Fuente: La Tercera

Tras semanas de intensas e infructuosas tratativas con sectores del Frente Amplio y el Partido Comunista, el Presidente se vio obligado a recurrir a una herramienta que nunca quiso aplicar. Antes de firmar el decreto que ingresó esta mañana a la Contraloría, el Mandatario consultó a sus asesores más cercanos, al comité político y a senadores de la Macrozona Sur como Jaime Quintana y Francisco Huenchumilla. Los costos políticos que conlleve la determinación aún están por verse, según afirman en Palacio, sin embargo, en el oficialismo ya resienten las deslealtades que -acusan- dejaron las negociaciones.

“No nos quedaba otra alternativa, la situación de violencia es demasiado grave”. Así describía anoche un integrante del comité político de La Moneda la compleja situación que llevó al Presidente Gabriel Boric a tomar una decisión que nunca quiso tomar: decretar Estado de Excepción -con presencia militar en rutas y caminos- para contener la crisis de seguridad que afecta a la Macrozona Sur, el que fue ingresado vía decreto la mañana de este martes a la Contraloría.

El análisis da cuenta de la sensación de resignación y frustración que se instaló en Palacio y en el oficialismo, y que marcó la determinación del Mandatario. Una definición que implica un giro en el discurso que el propio frenteamplista había hecho antes y después de asumir en el cargo, convirtiéndose así en la derrota política e ideológica más profunda en lo que va de su administración.

Gobierno desecha crear estado de "protección y resguardo" y decide aplicar estado de excepción en la Macrozona Sur

“Nosotros no podemos seguir con las mismas recetas que han profundizado la violencia que hoy día se vive en la Macrozona Sur”, había repetido como mantra el Presidente Boric cada vez que era consultado sobre la opción de aplicar la medida constitucional en la Macrozona Sur, donde en las últimas semanas ha recrudecido la violencia.

Ante la fragilidad del respaldo de su coalición original -Apruebo Dignidad- el jefe de Estado tuvo que dar pie atrás en su estrategia original, la que contemplaba crear una fórmula intermedia a través de una reforma constitucional acotada solo al “resguardo y la protección” de los caminos. Los más duros estuvieron en Revolución Democrática y el Partido Comunista. Las gestiones de todo el comité político -liderado por la ministra del Interior Izkia Siches- no surtieron efecto entre los parlamentarios de esas bancadas, ante quienes se recalcó -en todo momento- que esa figura les permitiría dejar bajo control civil a los militares y, además, acotar su rol sólo al resguardo de las vías de abastecimiento.

El análisis puertas adentro

“Nadie quería tomar esta decisión, pero los votos no daban”, comentan en Palacio. Esta mañana, en una entrevista con la Revista Ya, concedida en la previa de la decisión anunciada anoche por Siches, la ministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega, develó el diagnóstico que varios tenían previamente en La Moneda.

“El Estado de Excepción ¿qué significa? Coartar un montón de libertades y, por otro lado, el apoyo de los militares, pero hay que estar dispuesto a que efectivamente haya muertes... y creo que no es la solución para el Wallmapu, un lugar donde ya hay una cultura de violencia y muertes”, dijo Vega a ese medio.

Pero el Presidente Boric estaba presionado. Quienes han conversado con él en los últimos días lo han visto “complicado” ante la escalada de violencia que afecta la zona y que se ha extendido también a la Región Metropolitana. En las últimas horas, el Mandatario entendía que no le quedaba otra opción que cumplir el acuerdo al que arribó con los gremios y representantes de transportistas hace unas semanas atrás, tras una serie de movilizaciones para exigir mayores medidas de seguridad.

Fue por eso, que ante la falta de votos para viabilizar una medida intermedia en el Congreso y la amenaza latente de un nuevo bloqueo de rutas por parte de los camioneros, el Jefe de Estado se vio obligado a optar por el Estado de Excepción. Había que tomar una decisión y había que hacerlo con sentido de urgencia. En la coalición oficialista aseguran que La Moneda maneja cifras “alarmantes” respecto del aumento de los hechos de violencia en la zona, las que fueron detalladas en distintas reuniones.

En esa cita, Siches además planteó que había estado en permanente diálogo con ciudadanos de la zona, quienes les demandaban -sobre todo- “normalidad”. El comité político, dicen en Palacio, siempre estuvo cuadrado con la idea “intermedia” planteada por el Mandatario. Pero todos llegaron al convencimiento -agregan en La Moneda- de que no tendrían otra alternativa que aplicar el Estado de Excepción vigente. La ministra Antonia Orellana (Mujer) y Giorgio Jackson (Segpres) intentaron convencer al Frente Amplio, mientras la ministra Camila Vallejo (Segegob) hizo lo propio con su colectividad, el Partido Comunista, participando de su comité central, el que se extendió durante todo el fin de semana.

Quien nunca estuvo de acuerdo con la idea de un estado intermedio fue la ministra de Defensa, Maya Fernández. Desde un inicio, la socialista alertó a La Moneda de las complejidades que podría tener para las FF.AA aplicar una medida de ese tipo. La idea de aplicar uno de emergencia era vista con mejores ojos por la secretaria de Estado, pero de todas maneras levantó las preocupaciones que el propio Ejército le había transmitido a ella: que no tenían elementos disuasivos y que la Constitución no le daba garantías suficientes para asumir labores de control público.

