentido las dudas persisten.

Pese a que en la Cámara el nuevo oficialismo logró un acuerdo que incluyó a 86 parlamentarios, desde el Partido de la Gente y la DC hasta la izquierda, que permitió distribuirse la presidencias de las comisiones. Sin embargo, reconocen los parlamentarios, ese acuerdo no da garantías de que el gobierno será capaz de repetir esas mayorías para los proyectos legislativos.

En el Senado, esa primera señal, fue aún más compleja. El acuerdo de mayoría que dio la presidencia al senador Álvaro Elizalde en el primer año se dio a contrapelo, incluso, de las gestiones que llevó adelante el ministro secretario general de la Presidencia, Giorgio Jackson, con el senador Manuel José Ossandón y RN, gestiones que dejaron en mal pie a ministro frente a los parlamentarios de la ex Concertación.

Por el contrario, el acuerdo administrativo del Senado estuvo principalmente supeditada al debate que se está dando en la Convención Constitucional con miras a eliminar el Senado.

Foto: Luis Sevilla

3.- Expectativas de cambio: las dudas de si intervenir o dejar hacer en la Convención Constitucional

El rechazo masivo por parte del pleno de la Convención Constituyente en las últimas jornadas respecto de las propuestas contenidas en los informes de las comisiones de Medio Ambiente y de Derechos Fundamentales, sumado a la polémica que generó la propuesta de eliminar el Senado, encendió las alertas sobre el trabajo que vienen desarrollando los convencionales y las dificultades que enfrentan para llegar a tiempo -el 4 de abril vence el plazo de nueve meses iniciales, los que pueden prorrogarse por tres meses más- para dejar listo el texto que se someterá a la aprobación de la ciudadanía.

Para el nuevo gobierno, encabezado por el Presidente Gabriel Boric, el éxito de la Convención es fundamental para llevar adelante el proceso de cambios que pretende iniciar su administración y cumplir las altas expectativas que generó en la ciudadanía la llegada del frenteamplista a La Moneda. Así lo reconoció el ministro de la Presidencia, Giorgio Jackson, hace algunos días, cuando dijo: “Buena parte de las reformas que planteamos tienen como principal obstáculo la actual Constitución. El tener una nueva Constitución es una condición sine qua non para llevar a cabo estas agendas”.

Por lo mismo, la tensión al interior del nuevo gobierno y de sus aliados políticos sobre la forma en que se relacionará el Ejecutivo con el órgano constituyente ha ido creciendo.

Pese a que no han hecho una exigencia formal, los partidos de Nuevo Pacto Social que se sumaron al gabinete no ocultan su pretensión de que el Mandatario ejerza un liderazgo y ayude a ordenar el diálogo al interior de la Convención Constituyente.

Una aspiración que no es compartida por el Mandatario, su entorno más cercano ni en las directivas de Apruebo Dignidad, la coalición gobernante, quienes han reiterado la autonomía que deben tener los convencionales para sacar adelante el mandato que recibieron de la ciudadanía.

“Vamos a apoyar decididamente el trabajo de la Convención. Necesitamos una nueva Constitución”, dijo el viernes el Jefe de Estado en el primer discurso que pronunció desde La Moneda, y en el que invitó a escucharse de buena fe y sin caricaturas para sacar adelante la tarea.

Las palabras del Presidente van en línea con la decisión del gobierno de dar las facilidades y herramientas que requieran los convencionales, incluso, respaldando con gestiones ante el Congreso para lograr ampliar el plazo de la Convención, si es que la mesa directiva de la Convención así lo solicitara, pero sin involucrarse directamente en el debate de las propuestas.

En La Moneda saben, además, que una intervención del gobierno sobre el trabajo de la Convención enfrentaría el rechazo de la mayoría de los convencionales de izquierda, un flanco que no están dispuestos a abrir.

Una cosa distinta, reconocen fuentes del Frente Amplio, es que el Frente Amplio fortalezca el diálogo y la coordinación con sus convencionales, para monitorear lo que ocurre al interior del órgano constituyente y ayudarlos a recuperar la capacidad de generación de acuerdos amplios que tuvieron meses atrás. En esa dirección apuntaba precisamente el llamado que hizo el Presidente Boric el viernes a su sector, cuando los instó a “tomarse en serio” el trabajo y a “escucharse de buena fe, sin caricaturas, para que el plebiscito de salida sea un punto de encuentro y no de división”.

