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Cámara aprueba por unanimidad ley “antisecuestro” y porte de armas en lugares concurridos: El detalle de los proyectos.

Fuente: Emol

Esta mañana se llevó a cabo la sesión especial en la Cámara de Diputados para tratar distintos proyectos de ley en materia de seguridad. 

Una semana marcada por la suspensión de la semana distrital, producto del homicidio de la sargento de Carabineros Rita Olivares, que llevó a los parlamentarios a acelerar la tramitación de las iniciativas legislativas que estaban alojadas en el Congreso.

Durante el primer bloque, los parlamentarios se manifestaron sobre el proyecto de ley que modifica el Código Penal para agravar la pena del delito de secuestro y también, la iniciativa que modifica la ley N° 17.798, sobre control de armas, para aumentar la pena del delito de porte de armas en lugares altamente concurridos. 

Ambas iniciativas fueron aprobadas por la unanimidad de la Cámara. Con esto, los dos proyectos continuarán su tramitación en el Senado. 

Detalle de los proyectos 

En el proyecto "anti secuestro", se propone aumentar la sanción del delito cuando la privación de libertad dure más de 48 horas, imponiéndose en tal caso la misma pena que al secuestro que se comete para obtener un rescate, imponer exigencias o arrancar decisiones. 

Con esta modificación, cuando la detención o encierro excediere del límite temporal señalado, la pena será de presidio mayor en su grado mínimo a medio, es decir 5 años y un día a 15 años. 

Sobre el control de armas, se hace una diferencia penológica entre los delitos de tenencia de armas prohibidas o no autorizadas y su porte en lugares altamente concurridos. Así, la pena del porte de armas de fuego y sus partes, dispositivos y piezas, subiría de presidio menor en su grado máximo, es decir, tres años y un día a cinco años de presidio, a una pena mínima de cuatro años y un día. 

Mientras la pena por el porte en un lugar altamente concurrido de un arma de fuego adulterada, que hoy tiene asociada una pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo, es decir, de tres años y un día a diez años, subiría a presidio mayor en su grado máximo, esto es, de cinco años y un día a diez años. Lo anterior, sin perjuicio de las penas que correspondan por los delitos que se cometan con esas armas.

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ONU asegura que proyecto de “Ley Nain-Retamal” no se ajusta “al derecho internacional”.

Fuente: Emol

La oficina de Derechos Humanos de la ONU solicitó a las autoridades chilenas modificar el proyecto de ley Nain-Retamal sobre protección de policías que ahora se discute en el Congreso Nacional, para armonizarlo con sus obligaciones internacionales de derechos humanos. 

El proyecto, que se debate en el Senado, plantea disposiciones sobre la legítima defensa privilegiada de las policías que "no se ajustan al derecho internacional de los derechos humanos", afirmó hoy el jefe de ONU Derechos Humanos en América del Sur, Jan Jarab.

La oficina dijo empatizar con la sociedad chilena y los cuerpos policiales por las pérdidas humanas que han sufrido en sus tareas contra el crimen, y subrayó la importancia de la labor policial basada en derechos humanos. 

No obstante, señaló que algunas propuestas del proyecto no dan una respuesta adecuada a los desafíos que enfrentan las policías. "La seguridad es un derecho humano que el Estado debe garantizar, y para ello la labor de las policías es fundamental. Pero el objetivo legítimo de fortalecer el combate al crimen no puede abrir espacios a nuevas violaciones de derechos humanos o a la impunidad", advirtió el representante.

La oficina consideró que no sería preciso señalar que la "legítima defensa privilegiada" habilitará la utilización de armas letales, pues las policías ya tienen esta facultad. 

Jarab explicó que "en lugar de dotar a las policías de herramientas más eficaces para su función, la propuesta reduce la rendición de cuentas, obstaculizando el acceso a la justicia para las víctimas de eventuales abusos y favoreciendo la impunidad". 

En particular, preocupa la oficina la introducción de un criterio subjetivo del funcionario para la legítima defensa privilegiada que aplicaría en casos que involucren a dos o más personas. "Esto es especialmente problemático en el contexto de protestas, donde el uso de armas letales es altamente riesgoso", expresó el representante. 