Pese a eso, el domingo en la noche, dicen en Palacio, ya había meridiana claridad de que el Presidente se inclinaría por el camino del Estado de Emergencia, así quedó en evidencia en el comité político que sostuvo ayer durante parte importante de la mañana con sus ministros, quienes luego comunicarían la decisión a los partidos oficialistas. Antes de tomar una determinación, como es usual, Boric consultó a sus asesores más estrechos, entre ellos, al jefe de gabinete y experto en temas relativos al conflicto mapuche, Matías Meza-Lopehandía; y a su jefa de asesores del Segundo Piso, Lucía Dammert, experta en temas de seguridad.

Asimismo, antes de que la medida se hiciera pública, el Mandatario llamó a senadores de la zona como Jaime Quintana (PPD) para avisarle de la decisión. A su vez, se reunió ayer en Palacio, por más de una hora y media, con el senador DC y exintendente de La Araucanía, Francisco Huenchumilla, con quien también abordó los efectos de un nuevo Estado de Excepción.

El análisis en el oficialismo es que la determinación de Boric viene a desechar por completo la idea con la que él y su coalición llegaron al poder. “Otra cosa es con guitarra”, repiten en el Socialismo Democrático, quienes a diferencia de Apruebo Dignidad, se cuadraron tempranamente con La Moneda y transmitieron al Mandatario que respaldarían cualquier fórmula para contener la crisis de seguridad en la zona.

Las mismas fuentes acusan que el aplicar el Estado de Excepción es un reconocimiento por parte del gobierno de que tenían un error de diagnóstico sobre la escalada de violencia en esos territorios y que, además, no dimensionaban la magnitud de la crisis. De hecho, en Palacio se dieron cuenta tempranamente que su signo político no era una garantía para establecer diálogos y avanzar en una solución del conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche. Esa fue la cuenta que sacaron algunos tras la fallida visita de la ministra Siches a Temucuicui.

“Se notó mucho que llegaron con un maximalismo en torno al Wallmapu, pero ahora despertaron y se dieron cuenta que hay gente común y corriente”, sostiene un timonel oficialista, mientras un senador del sector advierte que la decisión del Mandatario demuestra que está entendiendo que “tiene que gobernar más allá de los complejos ideológicos de algunos de sus aliados” y que en La Moneda “abrieron los ojos y asumieron la realidad”.

Pese al pragmatismo del gobierno, de todas formas asumen que la medida les traerá costos. Saben que no será fácil enfrentar las críticas de sectores de izquierda que han respaldado al Mandatario. Anoche, de hecho, eso quedó en evidencia con los cuestionamientos que emitió mediante su Twitter el exencargado de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior Salvador Millaleo, quien renunció a su cargo precisamente por sus desacuerdos con la agenda del Ejecutivo en La Araucanía.

“Luchamos por una solución política y ahora tendremos de nuevo un estado de excepción constitucional: necesitamos otra forma de ver y hacer las cosas. Construir la plurinacionalidad requiere de mayor convicción”, escribió el excolaborador de Boric.

Otro factor que siguen sopesando en Palacio es que las medidas anunciadas ayer por la ministra Siches -que además del Estado de Emergencia contemplan restitución de tierras, la creación de un Ministerio de Pueblos Indígenas y parlamentos territoriales-, son similares al plan que desplegó en su momento el expresidente Sebastián Piñera.

“Esta estrategia es muy similar a la del exMandatario”, dice un senador oficialista. Mientras que la diputada socialista Emilia Nuyado aseguró que “un gobierno de izquierda no puede actuar de forma tan neoliberal”.

Grieta en la coalición

La decisión del gobierno no solo generó una derrota ideológica para Boric, sino que también agudizó las diferencias que existen entre las dos coaliciones oficialistas. A la poca disposición del PC para abrirse a la vía del proyecto acotado del gobierno, principalmente por el “riesgo” de que se expandiera la figura de infraestructura crítica a instalaciones en zonas urbanas, también se sumaron las críticas desde Revolución Democrática (RD) al planteamiento del Ejecutivo. Entre las voces más duras están la diputada Erika Ñanco, Jorge Brito y Maite Orsini, quienes se mostraron contrarios a la vía “intermedia”.

Según integrantes de esa bancada, el mismo Brito planteó al gobierno que, jurídicamente, no era necesario legislar para “acotar” el Estado de Excepción, sino que dejarlo de manifiesto en el decreto de la herramienta original dispuesta por la actual Constitución, fórmula que finalmente se concretó.

El legislador, cuentan, habría hecho mención a estados de excepción constitucionales -de Catástrofe, por ejemplo- decretados durante el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, donde en los artículos del decreto se delimitaba el área de acción de las FF.AA.

Dentro del Frente Amplio advierten que, por ahora y, antes de los 30 días en que la renovación de la medida requiera la venia del Congreso, el gobierno va a tener cierta “calma” dentro de la coalición en lo que se refiere a la problemática en Macrozona Sur. Pero en un mes más, la “grieta ideológica” de las dos almas oficialistas va a volver a profundizarse.

Este tira y afloja, acusan los miembros del Socialismo Democrático, daría cuenta de la poca “lealtad” con el gobierno por parte de su coalición original. Así lo habría manifestado anoche, al interior del comité político la timonel del PPD, Natalia Piergentili.

“Si el Presidente tiene que andar consultando cada medida que quiera implementar, esto no avanza. Se necesita de lealtad”, señaló en la cita, donde su sector recalcó que deben confiar en las determinaciones que haga el Mandatario y no pedir trajes a la medida. Por su parte, el senador Quintana dijo esta mañana que “el gobierno, dentro de las herramientas que tiene, (el estado de excepción) no es la que más me gusta. Yo hubiera optado por una fórmula legislativa, pero sectores del oficialismo no estaban disponibles y no lo dejan con más herramientas”.