Pleno de la Convención Constitucional. Foto:JUAN FARIAS / AGENCIAUNO

4.- Orden Público y la exigencia que se impuso sobre Interior para enfrentar al mismo tiempo migración, Araucanía y narcodelincuencia

“La magnitud del desafío es enorme”, reconoció el viernes el Presidente Boric en su primer discurso como Jefe de Estado.

El nuevo gobierno está conscientes de que la crisis por la migración ilegal, especialmente en el Norte Grande; la violencia en La Araucanía y el avance de la narcodelincuencia debían estar dentro de las urgencias de la nueva administración. Tres temas que la izquierda tradicionalmente no priorizaba en su agenda.

Fue tras el triunfo de Kast en primera vuelta que Boric y su entorno dieron un giro para asumir con mayor fuerza la agenda de orden público y al mismo tiempo cumplir con las expectativas de sectores de izquierda que demandan la libertad de los presos de la revuelta social.

“Necesitamos reparar las heridas que quedaron del estallido social”, dijo Boric, al justificar que su primera medida fuera el retiro de las querellas por Ley de Seguridad del Estado presentadas por el gobierno de Piñera. La decisión administrativa está lejos, sin embargo, de la intención inicial de alcanzar un indulto para los procesados tras el estallido social.

No fue el único giro en la agenda de seguridad y orden público que recaerá en la cartera de Interior. Si hasta hace unos meses la mirada de Apruebo Dignidad en el tema de migraciones se centraba en los derechos y beneficios sociales para los migrantes, el viernes el Presidente Boric se comprometió a “retomar el control de nuestras fronteras”.

En el ahora oficialismo no se puso en duda la reciente prórroga del estado de excepción en la Macrozona Norte y se ha puesto énfasis en el trabajo de la Cancillería para abordar de manera colectiva con los países vecinos las dificultades que está provocando el éxodo masivo de migrantes dentro de la región.

Fuente: La Tercera

Manifestación con la participación de miles de mujeres y movimientos feministas culmina con un acto en sector de la Plaza Los Héroes. Mujeres enfrentaron a un grupo de encapuchados que lanzó artefactos incendiarios e intentó levantar una barricada en la intersección de Vicuña Mackenna y la Alameda.

“Hemos solicitado al Congreso una nueva discusión para la extensión del Estado de Excepción”, informó este jueves el ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado, refiriéndose a las provincias del Biobío y Arauco, en la Región del Biobío, y las provincias de Cautín y Malleco, en la Región de La Araucanía.

La medida impulsada por el Ejecutivo entrega facultades especiales a las Fuerzas Armadas con el objetivo de apoyar la labor de las policías en la llamada Macrozona Sur, y comenzó a regir en octubre pasado-vía decreto- tras una seguidilla de actos de violencia en la zona que fueron calificados por el gobierno como “grave alteración del orden público” vinculados al terrorismo y al narcotráfico.

De ser aprobada esta nueva solicitud se transformaría en la novena extensión del Estado de Excepción, visada por el Congreso, pero la décima en total, ya que para la primera -que fue anunciada el 26 de octubre- el Ejecutivo no requirió de un acuerdo en el Parlamento.

La primera de ellas -las que pasaron por el Congreso- tuvo lugar el 9 de noviembre, la segunda el 24 de noviembre, la tercera el 7 de diciembre, la cuarta el 21 de diciembre, la quinta el 4 de enero, la sexta el 18 de enero, la séptima el 26 de enero y la octava se concretó este 23 de febrero;todas ellas por un periodo de 15 días.

La prórroga del 23 de febrero vence el próximo viernes 11 de marzo, día en que ocurrirá el cambio de mando. En esa ocasión, de hecho, el Congreso estaba en medio de un receso legislativo por lo que se trató de una sesión inédita.

En inéditas sesiones en medio del receso, Congreso aprueba novena prórroga del Estado de Excepción en Macrozona Sur: regirá hasta el 11 de marzo

El ministro Delgado argumentó que “en la actualidad aún se mantienen algunas de las condiciones que justificaron el primer decreto de Estado de Excepción en octubre del año pasado, y también se ha avanzando en cantidad de detenidos, decomisos de drogas, de armas, en la baja de ciertos delitos y que todavía queda mucho por hacer en la Macrozona Sur”.

En esa línea aseguró que la decisión se hace “en concordancia con las conversaciones que hemos tenido con autoridades regionales, locales, pero fundamentalmente con el sentir ciudadano en la Macrozona Sur que necesita este Estado de Excepción para poder vivir un poco más en paz”.