Para ONU Derechos Humanos, lo propuesto también afectaría desproporcionadamente a individuos o grupos con menor acceso a recursos y asistencia legal, al entregar la carga de la prueba a las víctimas y familiares de casos donde se investigue un uso indebido de la fuerza. 

Indicación del Gobierno 

La oficina aplaudió la indicación presentada por el Poder Ejecutivo para suprimir del proyecto el artículo sobre legítima defensa privilegiada, y urgió a las autoridades a privilegiar el diálogo participativo en la discusión de la agenda de seguridad para el país. "Lamentamos que un proyecto con tal impacto en los derechos humanos se tramitara de forma acelerada en la Cámara de Diputados, sin participación de especialistas independientes o de la sociedad civil.  Alentamos al Senado a dedicar la atención necesaria a esta discusión y a escuchar a distintos actores, con miras a que el resultado sea compatible con las obligaciones internacionales de Chile en derechos humanos", subrayó.

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Jornadas 4×3, reduce a exentos y gradualidad: Las claves y flexibilidades del “40 horas” que aprobó el Senado.

Fuente: Emol

Tras cinco años de debate legislativo, el proyecto impulsado por el Gobierno que busca reducir la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales quedó a pocos pasos de ser ley, luego de que el Senado lo aprobara por unanimidad la tarde del martes y lo despachara a la Cámara.

En dicha Corporación enfrentará su tercer trámite debido a las modificaciones que se le realizaron a la iniciativa durante su discusión en el Senado, a través de una serie de indicaciones encauzadas por parte del Ejecutivo, pero que no debieran significar un retraso en su revisión final.

Cabe consignar que se trata de una de las mociones emblemáticas en la agenda de la administración del Presidente Gabriel Boric. Los detalles entre las enmiendas que se incorporaron destaca un mecanismo de aplicación gradual, de manera tal que la rebaja será de 45 a 44 horas el primer año de vigencia de la ley, a 42 horas el tercer año y a 40 el quinto año.

Otro de los puntos que contiene la propuesta es la jornada laboral de 4 días, o también conocida como 4x3, donde los trabajadores tienen la posibilidad de establecer una distribución de jornada de cuatro días trabajados por tres de descanso. Un cambio sustancial tiene que ver con la incorporación de nuevas medidas de flexibilidad, como la posibilidad de que la jornada ordinaria de 40 horas se cumpla en un promedio de hasta cuatro semanas, con un máximo de 45 horas semanales. En el caso de que el trabajador sea sindicalizado, la empresa deberá contar con acuerdo del sindicato para implementar esta fórmula.

El texto también incluye dos nuevos derechos para padres y personas cuidadoras de menores de 12 años como son las bandas de horario para ingreso y salida del trabajo, y la alternativa de compensar horas extraordinarias por hasta 5 días de feriado adicional. Todo esto siempre en común acuerdo con el empleador.

Por otro lado se acotaron las profesiones o labores sujetas al artículo 22 -esto, con el fin de evitar que existan actividades que por sí mismas priven de este derecho a los trabajadores-, y se podrán autorizar sistemas excepcionales, cuyo promedio máximo de horas semanales de trabajo no supere las 42 horas. En este caso, los trabajadores tendrán derecho a días de descanso adicionales en razón de la diferencia de tiempo que se produzca sobre 40 horas en casa caso.

Los sectores beneficiados y los que no

Jeanne Lafortune, académica del Instituto de Economía UC, destaca que "hay flexibilidad para organizar las 40 horas en cuatro días de trabajo en vez de cinco. Y también sobre la compensación de las horas extras. Lo que no hay en general es la posibilidad de intercambiar horas de una semana a la otra, como se había conversado en un minuto". Junto con ello, mencionó que "la legislación parece reducir los sectores exentos, dado que deberá crear un reglamento para la regulación de las jornadas excepcionales".

Por su parte, Juan Bravo, economista y director del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, resaltó que "la experiencia internacional da cuenta de que acompañar los procesos de reducción de jornada con medidas de adaptabilidad resulta crucial, pues permite obtener ganancias de eficiencia que pueden contrarrestar parcial o totalmente el alza del costo salarial por hora generado por la implementación de esta reforma. Este proyecto incorpora varias medidas de adaptabilidad".