Entre los socialistas, también hay molestia por la dilación en la discusión. Apuntan a que se llegó al mismo lugar inicial, tras semanas de debate entre los timoneles oficialistas y sus bancadas.

Fuente: La Tercera

El jueves de la semana pasada, el Ejecutivo retiró el decreto despachado por la administración anterior, en que fijaba como única alternativa para el cambio de residencia temporal, argumentos de carácter humanitario y de reunificación familiar. Con la firma del Presidente Boric se agregó una nueva excepción a discreción de la Subsecretaría del Interior.

El 16 de febrero, el Ministerio del Interior ingresó a Contraloría el decreto Nº 33 que establecía las subcategorías migratorias de residencia temporal y sus requisitos, de acuerdo a lo dispuesto en la nueva Ley de Migración y Extranjería. La instrucción buscaba que toda persona extranjera que llegara a Chile pidiera en su país de origen el permiso de residencia temporal y así evitar que quienes ingresaban como turistas extendieran su permanencia de manera irregular.

Sin embargo, como en algunos países no se podían hacer este tipo de trámites por estar en conflictos internos, se incluyó un artículo que buscaba establecer una excepción: se podía pedir el cambio en Chile; por ejemplo, pasar de turista a residente temporal, siempre y cuando se hiciera una solicitud al Servicio Nacional de Migraciones, fundando la “subcategoría de reunificación familiar y las subcategorías de residencia temporal fundadas en razones humanitarias”.

De esta manera, el gobierno saliente, con las firmas del exPresidente Sebastián Piñera y el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, dejaban amarrado un elemento clave en la política migratoria del país. Pero, la disposición no duró más de dos meses.

La semana pasada, el Presidente Gabriel Boric pidió retirar el decreto e ingresar algunas modificaciones al documento que establecía las subcategorías migratorias. Quienes conocen este tipo de trámites en Contraloría, señalaron que es normal cuando asume una nueva administración que se retiren y reingresen estos oficios para cambiar firmas y hacer correcciones más bien administrativas y de forma.

Pero en el fuero interno del gobierno no existía la intención de hacer modificaciones meramente de forma. El jueves, a través de un nuevo decreto, esta vez el número 177, el Ejecutivo ingresó a Contraloría el documento con un cambio clave. En el artículo número 4 agregó que, para poder hacer el cambio de residencia, estando en Chile, además de apelar a una razón humanitaria o de reunificación familiar, el solicitante podía recurrir a la Subsecretaría del Interior sin un argumento preestablecido.

“Las solicitudes de permisos de residencia temporal deberán realizarse desde el extranjero, salvo en el caso de las solicitudes referidas a la subcategoría de reunificación familiar y las subcategorías de residencia temporal fundadas en razones humanitarias, así como aquellas de personas cuya estadía sea concordante con los objetivos de la Política Nacional de Migración y Extranjería, y en otros casos debidamente calificados por la Subsecretaría del Interior mediante resolución, previo informe del Servicio, las que también podrán realizarse en territorio nacional. En todos los casos, las solicitudes deberán ser presentadas a través de la plataforma electrónica dispuesta por el Servicio”, dice el artículo.

En el decreto no se especifica cuáles son los “otros casos debidamente calificados por la Subsecretaría del Interior”, y solo se agrega que “se podrán efectuar dentro del territorio nacional, a través de la plataforma electrónica que el Servicio Nacional de Migraciones dispondrá para tales efectos, las solicitudes de quienes ya tengan la condición de titular de un permiso de residencia temporal y deseen cambiar de subcategoría migratoria, prorrogar la misma, o cambiar la calidad del permiso de residencia en el caso de los dependientes”.

Así, si con el decreto anterior una persona que ingresó a Chile con visa de turista podía pedir el cambio a residencia temporal sólo argumentando la reunificación familiar o razones humanitarias; ahora podrán, además, obtener el cambio con la autorización de la Subsecretaría del Interior, previo informe del Servicio de Migraciones.

La carta de Galli al contralor Bermúdez

La nueva norma fue publicada el sábado en el Diario Oficial y lleva la firma del Presidente Boric, la ministra del Interior, Izkia Siches; la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola; el ministro de Hacienda, Mario Marcel; la ministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega; la ministra de Justicia, Marcela Ríos; la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, y la ministra de Salud, María Begoña Yarza.

El viernes, en medio del retiro del antiguo decreto e ingreso del nuevo, el exsubsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, envió una carta al contralor Jorge Bermúdez. Antes de la publicación en el Diario Oficial, Galli sostuvo que “durante la tramitación legislativa del proyecto de Ley de Migraciones se discutió en profundidad si el otorgamiento de un permiso de residencia temporal podía realizarse dentro del territorio nacional a quienes no hubieran declarado que su intención era radicarse en Chile. La definición del legislador fue clara. El cambio de categoría migratoria dentro de Chile dificultaba el control y la regularidad migratoria por lo que debía ser excepcional, principalmente para quienes por razones humanitarias o de reunificación familiar no lo pudieren hacer desde el extranjero”.

Además, allí agregó que “el legislador en ningún caso contempló facultades generales para que el Consejo de Política Migratoria o el Subsecretario del Interior se arrogara autónomamente la facultad de otorgar permisos de residencia temporal dentro del territorio nacional. En atención a ello, el gobierno del Presidente Sebastián Piñera convocó a sucesivas sesiones de dicho Consejo a fin de determinar las condiciones y requisitos para las subcategorías de residencia temporal. En ninguna de dichas sesiones se trató ni se acordó la ampliación de las facultades del Subsecretario del Interior para otorgar residencias temporales dentro del territorio nacional”.