Por último recalcó que “el Estado de Excepción no es contra un pueblo determinado, el Estado de Excepción es justamente a favor de la gente que quiere, necesita y merece vivir en paz”.

En todo caso, Delgado ya había adelantado la idea de extender el estado hasta lo que el mandato les permitiera. El 29 de enero, tras un ataque a un sargento de Carabineros y a su familia en Tirúa, el titular del Interior dijo: “Nosotros nos comprometimos en solicitar la prórroga del Estado de Excepción constitucional hasta el último día de nuestro gobierno”.

Y si bien la administración del Presidente Sebastián Piñera ha abogado por esta medida en la Macrozona, el próximo gobierno liderado por Gabriel Boric ha reiterado -en varias oportunidades- que no pretende renovar el decreto.

El 25 de febrero la futura ministra del Interior, Izkia Siches, dijo que “el Presidente electo ya lo ha comunicado, él ha definido no renovar el Estado de Excepción Constitucional en Wallmapu” y agregó que “nosotros tenemos obviamente una conversación con las autoridades locales y regionales para que este proceso de levantamiento sea tomando todas las medidas que corresponden”, precisando que se requiere de una preparación y una conversación con los actores de la zona, las Fuerzas Armadas y la futura ministra de Defensa, Maya Fernández.

“Esperamos mantener el Estado de Derecho, la tranquilidad y no queremos más víctimas en la zona, pero también queremos presentarle al país una estrategia diferente, que nos permita lograr avanzar, porque lamentablemente con las medidas hasta ahora no hemos tenido los mejores resultados”, añ

Con una serie de actividades en distintos puntos del país durante la jornada, la Coordinadora Feminista 8M (CF8M) conmemoró el Día Internacional de la Mujer en el marco de su llamado a “Huelga General Feminista 2022″ este martes.

Las actividades concluyen con un acto en la Alameda, en el sector de la Plaza Los Héroes, tras una marcha convocada a partir de las 17.30 horas desde Plaza Baquedano al poniente. El acto ampliado fue denominado “Vamos por la vida que nos deben”.

El Ministerio de Transportes informó de desvíos para vehículos particulares y locomoción colectiva. Además, se dispuso un retorno anticipado de recorridos de buses de la Red Metropolitana de Movilidad que transitan habitualmente por el eje Alameda-Providencia.

Las manifestantes se comenzaron a agrupar en el sector conocido como la “Zona Cero” de las protestas tras el 18 de octubre de 2019. Muchas de las participantes enfatizaban la importancia de hacer esta convocatoria “libre” de presencia masculina para convertir la marcha en una zona segura.

Cerca de las 16:00 horas, un grupo de encapuchados lanzó arterfactos incendiarios e intentó iniciar una barricada en la intersección de Vicuña Mackenna y la Alameda, pero los sujetos fueron enfrentados por algunas asistentes a la marcha.

Defensa de derechos reproductivos, fin a discriminación laboral y rechazo a la violencia en todas sus formas a las mujeres fueron las consignas que enarbolaron las manifestantes que acudieron masivamente a la marcha.

Manifestaciones previas y marchas en regiones

En Valparaíso se realizó una marcha al mediodía desde la Plaza Sotomayor al Parque Italia con las participación de unas 6 mil personas.

Vista general, durante la Marcha por el Día Internacional de la Mujer en Valparaíso. Foto: Leonardo Rubilar Chandía / Agencia Uno.Marcha por el Día Internacional de la Mujer en Valparaíso. Foto: Leonardo Rubilar Chandía / Agencia Uno.

Temprano, el Movimiento social Ukamau interrumpió el tránsito en Alameda con General Velázquez y marchó hasta La Moneda.

Ukamau interrumpió el tránsito esta mañana en Alameda y marchó hasta La Moneda. Foto: Francisco Castillo / Agencia Uno.

Activistas por el agua de la zona de Petorca y de otras organizaciones sociales se congregaron en las afueras del Ministerio de Agricultura para una intervención.

En el marco de la Huelga General Feminista activistas de la Caravana de Petorca se manifiestan en las afueras del Ministerio de Agricultura. Foto: Cristóbal Escobar / Agencia Uno.

También se desarrolló una manifestación en las afueras de la sede del Congreso Nacional en Santiago, edificio que alberga la Convención Constitucional. En el patio del edificio, en tanto, constituyentes feministas participaron de un acto conmemorativo, adhiriendo a las demandas de la Huelga General Feminista.