Ahora bien, consultado por los sectores que podrían quedar fuera de estas flexibilidades, Bravo plantea que "el texto realiza una regulación detallada de las jornadas especiales, que busca el tratamiento equitativo entre los trabajadores. Así, la reducción de horas de trabajo se realiza a través de una manera distinta a quienes, por la naturaleza de la prestación de servicios que realizan, no es posible aplicarles las reglas generales". Además, menciona que el proyecto "acota el ámbito de trabajadores que están excluidos de la limitación de jornada solo a aquellos que realizan labores de alta gerencia y, en general, a aquellos trabajadores que ejercen su trabajo sin fiscalización superior inmediata debido a la naturaleza de sus funciones. Esto implica que habrá una mayor cobertura de trabajadores que se rigen por las normas que regulan la duración la jornada laboral". "En definitiva, bajo el texto propuesto es reducido el ámbito de trabajadores que no se beneficiarán de la reducción de jornada", dijo el economista.

Desde la perspectiva de Soledad Morel, directora de Recursos Humanos de Adecco Chile, están "excluidos de la aplicación de esta ley los trabajadores que presten servicios como gerentes, administradores, apoderados con facultades de administración y todos aquellos que trabajen sin fiscalización superior inmediata en razón de la naturaleza de las labores desempeñadas". Además precisó que "la ley se aplicará al quinto año después de publicada en el Diario Oficial, es decir sin gradualidad para el caso de choferes, auxiliares interurbanos y de transporte rural de pasajeros, choferes de vehículos de carga terrestre interurbana, trabajadores agrícolas, de ferrocarriles, tripulantes de vuelo y cabina en tierra".

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Marcel respira más tranquilo tras rechazo a idea de legislar autopréstamo: “Ha primado la responsabilidad”.

Fuente: Emol

El ministro de Haciendo, Mario Marcel, quien desde su época como presidente del Banco Central ha sido absoluto contrario a utilizar los fondos de pensiones para hacer frente a condiciones económicas adversas, valoró esta tarde el rechazo a la idea de legislar el denominado "autopréstamo" previsional en la Sala de la Cámara de Diputados.

El jefe de las finanzas públicas, uno de los líderes del despliegue comunicacional del Gobierno para convencer al mundo político de que ni esta ni eventuales nuevos retiros previsionales son una buena idea en medio de la dura inflación que afecta al país, destacó en esta oportunidad que los diputados "hayan reconocido los riesgo que involucra este tipo de retiros".

También destacó la amplia mayoría con la que se rechazó en general el proyecto, aunque no se logró que todos los diputados oficialistas se alinearan con las aspiraciones del Gobierno, lo que no entrega buenas señales para el debate que se avecina referente al "sexto 10%", para lo cual los bautizados "descuelgues" podrían aumentar.

Con todo, Marcel subrayó que "ha primado la responsabilidad", y manifestó que "con esto podemos volver a centrar la discusión en materia de pensiones, en lo que es realmente importante que es el proyecto de reforma previsional". "Hemos sido bastante claros en cuanto a que los retiros de fondos de pensiones, en este caso este autopréstamo, no constituyen realmente una ayuda por el hecho de que son recursos de los propios trabajadores y no un apoyo de parte del Estado", añadió.

Asimismo, recordó que recientemente el Congreso despachó un nuevo paquete de ayudas para las familias, y recalcó que "vamos a seguir evaluando la situación y en la medida de que se requiera y justifiquen nuevos apoyos a sectores que corren el riesgo de quedarse atrás en la recuperación, lo seguiremos considerando". "El Gobierno lo hace de una manera responsable, con los recursos desde donde deben venir y de una manera sostenible en el tiempo", dijo.

Sobre lo que espera de la discusión de un nuevo retiro desde los fondos de pensiones que seguramente comenzará en abril -dado que el 18 de ese mes se cumple el plazo de un año en el que no se podía presentar un proyecto de esas características-, Marcel expuso que "no es el momento para anticipar una votación futura, sino que más bien valorar la votación que ocurrió el día de hoy".

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De qué se trata, beneficiarios y críticas a la nueva ley que rebaja hasta en un 80% las multas por no pago de TAG.