Para Galli, “la modificación no corresponde a un cambio de forma sino a una modificación sustantiva a la política migratoria, permitiendo el otorgamiento de permisos de residencia temporal en el territorio nacional por solo voluntad del Subsecretario del Interior”.

Consultada la Subsecretaría del Interior sobre por qué se ingresó este cambio señalaron que “según lo que establece el artículo 69 de la ley 21.325, ‘el permiso de residencia temporal se podrá conceder a quienes acrediten tener vínculos de familia con chilenos o con residentes definitivos, a aquellos cuya estadía sea concordante con los objetivos de la política nacional de migración y extranjería, y en otros casos debidamente calificados por la Subsecretaría del Interior mediante resolución, previo informe del servicio’. En ese sentido, y al tenor de la pregunta, el decreto 177 se ajusta a lo establecido en la ley y no otorga ninguna facultad adicional a la Subsecretaría”.

Fuente: La Tercera

Según anunció este martes el subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado, 95 comunas del país –entre ellas, la totalidad de la Región Metropolitana- retrocederán desde la denominada “fase verde” a partir de este 12 de mayo.

“Estamos justo en un punto de inflexión, en el cual los casos dejaron de disminuir y comienzan a incrementar”. Las palabras fueron del subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado, en un punto de prensa durante este martes donde la autoridad sanitario dio cuenta de la actualización de las fases de impacto sanitario a nivel comunal.

Sus dichos dan cuenta del quiebre de la tendencia a la baja del número de personas contagiadas por Covid-19: en la última semana, los casos diarios de coronavirus han aumentado en 15 de las 16 regiones, según indicó la autoridad sanitaria.

Fue en este contexto que el subsecretario Cuadrado anunció el retroceso de 95 comunas del país desde la etapa de Bajo Impacto Sanitario -o “fase verde”- a la de Medio Impacto Sanitario -o “fase amarilla”-, la cual considera un escenario de exposición a una “mayor presión sobre la red asistencial, a una mayor circulación viral y ocurrencia de enfermedad grave y fallecimientos, así como mayores índices de ocupación hospitalaria y consultas respiratorias”, según detalla el Ministerio de Salud.

Con estos cambios que comenzarán a regir desde el jueves 12 -y que incluyen a todas las comunas de la RM-, serán 111 las comunas se encontrarán en esta fase del Plan Paso a Paso, lo que se traduce en más de la mitad de la población.

En concreto, 11,2 millones de personas se verán afectadas por esta medida, equivalente al 56,37% del total de habitantes (19,8 millones, de acuerdo a informes del Minsal).

Casos activos: preocupación en la RM

El quiebre de la tendencia a la baja en los casos diarios, y que dio paso a estos retrocesos, también se ha evidenciado en el número de casos activos –aquellas personas que pueden transmitir el virus–, los cuales se han mantenido por sobre la barrera de los diez mil por cinco días consecutivos.

De hecho, en la Región Metropolitana, este indicador ha aumentado 55,23% en la última semana, pasando de 4.117 contagiantes el 3 de mayo a 6.391, este martes 10 de mayo.

En esa línea, en los últimos informes epidemiológicos también se ha evidenciado un incremento en los activos –confirmados y probables– en la capital. Si bien, el total nacional de activos bajó respecto al informe anterior (de 10.192 activos en el epidemiológico del 25 de abril a 9.483 en el informe del 2 de mayo), la RM no ha seguido esa tendencia.

Desde el último reporte de abril, éstos han subido de 4.479 a 4.729, y la tasa de incidencia de activos también ha tendido a subir, pasando de 53,9 a 56,9 contagios activos por cada 100 mil habitantes, la tercera más alta después de la Región de Magallanes y de Atacama.

Fuente: La Tercera

Este 1 de mayo el gobierno habilitó 22 complejos fronterizos de los 40 que existen a lo largo del país.

Este domingo, se realizó la reapertura de 22 complejos fronterizos anunciado por el Servicio Nacional de Migraciones para reactivar la actividad turística y otros servicios, lo que normalizará el tránsito entre Chile y sus países vecinos.

Es así que el desde el norte, el delegado presidencial de la Región de Tarapacá, Daniel Quinteros, señaló que “estamos muy contentos y entusiasmados con la apertura y la oportunidad que tenemos hoy día de poder retomar las relaciones de hermandad y fraternidad que hemos tenido históricamente con nuestros hermanos y hermanas bolivianas. Este es un día muy significativo para nosotros y por lo mismo hemos dispuesto una serie de reforzamiento por parte de los servicios a quienes les mando un gran saludo en el día internacional del trabajo y de nuestra parte estamos monitoreando a minuto a minuto para que esto se haga con total normalidad y sabemos que es muy necesario para la reactivación económica que requiere nuestra región”.

Mientras que desde la Región de Valparaíso, el delegado presidencial provincial de Los Andes, Cristian Aravena, sostuvo que “es un hito bastante importante que se vuelvan a abrir estos 22 complejos fronterizos. Afortunadamente como paso Los Libertadores actualizamos todo lo que implica esta buena atención y creo que vamos a seguir estando a la altura de las necesidades con todos los funcionarios y todos los servicios que están trabajando en el complejo”.

Por su parte, el seremi de hacienda La Araucanía, Ronald Kliebs, expresó que “estamos con los trabajadores que están en este día ejerciendo su labor en este paso para poder reencontrar a las familias binacionales, para poder reactivar la economía local de las comunas de Malleco, Cautín, y por sobre todo, reactivar la economía a nivel regional y nacional. Para nosotros es muy importante este día, porque la base del Gobierno del Presidente Gabriel Boric son las y los trabajadores y, en este sentido, les mandamos un afectuoso abrazo desde la comuna de Lonquimay”.