Constituyentes feministas en acto en la Convención Constitucional. Foto: Sebastián Beltrán Gaete / Agencia Uno.Manifestación por el 8M en las afueras de la Convención Constitucional. Foto: Sebastián Beltrán Gaete / Agencia Uno.

Además, la base del monumento ecuestre al general Manuel Baquedano -retirado hace un año de la rotonda- que ya no cuenta con el cierre perimetral de latón que se había instalado para proteger la estructura de cemento, fue pintada en una intervención con los colores verde y lila del movimiento feminista. La intervención también tuvo lugar en la explanada frente al Teatro de la Universidad de Chile.

adió.

Fuente: La Tercera

La medida impulsada por el Ejecutivo debe ser visada por el Congreso. De ser aprobada se transformaría en la décima prórroga, la cual tendría fecha de término el sábado 26 de marzo.

“Hemos solicitado al Congreso una nueva discusión para la extensión del Estado de Excepción”, informó este jueves el ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado, refiriéndose a las provincias del Biobío y Arauco, en la Región del Biobío, y las provincias de Cautín y Malleco, en la Región de La Araucanía.

La medida impulsada por el Ejecutivo entrega facultades especiales a las Fuerzas Armadas con el objetivo de apoyar la labor de las policías en la llamada Macrozona Sur, y comenzó a regir en octubre pasado-vía decreto- tras una seguidilla de actos de violencia en la zona que fueron calificados por el gobierno como “grave alteración del orden público” vinculados al terrorismo y al narcotráfico.

De ser aprobada esta nueva solicitud se transformaría en la novena extensión del Estado de Excepción, visada por el Congreso, pero la décima en total, ya que para la primera -que fue anunciada el 26 de octubre- el Ejecutivo no requirió de un acuerdo en el Parlamento.

La primera de ellas -las que pasaron por el Congreso- tuvo lugar el 9 de noviembre, la segunda el 24 de noviembre, la tercera el 7 de diciembre, la cuarta el 21 de diciembre, la quinta el 4 de enero, la sexta el 18 de enero, la séptima el 26 de enero y la octava se concretó este 23 de febrero;todas ellas por un periodo de 15 días.

La prórroga del 23 de febrero vence el próximo viernes 11 de marzo, día en que ocurrirá el cambio de mando. En esa ocasión, de hecho, el Congreso estaba en medio de un receso legislativo por lo que se trató de una sesión inédita.

En inéditas sesiones en medio del receso, Congreso aprueba novena prórroga del Estado de Excepción en Macrozona Sur: regirá hasta el 11 de marzo

El ministro Delgado argumentó que “en la actualidad aún se mantienen algunas de las condiciones que justificaron el primer decreto de Estado de Excepción en octubre del año pasado, y también se ha avanzando en cantidad de detenidos, decomisos de drogas, de armas, en la baja de ciertos delitos y que todavía queda mucho por hacer en la Macrozona Sur”.

En esa línea aseguró que la decisión se hace “en concordancia con las conversaciones que hemos tenido con autoridades regionales, locales, pero fundamentalmente con el sentir ciudadano en la Macrozona Sur que necesita este Estado de Excepción para poder vivir un poco más en paz”.

Por último recalcó que “el Estado de Excepción no es contra un pueblo determinado, el Estado de Excepción es justamente a favor de la gente que quiere, necesita y merece vivir en paz”.

En todo caso, Delgado ya había adelantado la idea de extender el estado hasta lo que el mandato les permitiera. El 29 de enero, tras un ataque a un sargento de Carabineros y a su familia en Tirúa, el titular del Interior dijo: “Nosotros nos comprometimos en solicitar la prórroga del Estado de Excepción constitucional hasta el último día de nuestro gobierno”.

Y si bien la administración del Presidente Sebastián Piñera ha abogado por esta medida en la Macrozona, el próximo gobierno liderado por Gabriel Boric ha reiterado -en varias oportunidades- que no pretende renovar el decreto.

El 25 de febrero la futura ministra del Interior, Izkia Siches, dijo que “el Presidente electo ya lo ha comunicado, él ha definido no renovar el Estado de Excepción Constitucional en Wallmapu” y agregó que “nosotros tenemos obviamente una conversación con las autoridades locales y regionales para que este proceso de levantamiento sea tomando todas las medidas que corresponden”, precisando que se requiere de una preparación y una conversación con los actores de la zona, las Fuerzas Armadas y la futura ministra de Defensa, Maya Fernández.