Fuente: Emol

La Sala del Senado aprobó esta tarde el proyecto de ley que permite la rebaja de hasta un 80% en las multas de tránsito asociadas al no pago de telepeajes. Asimismo, ofrece la opción de pagar el menor monto entre el 20% de las multas o 100 Unidades Tributarias Mensuales (UTM).

En concreto, el beneficio contempla todas aquellas multas por circular sin TAG y no pagar la debida tarifa o peaje asociada a una misma placa patente al momento de renovar el permiso de circulación. La medida, que quedó lista para ser promulgada, beneficiará a casi 600 mil automovilistas.

Por otro lado, el proyecto también contempla la existencia de un sitio web único para el pago de las cuentas de telepeajes. Así, los usuarios podrán acceder de una manera más sencilla a sus estados de pago y cancelar los montos de manera oportuna.

Lo anterior, teniendo en consideración que diversos usuarios reclamaban por la situación, ya que cada autopista cuenta con su propia plataforma de pago, lo que hacía tedioso el proceso. Para esto, cada concesionaria es la que deberá aportar al costo del sitio electrónico de manera proporcional a su respectiva facturación.

Las nuevas concesionarias de obras viales que dispongan del sistema electrónico de cobro también deberán sumarse al sitio único, el que deberá ser creado, implementado y mantenido por un tercero elegido a través de licitación, y deberá estar operativo seis meses después de haber sido publicado el reglamento de la ley.

Al respecto, la ministra de Obras Públicas (MOP), Jessica López, sostuvo que "se aprobó una ley que resuelve dos temas muy importantes y muy valorados por la ciudadanía. El primero, es que se crea un sitio web donde se va a poder pagar en forma única todos las deudas del TAG y lo segundo, es que se rebajan en un 80% las multas acumuladas por transitar sin TAG por las carreteras, lo que beneficiará potencialmente a cerca de 600 mil automovilistas".

En tanto, el Director General de Concesiones del MOP, Juan Manuel Sánchez, explicó que "la forma de utilizar este beneficio es acercándose a las municipalidades al momento del pago de su permiso de circulación y esto estará disponible a partir de la promulgación de esta ley que esperamos sea muy pronto dentro del mes de marzo".

Explicación de la iniciativa Sánchez sostuvo el lunes en diálogo con 24 Horas que "no pagar el TAG y circular sin el dispositivo o con el dispositivo inhabilitado es una multa de tránsito (...). Y por esa razón es que muchos vehículos, muchas personas y muchos usuarios hoy no pueden utilizar su automóvil, alrededor de 600.000, y por eso esta ley, lo que hace es permitirle a esas personas ponerse al día" con estas cuentas. "

Las personas que tienen una multa de tránsito no pueden obtener el permiso de circulación el año 2023 y para ello está enfocado, específicamente para las deuda con el sistema de televía o el sistema al TAG, este beneficio que en la práctica lo que hace es que van a poder ponerles al día", explicó.

En ese sentido, aclaró que "estos son las deudas relacionadas con las multas asociadas a la infracción de tránsito, que significa circular sin un dispositivo TAG o con un dispositivo inhabilitado, el resto de la deuda relacionada con la que tiene cada una de las autopistas o carreteras sigue estando vigente, y va a tener un rango de un año hasta el próximo permiso de circulación para ponerse al día". "Básicamente es una parte del problema que estas personas tienen y que hoy día, gracias a este beneficio, van a poder sacar el permiso de circulación de su automóvil", agregó. Sobre la exigencia de que los usuarios no deban tener deudas de TAG con las concesionarias de obras viales, dijo que "en régimen, esta ley pone esa condición, sin embargo, hay un transitorio, que es por este año, que por esa condición no va a ser exigible para optar el beneficio del 80%", dijo.

Con todo, la autoridad del MOP ejemplificó con que el infractor, al momento de pagar su permiso de circulación, recibirá la información sobre las multas vigentes y, en el caso de las sanciones asociadas a la televía, se entrega la opción de pagar solo el 20% de la multa.

El abogado-socio de Defensadeudores.cl, Ricardo Ibáñez, indicó que "dado que en el contexto económico en que nosotros estamos viviendo hoy, muchas veces el obtener un permiso de circulación se hace imposible para una persona clase media o un pequeño empresario transportista", a raíz de "registrar estas multas de tránsito por no haber pagado el TAG en tiempos".