El alcalde de Colchane, Javier García, dijo en conversación con CNN que la reapertura “es una medida esperada por los colchaninos con mucho entusiasmo, y por supuesto contribuye a mejorar la economía local que está bastante disminuida producto de la pandemia, así también hay que considerar que la zona franca de Iquique es el motor económico principal también de la región y para nosotros como comuna”.

Además, añadió que “contribuye también a controlar el flujo migratorio ya que un gran porcentaje de migrantes o personas que vienen de Bolivia lo hacían por paso no habilitado sometiéndose a medidas de reconducción efectiva, no así los ciudadanos venezolanos que en la práctica son reconducidos a la frontera y luego pueden ingresar a Chile ya que Bolivia no permite su ingreso al país”.

¿Cuáles son las medidas para ingresar a Chile?

Los pasajeros no residentes en Chile deberán solicitar el pasaporte C19, un seguro de salud para extranjeros no residentes con cobertura Covid (a partir del 16 de mayo válido para los complejos fronterizos de la Macrozona Norte: Chacalluta y Chungará en la Región de Arica y Parinacota, Colchane en la Región de Tarapacá; y Ollagüe en la Región de Antofagasta) y se recomienda ingresar con un examen PCR, que no es obligatorio.

Además, se especificó que la homologación de vacunas será voluntaria, pero fundamental para acceder al pase de movilidad (esquema completo, 1 o 2 dosis dependiendo de la vacuna, más 2 dosis de refuerzo). Es importante mencionar que este documento permite el ingreso a restoranes, lugares de diversión, cines, entre otros.

Por otra parte, al llegar a la frontera se realizarán exámenes de diagnóstico aleatorio a los viajeros. Asimismo, a personas extranjeras no residentes se les exigirá el cumplimiento de todos los requisitos migratorios que se encuentran en la página web del Servicio de Migraciones.

En relación a lo anterior, Luis Eduardo Thayer, Director Nacional de Migraciones, enfatizó en que “estaremos monitoreando y coordinándonos con la PDI, Carabineros, Delegaciones Presidenciales Regionales y Provinciales en Función de esta situación”.

Además agregó que “la legislación migratoria en Chile sanciona el ingreso clandestino y, como servicio, y en coordinación con las policías y fuerzas armadas aplicaremos esta Ley y las sanciones cuando corresponda”, finalizó.

Fuente: La Tercera

Los convencionales de la instancia votaron a favor de que la eventual nueva Constitución sea reformada por 4/7 de los parlamentarios. Cuando se quieran cambiar los contenidos de cuatro capítulos -sistema político, forma de Estado, principios y derechos fundamentales y reforma y reemplazo de la Constitución- se necesitarán de 4/7 y además de un referéndum ratificatorio. La única forma de evitar esto último, es aprobando la reforma por un quórum de 2/3. Además se amarró que la elaboración de una nueva Carta Magna deberá hacerse a través de una asamblea constituyente.

La comisión de Sistemas de Justicia despachó al pleno los artículos que regularán la manera de reformar la eventual nueva Constitución. La mayoría de los constituyentes de la instancia aprobaron que la eventual nueva Constitución sea reformada, como regla general, por 4/7 de los parlamentarios en ejercicio. Este es el quórum que actualmente se exige para modificar las actuales leyes orgánicas constitucionales.

Además los constituyentes aprobaron una excepción. Cuando se trate de reformas a ciertos capítulos -los que tienen relación con sistema político, forma de Estado, principios y derechos fundamentales y reforma y reemplazo de la Constitución- además de los 4/7 se exigirá un referéndum ratificatorio. La única forma de saltarse esto último, es si el proyecto fue aprobado por 2/3 de los parlamentarios del Congreso.

La comisión además visó un artículo que, en su último inciso, deja como inamovibles los derechos fundamentales que tenga la eventual nueva Carta Magna. “Los proyectos de reforma no podrán suprimir derechos fundamentales reconocidos en esta Constitución”, se lee en la norma.

La reforma también podrá ser impulsada por las personas. “Un mínimo equivalente al diez por ciento de la ciudadanía correspondiente al último padrón electoral, podrá presentar una propuesta de reforma constitucional para ser votada mediante referéndum nacional conjuntamente con la próxima elección parlamentaria”, plantea el artículo visado por la comisión y despachado al plenario.

Cualquier proyecto de reforma que afecte a los pueblos indígenas “deberán ser sometidos a una consulta con los pueblos, mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones representativas, de acuerdo a lo dispuesto en esta Constitución y las leyes dictadas a su conformidad”.

¿Cómo crear una nueva Constitución?

Los constituyentes además aprobaron el mecanismo para elaborar una nueva Constitución. La comisión dejó amarrado que esto solo se podrá hacer a través de una Asamblea Constituyente: “El reemplazo total de la Constitución sólo podrá realizarse a través de una Asamblea Constituyente convocada por medio de un referéndum”.

El diseño de esa instancia quedó muy parecida a la actual Convención Constitucional. “La Asamblea Constituyente tendrá como única función la redacción de una propuesta de Nueva Constitución. Estará integrada paritariamente y con equidad territorial, con participación en igualdad de condiciones entre independientes e integrantes de partidos políticos, y con escaños reservados para pueblos originarios. Una ley regulará su integración, el sistema de elección, su duración, que no será inferior a dieciocho meses, su organización mínima, los mecanismos de participación popular y consulta indígena del proceso y demás aspectos generales que permitan su instalación y funcionamiento regular. La Asamblea Constituyente tendrá la facultad de definir el quórum de aprobación de las normas y su propio reglamento de funcionamiento”, plantea el artículo.