“Esperamos mantener el Estado de Derecho, la tranquilidad y no queremos más víctimas en la zona, pero también queremos presentarle al país una estrategia diferente, que nos permita lograr avanzar, porque lamentablemente con las medidas hasta ahora no hemos tenido los mejores resultados”, añadió.

Fuente: La Tercera

Fue visada, en general y en particular, por 135 votos. El diputado DC, Matías Walker, impulsor de la iniciativa, explicó que “habíamos aprobado una ley con este objeto el año pasado, pero lamentablemente por las normas que rigen el plebiscito, que son las normas vigentes al primero de enero del año 2020, no era aplicable al plebiscito de salida”.

Este martes, la Cámara de Diputados aprobó -y despachó al Senado- una reforma a la Constitución para aplicar, de manera excepcional, en el plebiscito constitucional de salida, las normas de la Ley 21.385, que busca asignar a los electores el local de votación más cercano a sus domicilios.

La medida, impulsada por el diputado DC Matías Walker, fue aprobada en general y particular por 135 votos a favor.

La reforma buscaba precisamente abordar las normas vigentes de la citada ley -publicada en octubre de 2021-, que no la hacían aplicable al plebiscito constitucional. Esto, considerando que la Constitución establece que “al efecto de este plebiscito, se aplicarán las disposiciones pertinentes contenidas en los siguientes cuerpos legales, en su texto vigente al 1 de enero de 2020″.

“Habíamos aprobado una ley con este objeto el año pasado, pero lamentablemente por las normas que rigen el plebiscito, que son las normas vigentes al primero de enero del año 2020, no era aplicable al plebiscito de salida”, precisó Walker, agregando que “va a permitir que, en definitiva, en este plebiscito de salida que pueda aprobar o rechazar la propuesta que haga la Convención (de una nueva Constitución), tenga su resultado con total legitimidad”.

De acuerdo al legislador, por otra parte, se espera evitar que se repitan las complicaciones de traslado de los votantes como se presenció en la segunda vuelta presidencial en diciembre de 2021.

En esa jornada electoral, la ministra de Transportes, Gloria Hutt, pidió disculpaspor la serie de denuncias que se realizaron debido a problemas en el transporte público. “Más que los buses, es la forma en que funcionó el sistema. Por supuesto que no quedé conforme en cómo funcionó el sistema. Se pudo haber resuelto más rápido con más información a las personas. La responsabilidad de comunicar es nuestra, por eso tenemos las plataformas”, dijo ese día la secretaria de Estado.

Ministra Hutt por problemas de transporte en las elecciones: “Implementar la ley que obliga a tener el local de votación cerca de la casa, y que se pueda ir a pie a votar, sería la solución más importante”

De esta forma, Walker destacó que en esta oportunidad “además de regir el voto obligatorio, va a regir esta nueva normativa que obliga al Servel a asignar el local de votación más cercano al domicilio, de manera tal de evitar las bochornosas imágenes que vimos, sobre todo en la segunda vuelta presidencial, con filas de gente esperando transporte público en las ciudades, las localidades rurales, mucha gente que tenía que caminar kilómetros para poder ejercer el derecho a sufragio”.

Fuente: La Tercera

El anuncio de Rodrigo Rojas Vade, sobre su reincorporación a las funciones en el órgano redactor, generó una ola de rechazo transversal entre los constituyentes y distintas figuras políticas. Su retorno al hemiciclo apunta a que en el reglamento no está incluida la renuncia de los convencionales, lo que debe ser modificado en el Congreso.

Hace exactamente una semana comenzó la ronda de reuniones bilaterales entre los ministros del gobierno de Sebastián Piñera y los secretarios de Estado designados para la administración del Mandatario electo, Gabriel Boric. En esa misma jornada el actual ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Juan José Ossa, se reunió con quien será su sucesor en el cargo a partir del 11 de marzo, el diputado Giorgio Jackson (RD).

En dicho encuentro se abordó, entre otras cosas, la relación entre la secretaría y la Convención Constitucional. De hecho, en el punto de prensa post cita Jackson señaló: “He tomado contacto con la presidenta de la Convención (María Elisa Quinteros), con quien hemos definido que vamos a tener reuniones de trabajo”, precisando que “las votaciones hasta tarde han impedido esta última semana” que se concreten los encuentros.