Asimismo, dijo que "muchas veces, el problema no es la deuda con la concesionaria, sino que son las multas asociadas (...) donde vemos inclusive multas que triplican o cuadruplican el valor del vehículo". Ibáñez sostuvo que esta iniciativa no contempla ningún gasto para el Estado, sino que "al revés". "Implicaría la posibilidad de recaudar por parte de las municipalidades ingresos por estos conceptos de vehículos que van a poder sacar sus patentes producto de no registrar morosidades con el TAG", dijo.

Críticas

Por otro lado, Ariel López, ingeniero de transportes, especialista en movilidad sustentable y tecnologías de transporte, califica como "regresiva e injusta" la reducción de deuda para los infractores. "Condonarles el 80% de la multa es un beneficio a los abusadores y un perjuicio a todo el resto de personas que pagan sus deudas". En ese sentido argumentó que "el perdonazo del 80% es dinero que dejará de ingresar a las arcas fiscales para inversión social, es un regalo a quienes hacen un mal uso del sistema".

Mientras que Ricardo Hurtibia, académico del Departamento de Ingeniería de Transporte en la Universidad Católica, coincide con López en esta materia. "No hay ninguna razón para eliminar estas deudas y no otras deudas". Sobre eso mismo, profundizó: "Esto responde únicamente al lobby de grupos de presión, como No+TAG, que creen que la infraestructura debería ser poco menos que gratis y consideran que los precios no son correctos", dijo. "Si los usuarios no puede sacar su permiso de circulación, porque tiene deudas y multas impagas, considero que no deberían tener beneficios tan amplios. Conducir automóvil no es un derecho", agregó.

López en tanto estima que "en el tránsito tenemos graves problemas con conductores que se pasan las luces rojas, quienes manejan tras haber consumido alcohol, a exceso de velocidad, sin TAG u ocultando la patente. Una serie de incivilidades que atentan contra la convivencia vial que requieren fiscalización y castigo, pero esta medida del perdonazo apunta en el sentido completamente contrario. Los parlamentarios están dando una pésima señal con esta medida", completó.

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Senado aprueba proyecto de ley que rebaja hasta un 80% multas por no pago de TAG: quedó listo para ser promulgado.

Fuente: El Mostrador

La Sala del Senado aprobó esta tarde el proyecto de ley que permite la rebaja de hasta un 80% en las multas de tránsito asociadas al no pago de telepeajes. Asimismo, ofrece la opción de pagar el menor monto entre el 20% de las multas o 100 Unidades Tributarias Mensuales (UTM).

En concreto, el beneficio contempla todas aquellas multas por circular sin TAG y no pagar la debida tarifa o peaje asociada a una misma placa patente al momento de renovar el permiso de circulación. La medida, que quedó lista para ser promulgada, beneficiará a casi 600 mil automovilistas.

Por otro lado, el proyecto también contempla la existencia de un sitio web único para el pago de las cuentas de telepeajes. Así, los usuarios podrán acceder de una manera más sencilla a sus estados de pago y cancelar los montos de manera oportuna.

Lo anterior, teniendo en consideración que diversos usuarios reclamaban por la situación, ya que cada autopista cuenta con su propia plataforma de pago, lo que hacía tedioso el proceso. Para esto, cada concesionaria es la que deberá aportar al costo del sitio electrónico de manera proporcional a su respectiva facturación.

Las nuevas concesionarias de obras viales que dispongan del sistema electrónico de cobro también deberán sumarse al sitio único, el que deberá ser creado, implementado y mantenido por un tercero elegido a través de licitación, y deberá estar operativo seis meses después de haber sido publicado el reglamento de la ley.

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Comisión de Hacienda del Senado aprueba por unanimidad “40 horas”: Proyecto avanza a Sala.

Fuente: Emol

La comisión de Hacienda del Senado despachó a Sala el proyecto del Gobierno que busca reducir la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales, una de las iniciativas emblemáticas de la actual administración.

El texto fue visado por unanimidad, quedando en condiciones de ser revisado por el Pleno de la Corporación en la sesión programada para el martes 21 de marzo.