Compensación por prisión preventiva

La comisión aprobó otros asuntos. Por ejemplo le dio luz verde al artículo que define una “compensación por privación de libertad sin condena”. Según cifras de la Defensoría Penal Pública, en promedio hay poco más de dos mil imputados en prisión preventiva que luego no son condenados.

“Toda persona que sea absuelta, sobreseída definitivamente o que no resulte condenada, será compensada por cada día que haya permanecido privada de libertad. El monto diario de compensación será fijado por la ley y su pago se realizará mediante un procedimiento simple y expedito. La compensación no procederá cuando la privación de libertad se haya decretado por una causal fundada en una conducta efectiva del imputado”, dice la norma aprobada.

En un tema similar, también se despachó al pleno el artículo sobre indemnización por error judicial: “Toda persona que haya sido condenada por sentencia dictada con error injustificado o falta de servicio judicial tendrá derecho a ser indemnizada de todos los perjuicios que el proceso y la decisión condenatoria le hubieren causado”.

Entre otros artículos aprobados, la comisión visó la norma que plantea lo siguiente: “Ninguna persona privada de libertad podrá ser sometida a tortura ni a otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, ni a trabajos forzosos. Asimismo, no podrá ser sometida a aislamiento o incomunicación como sanción disciplinaria”.

En tanto, lo que actualmente se conoce como recurso de protección también tuvo modificaciones relevantes. Actualmente este recurso, que protege alguna vulneración a alguno de los derechos que protege la Constitución vigente, se tramite en primera instancia ante la Corte de Apelaciones y luego esa decisión es apelable ante la Tercera Sala de la Corte Suprema.

Ese modelo se terminaría. La comisión aprobó que “podrá concurrir por sí o por cualquiera a su nombre ante el tribunal de instancia que determine la ley”.

El recurso será apelable ante la Corte de Apelaciones respectiva y solo será “conocido por la Corte Suprema si respecto a la materia de derecho objeto de la acción existen interpretaciones contradictorias sostenidas en dos o más sentencias firmes emanadas de los tribunales del Sistema Nacional de Justicia”.

Fuente: La Tercera

La instancia estará integrada por 33 convencionales y funcionará de manera paralela a la comisión de armonización y preámbulo.

La tarde de este miércoles el pleno de la Convención Constitucional aprobó, con 105 votos a favor, 18 en contra y 18 abstenciones, la creación de la comisión de normas transitorias, es decir, de aquellas regulaciones que establecen el procedimiento y los plazos de implementación de las normas que contendrá la nueva Constitución, si es que ésta se aprueba en el plebiscito de salida, fijado para el próximo 4 de septiembre.

Ya hay fecha: plebiscito de salida para votar una nueva Constitución será el 4 de septiembre

Se trata de una materia que es considerada clave para los convencionales, debido que será la instancia que determine el plazo de transición de pasar de la actual institucionalidad a las nuevas. Por ejemplo, en el caso del Poder Legislativo, será la comisión encargada de establecer un plazo para la eliminación del Senado y la puesta en marcha de la Cámara de las Regiones.

Sobre el rol de las normas transitorias, el vicepresidente de la Convención, Gaspar Domínguez (No Neutrales) señaló en un punto de prensa que estas normas se tratan de la “materialización de lo que aquí se escriba”. El vicepresidente explicó que “la manera en que esto (la Constitución) se vaya instalando se llamará transición y será definido por (...) normas transitorias. Y porque sabemos que gran parte de la necesidad de certeza que tiene la ciudadanía depende de estas normas, esta semana comenzaremos formalmente a discutir las materias que tienen que ver con la transición”.

Esta comisión estará compuesta por 33 convencionales y trabajará de forma paralela a los 40 constituyentes que integren la comisión de Armonización -cuya función es visibilizar las contradicciones, errores gramaticales o problemas de coherencia del borrador de nueva Constitución-, y comenzarán a funcionar a partir del 17 de mayo.

Además de esta instancia, el pleno de la Convención también aprobó la creación de una comisión preámbulo, conformada por 15 convencionales, la que tendrá la tarea de redactar una propuesta de introducción del proyecto de nueva Constitución que se presente. La instancia tiene un plazo de dos semanas y funcionará en paralelo a la Comisión de Armonización.

Esta instancia, además, deberá considerar las iniciativas constituyentes, populares e indígenas referidas al preámbulo.

Para las dos primeras instancias, cada convencional que quiera formar parte necesitará del patrocinio de cuatro de sus pares. Mientras que para la Comisión de Preámbulo se requieren de 10 patrocinios.

Así, los distintos colectivos están viendo quiénes serán sus representantes. Algunos ya tienen a sus cartas preferidas para estas instancias, sin embargo, aún no están zanjadas.

Como sea, algunos convencionales están inquietos con que existan tres instancias paralelas que estén funcionando en Santiago. Esto, porque creen que les impedirá poder desplegarse en regiones (una vez que concluya el trabajo de las comisiones, lo que ocurrirá los primeros días de mayo) para empezar a pavimentar el camino para la campaña delplebiscito de salida.

Fuente: La Tercera

La secretaria de Estado, Jeannette Jara, aseguró que la iniciativa alternativa al quinto retiro propuesta por el Ejecutivo “busca hacerse cargo de cómo reconocemos que las familias requieren apoyo porque hay endeudamiento, pero cómo impedimos que este retiro alternativo no impacte para generar aún más inflación”.

Este lunes 18 de abril se discutirá en la sala de la Cámara de Diputados las dos iniciativas relativas a los fondos de pensiones. En primer lugar el quinto retiro presentado por los parlamentarios, y la propuesta alternativa del gobierno que viene a ser un retiro más acotado.