Jackson anuncia reuniones de trabajo con mesa de la Convención y ratifica permanencia de Matías Cox en la Secretaría Administrativa

En ese escenario, a las 17.00 horas de este lunes se llevó a cabo la reunión entre Jackson -en compañía de Macarena Lobos, subsecretaria de Segpres- y la mesa directiva de la Convención, donde se tocaron temas relativos al hemiciclo, el rol que tendrá el futuro gobierno en el proceso, pero también sobre el anuncio de Rodrigo Rojas Vade, convencional por el distrito 13, en el que asegura que “si no se me permite renunciar, estoy obligado a retomar mis funciones como convencional”, lo que se materializaría este martes.

El constituyente de la exLista del Pueblo, anunció el 20 de septiembre del año pasado su renuncia al órgano redactor luego de que La Tercera Domingorevelara que no padecía de cáncer, enfermedad que aseguró tener durante años -abarcando el periodo del estallido social-. De hecho, la revelación también gatilló una denuncia ante la Fiscalía, la cual fue presentada por la entonces Mesa Directiva de la Convención encabezada por Elisa Loncon (Mapuche) y Jaime Bassa (CS).

La situación provocó el rechazo transversal entre los constituyentes, así también como de distintas figuras políticas. Dentro de las declaraciones que ha dejado el hecho esta su par, Camila Vallejo, futura vocera de gobierno, quien sostuvo que “nosotros creemos que está fuera de los límites de la ética lo que ha sucedido con Rojas Vade”.

Jackson, por su parte y tras la reunión en el exCongreso Nacional, anticipó que el gobierno entrante “está toda la disposición para que el proyecto que está en tabla el día miércoles, en segunda instancia en el Senado, que permite la cesación del cargo y también de las renuncias, no solamente pueda tramitarse en el Senado ahora, sino que desde el 11 de marzo el Ejecutivo ponerle discusión inmediata para que esto pueda despacharse con la mayor celeridad posible”.

“Entendemos que eso también es algo que debiese ser apoyado de manera transversal para superar un episodio que, por cierto, ha traído bastante problemas, y así lo han manifestado desde la mesa con mucha contundencia y estamos por favorecer que esa habilitación legal y constitucional pueda hacerse efectiva. Y tramitarse con la mayor celeridad posible”, añadió.

Sobre el trabajo de la Convención, propiamente tal, aseguró que la participación en la reunión principalmente era para manifestar “nuestra plena disposición a facilitar todo lo que sea necesario para que esta Convención llegue a buen puerto, pero quienes tienen el mandato para llevar adelante las normas que terminen construyendo el texto de la nueva Constitución, son los convencionales”.

En paralelo, apuntó que “algunas cosas que salieron hoy tienen que ver con materias administrativas, con apoyos técnicos (...), y todos los recursos financieros y humanos que puedan estar a disposición (...) creo que ahí el Ejecutivo puede tender un puente de diálogo para facilitar mejores condiciones acá en la Convención”.

Por su parte, al presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros, se refirió a las expectativas de la mesa con la nueva administración que asumirá el 11 de marzo.

“Esperamos que con el nuevo gobierno las vías de comunicación sean muy fluidas, que podamos trabajar tranquilos, tranquilas, porque estamos bajo mucha presión. Entonces no tener que preocuparnos de los temas administrativos, financieros o técnicos, porque estén cubiertos totalmente sin que estemos insistiendo. Eso es lo que esperamos”, sostuvo.

Además, detalló que se evaluaron potenciales líneas de trabajo, “porque recordemos que tenemos poco tiempo y las reuniones necesitamos hacerlas muy ejecutivas para poder dedicarnos al mandato que tenemos que es dotar de una nueva Constitución a los pueblos de Chile”.

Relación con el hemiciclo

El encuentro, que se ha calificado como “protocolar”, se enmarca dentro del debate interno que existe dentro de la administración entrante sobre la relación con el órgano redactor.

Hasta el momento el Presidente electo, Gabriel Boric, y Jackson han abogado por la autonomía del hemiciclo. Sin embargo, desde la centroderecha y desde Nuevo Pacto Social (exConcertación) algunos dirigentes han planteado que deben conducir el proceso, esto en medio de los fuertes cuestionamientos a normas que ya han sido aprobadas o están en discusión, sobre todo con la propuesta que pone fin al Senado y lo convierte en un Consejo Territorial.