"Esperamos que el proyecto de ley la próxima semana pueda salir despachado de la Sala del Senado, tiene que volver a la Cámara a tercer trámite", comentó la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara.

Esto, según explicó, porque "el Ejecutivo le ha dado su respaldo al proyecto de ley, tuvo varias incorporaciones que lo fortalecieron y que nos permiten hoy día decir que tenemos un proyecto que abarca a todos los trabajadores del Código del Trabajo que están sujetos a jornada ordinaria, que baja de 45 a 40 horas, también a los que están sujetos jornadas especiales".

Sobre el acuerdo para la aprobación y la relación con la oposición, la ministra sostuvo que "esperamos que el acuerdo al que hemos llegado en 40 horas no sea una excepción, por el bien de nuestro país. Los cambios en materia de pensiones no resisten seguir pendientes (...) Creemos que hay un espacio en el cual podamos volver a encontrarnos y, prontamente, tener un acuerdo en pensiones".

Más temprano, la secretaria de Estado manifestó, en entrevista con Radio Concierto, que "hoy tengo una reunión con la bancada de diputados y diputadas por las 40 horas, ayer agendé una reunión con el Partido de la Gente, y espero agendar ahora con la oposición para irles adelantando todos los cambios que vienen para que el trámite en la Cámara pueda resolverse en el mes de abril para, el primero de mayo, celebrar 40 horas".

El proyecto que reduce la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales fue presentado originalmente en 2017 por la diputada Karol Cariola y la actual ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo.

En 2019 fue aprobado por la Cámara y pasó al Senado, donde no registró movimiento hasta 2022, cuando el Gobierno del Presidente Gabriel Boric lo reactivó ingresando una serie de indicaciones.

El senador Ricardo Lagos Weber (PPD), quien asumió como presidente de la comisión de Hacienda, dijo estar "muy contento de que hayamos logrado un acuerdo en la comisión de Hacienda, se votó por unanimidad el proyecto. Este es un proyecto que le hace bien a Chile, que le hace bien a los trabajadores y trabajadoras de Chile, genera mejores condiciones de vida, y tiene una gradualidad en el tiempo que va a permitir a las empresas adaptarse a esto".

Mientras que la diputada Karol Cariola (PC), una de las autoras del texto, expresó "el día que hoy de alguna u otra manera queda demostrado que el lograr un acuerdo, un espacio de diálogo nos ha permitido hacer avanzar un proyecto de ley tan importante para las trabajadoras y las trabajadoras de nuestro país como es la reducción de la jornada laboral a 40 horas. Han sido muchos años de espera, y hoy estamos más cerca de nunca de que de una vez por todas las 40 horas sean ley de la República"

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Las implicancias para los trabajadores de la ley que fortalece la protección de los menores con TEA.

Fuente: Diario Financiero 

Hace una semana se publicó en el Diario Oficial la Ley TEA, una legislación que busca asegurar el derecho a la igualdad de oportunidades y resguarda la inclusión social de los niños, niñas, adolescentes y adultos con Trastorno del Espectro Autista (TEA), eliminando cualquier forma de discriminación. 

Dicha ley, además de considerar aspectos como la elaboración de una red de servicios para poder hacer tamizaje (Prueba de detección) diagnóstico y atención específica de TEA para niños, niñas, adolescentes y personas adultas (curso de vida). definiciones, entre otros temas, también considera aspectos laborales.

De hecho, según explicaron a través de un boletín informativo desde Parraquez. Marín & Del Río, esta nueva legislación contempla una modificación al Código del Trabajo. 

En el detalle, esta Ley incorpora el artículo 66 quinquies al Código del Trabajo, en el cual se establece que los trabajadores regidos por el Código del Trabajo y por el Estatuto Administrativo que sean padres, madres o tutores legales de menores de edad debidamente diagnosticados con trastorno del espectro autista, están facultados para acudir a emergencias respecto a su integridad en los establecimientos educacionales en los cuales cursen su enseñanza parvularia, básica o media.

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José Morales no logró los votos: por primera vez en la historia Senado rechaza una nominación del Presidente para fiscal nacional

Fuente: La Tercera

La propuesta del Mandatario Gabriel Boric fue rechazada por 31 votos a favor, seis en contra y ocho abstenciones.