Respecto al quinto retiro, la ministra del Trabajo Jeannette Jara, aseguró que la propuesta parlamentaria “no es tan universal”, afirmando que ”más de cuatro millones de personas casi no tienen saldo en sus fondos previsionales”, respecto a quienes son afiliados del sistema.

Así, en conversación con Mesa Central de Canal 13, la secretaria de Estado continuó explicando que “dos millones (de afiliados), no tienen ni un peso que retirar y en los otros dos millones son alrededor de 160 mil pesos los que podrían retirar”.

Proyecto alternativo al quinto retiro

En cuanto al proyecto propuesto por el Ejecutivo, la ministra lo calificó como ”una alternativa responsable al quinto retiro”, y que “busca hacerse cargo de cómo reconocemos que las familias requieren apoyo porque hay endeudamiento, pero cómo impedimos que este retiro alternativo no impacte para generar aún más inflación”.

En la misma línea agregó que “hubiésemos querido que desde un principio no hubiesen retiros, el tema es que, por otro lado, es rol de un gobierno escuchar a las personas”, señalando que, como oficialismo “esperamos que la iniciativa del quinto retiro amplio sea rechazada”.

Además, afirmó respecto de las indicaciones del proyecto del Ejecutivo que, “cuando se presenta este proyecto de retiro responsable al quinto retiro, también se recogen algunas observaciones después, por ejemplo, una que es evidente, que las autoridades no podemos hacer uso de estos retiros, eso había que incorporarlo porque tiene sentido. Y se están viendo algunos ajustes, que pudieran recogerse alguna de las indicaciones que han presentado las y los diputados”.

Fuente: La Tercera

La mañana del jueves se sometió a votación del pleno de la Convención el tercer informe de la Comisión de Sistemas de Justicia, el cual incluía, entre otras cosas, las normas que regularán al Banco Central, entre otros órganos autónomos. La jornada estuvo marcada por las críticas al artículo que contempla los objetivos del ente emisor, en específico al aspecto que establece que a dicho organismo le corresponde actuar en “coordinación con las principales orientaciones de política económica definidas con el Gobierno”. Esto ya que varios convencionales apuntaron a que aquello mermaría su autonomía.

Luego de casi cuatro horas de debate en el pleno de la Convención Constitucional este jueves, en votación general se rechazó por completo el tercer informe de la comisión de Sistemas de Justicia, por lo que ahora deberá retornar a dicha instancia para su revisión.

Entre los artículos que se contemplaban en el informe se encontraban aquellos que regulaban diversos organismos como el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, Tribunales Electorales, entre otros.

Con 55 aprobaciones, 20 rechazos y 65 abstenciones, el informe fue rechazado en su totalidad. Sobre aquello, el coordinador de la comisión, Christian Viera, señaló que ya se advertía la posibilidad de que el informe fuera rechazado en general. “Esto no significa que haya sido rechazado definitivamente, sino que es una oportunidad para la comisión, para ofrecer un mejor texto”, sostuvo.

Sobre el por qué del rechazo, Viera argumentó que “este informe contenía infinitas materias a tratar y no alcanzamos a contar con el tiempo suficiente para que, sobre todo en el diseño de las instituciones, pudiera madurar el texto para ofrecer una mejor propuesta”.

En tanto, de las 91 normas contemplados en el informe, ocho de ellas tienen relación con el Banco Central, punto que fue materia de discrepancias entre los convencionales.

En particular, el artículo 40, acerca del objetivo del Banco Central, fue motivo de discusión en el pleno durante la sesión. Dicha norma estipula que “le corresponderá en especial al Banco Central, para contribuir al bienestar de la población, velar por la estabilidad de los precios y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos, en coordinación con las principales orientaciones de política económica definidas con el Gobierno”.

Es justamente el último punto lo que causó discusión entre los convencionales. En ese sentido, el convencional Ruggero Cozzi comentó en el debate que “se le está dando una autonomía con letra chica” al ente emisor, ya que, recordó que la Ley Orgánica Constitucional del Banco Central ya establece que este ha de tener presente la política económica del gobierno, pero no una coordinación con este.

“Se confunde la función de control de la inflación con tareas que son del Gobierno, por ejemplo, la diversificación productiva, se permite que 1/3 de los parlamentarios pueda solicitar la destitución de los consejeros. Eso va a hacer un show político enorme. Estamos debilitando la autonomía del Banco”, agregó.

Contrariamente, sobre ese punto, el convencional Mauricio Daza destacó lo estipulado en el informe con respecto al ente emisor, señalando que “hemos avanzado en acuerdos importantes en temas como el Banco Central para efectos de resguardar su autonomía, y no sólo aquello, sino que profundizarla y que no solamente se garantice su autonomía respecto del gobierno, sino que de los actores y agentes más importantes del mercado”.

Fuente: La Tercera

Las medidas sanitarias que acompañarían la apertura serán informadas por el Minsal el martes 12 de abril. Desde la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado habían adelantado, a través de un comunicado, la posibilidad de la apertura total, indicando que para cruzar al país se exigiría declaración obligatoria de viajeros y exigencia de vacunación al ingreso, además de la realización aleatoria de PCR o test de antígenos al ingreso.

El próximo 1 de mayo se abrirán todos los pasos fronterizos terrestres del país, según informaron desde el gobierno, a través de un comunicado del Ministerio del Interior, de Relaciones Exteriores y de Salud.

Esta decisión se había previsto por las autoridades en el contexto de una mejora de la situación epidemiológica. Con respecto a las medidas que se tomarían en este sentido, se detalló que van a ser informadas este martes 12 de abril por la cartera de Salud.

“Asimismo, reiteramos la plena vigencia de las normas generales que regulan el ingreso al país por los diferentes pasos fronterizos”, sostiene la misiva.

El jueves 7 de abril, el ministro del Interior argentino, Eduardo de Pedro, publicó en su cuenta de Twitter que había conversado con la jefa de cartera chilena, Izkia Siches, quien le “confirmó que a partir del 1º de mayo vuelven a abrir todos los pasos terrestres que unen Argentina y Chile”.

En la publicación subió un comunicado de la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado (Difrol), institución dependiente de la Cancillería, en donde se especifican tres medidas con las que se realizaría la apertura de pasos fronterizos.

El mismo documento fue compartido desde la cuenta de la Embajada Argentina.

En él, se detalla que para cruzar al país se exigiríadeclaración obligatoria de viajeros y exigencia de vacunación al ingreso, además de la realización aleatoria de PCR o test de antígenos al ingreso.

Sin embargo, el subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado, apuntó -al ser consultado en CNN Chile- que, para entonces, no había “ninguna información oficial por parte del Ministerio de Salud y otros organismos relacionados con las decisiones de apertura de fronteras” y que en ese momento, iba a ser “informado oportunamente a la ciudadanía”.

Fuente: La Tercera

El plebiscito de salida ya tiene fecha oficial. La votación para ratificar -o no- la propuesta de una nueva Constitución que es elaborada por la Convención Constitucional, será el 4 de septiembre de 2022.

Con la ratificación de esta nueva fecha, que fue confirmada desde el ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres) y la mesa directiva del órgano redactor, finalmente se desestima la posibilidad de que la votación se realizara el 11 de septiembre -lo que se manejaba como una alternativa-. Al interior del exCongreso esa fecha causaba preocupación, ya que coincidía con los 49 años del golpe de Estado.

La mesa directiva de la Convención, liderada por la presidenta María Elisa Quinteros deberá ahora enviar la propuesta al Presidente Gabriel Boric a más tardar el 5 de julio, tal como lo establece el cronograma de trabajo del órgano redactor y también la actual Carta Fundamental.

Según el artículo 142 de la actual Constitución, una vez que reciba la propuesta de texto constitucional aprobada por la Convención, el Presidente de la República “deberá convocar dentro de los tres días siguientes a dicha comunicación, mediante decreto supremo exento, a un plebiscito nacional constitucional para que la ciudadanía apruebe o rechace la propuesta”.

Además, se precisa que el “plebiscito deberá celebrarse sesenta días después de la publicación en el Diario Oficial del decreto supremo a que hace referencia el inciso primero, si ese día fuese domingo, o el domingo inmediatamente siguiente”.

El voto, para esta ocasión, será obligatorio, participarán mayores de 18 de años y contemplará dos opciones: Apruebo o Rechazo.

Para las personas que no residen en Chile, en tanto, el sufragio será voluntario. Sin embargo, para el caso de quienes estén fuera del país y quieran participar del referéndum, pero aún no hayan modificado sus datos electorales, el Servicio Electoral (Servel) ya inició un proceso de actualización de información.

demás, se situó en la parte baja de las proyecciones de los expertos consultados por Pulso.

Suman y siguen las señales de desaceleración de la economía chilena. A dos días del IPoM y a uno de los indicadores sectoriales, el Banco Central reportó esta mañana que el Imacec de febrero registró un crecimiento de 6,8%.

Y aunque en términos históricos sigue siendo una cifra alta, se trata de igual modo de su menor expansión desde marzo del año pasado, cuando arrancaba el periodo de recuperación postpandemia. Además, se situó en la parte baja de las proyecciones de los expertos consultados por Pulso.

De acuerdo a los datos del emisor, la serie desestacionalizada cayó 0,7% respecto del mes precedente y aumentó 6,0% en doce meses.

La entidad dirigida por Rosanna Costa dijo que el resultado del Imacec se explicó por el aumento de las actividades de servicios. El comercio también contribuyó positivamente al resultado del mes, mientras que la producción de bienes cayó, incidida principalmente por la minería

Por su parte, la caída del Imacec desestacionalizado fue explicada por todos sus componentes, destacando la disminución de los servicios.

Hay que recordar que este enfriamiento de la actividad se produce luego de un periodo de recuperación extraordinario postpandemia, en el que la economía mostró tasas de crecimiento históricas y que tuvieron como principales motores las ayudas estatales (bonos, IFE, subsidios, etc) y los retiros parciales de fondos previsionales que se calcularon en US$ 50.000 millones.

Estos niveles inéditos de liquidez generaron un boom del consumo y como consecuencia de ello un periodo de alta inflación que obligó al Central a elevar agresivamente la tasa de interés.

Rosanna Costa, presidenta del Banco Central y su antecesor, Mario Marcel, hoy ministro de Hacienda

En su último Informe de Política Monetaria (IPoM), el Banco Central ajustó sus estimaciones para el desempeño del PIB este año y el próximo. Para 2023, de hecho, no descartó que se produzca una contracción de la actividad.

“Esas cifras y esas proyecciones muestran una economía con características que en lo grueso corresponde a lo que se ha venido anticipando. Es decir, una economía que durante 2022 tiene que irse rebalanceando, luego de un año tremendamente expansivo como fue el 2021, donde la economía llegó a estar en una situación de sobrecalentamiento que presionó la inflación. Lo que ahora nos indica el Banco Central es que ve ese aumento de inflación por sobre lo proyectado”, dijo sobre el IPoM el ministro de Hacienda, Mario Marcel.