Por 31 votos a favorseis en contra ocho abstenciones, el Senado rechazó la propuesta que hizo el Presidente Gabriel Boric para que José Morales se convirtiera en el cuarto fiscal nacional en la historia del Ministerio Público. De esta forma, se transformó en el primer aspirante que propone un jefe de Estado en ser rechazado por la Cámara Alta.

El fiscal jefe de Santiago Norte y abogado de laUniversidad Central necesitaba 33 respaldos para convertirse en el sucesor de Jorge Abbott y enfrentaba la votación con una recomendación por parte de la comisión de Constitución de la corporación.

Sin embargo, algunos senadores manifestaron reparos con su figura, por lo que, al tener la última palabra en este proceso de elección, se desechó completamente su designación. El rechazo provino desde algunos parlamentarios de las bancadas de la Democracia Cristiana (DC), Renovación Nacional (RN), el Frente Regionalista Verde Social (FRVS) e independientes.

Las abstenciones, en tanto, se registraron por parte de senadores de RN, el Partido Socialista (PS), la Unión Demócrata Independiente (UDI), el FRVS y también desde el mundo independiente.

La ministra de Justicia, Marcela Ríos, previo a la votación, remarcó que en el proceso de selección del candidato intervienen los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y defendió la decisión del gobierno de presentar a Morales.

También, puntualizó que con la quina efectuada por la Corte Suprema en mano, y tras un “extenso” proceso de diálogo con las bancadas de parlamentarios, “el Presidente de la República tomó en consideración todas las distintas variables y condicionantes para este decisión, teniendo en cuenta una vocación institucional y, en particular, el detallado plan de trabajo para la fiscalía propuesto por el señor Morales”.

Una mujer y cuatro hombres: Corte Suprema definió quina de candidatos a fiscal nacional

El escenario en la Cámara Alta era incierto y estaba marcado por la división al interior del oficialismo, por desmarques de RN y ausencias de parlamentarios. Algunos legisladores que no estuvieron presentes en la votación por diferentes motivos no pidieron permiso constitucional, lo que impidió rebajar el quórum de ratificación de dos tercios.

La sesión, además, contó con solicitudes de parlamentarios para modificar el periodo de duración del cargo de fiscal nacional de ocho a cuatro o cinco años. O, por el contrario, mantener el periodo, pero con la realización de una evaluación en la mitad.

“Es un tema súper importante que el Senado haga valer todo el poder que tiene en este tema y de corregir si hay un error, y no estemos ocho años con algo que no es lo correcto”, argumentó el senador Alejandro Kusanovic (independiente-RN).

Es primera vez en la historia -desde la creación del Ministerio Público- que el Senado rechaza la nominación del Presidente de la República.

En noviembre de 1999, en sesión secreta, la Cámara Alta visó la propuesta del gobernante de entonces, Ricardo Lagos, para que Guillermo Piedrabuena se convirtiera en el primer jefe del Ministerio Público. El resultado de la votación fue de 39 votos a favor, uno en contra y una abstención.

En 2007, el primer gobierno de Michelle Bachelet apostó por Sabas Chahuán. Con 31 votos a favor, cinco en contra y una abstención, el Senado ratificó la propuesta en octubre de ese año.

En 2015, en tanto, coincidiendo con un amplio debate en el país respecto a la corrupción por varias indagatorias en marcha sobre financiamiento político, la segunda administración de Bachelet -con Javiera Blanco en el Ministerio de Justicia- logró que se aprobara la nominación de Jorge Abbott por 32 votos a favor, dos abstenciones y ningún voto en contra.

Al ser rechazada la nominación de Morales, la Corte Suprema deberá completar la quina de candidatos para liderar la Fiscalía Nacional, que será luego presentada nuevamente al Presidente de la República para que éste escoja un nombre y lo someta, de nuevo, a la votación del Senado.

La carrera para asumir la jefatura del Ministerio Público no fue fácil. A inicios de noviembre, Morales fue bien evaluado por la Corte Suprema e, incluso, quedó en el primer lugar de la quina que elabora el máximo tribunal, junto a Ángel Valencia, ambos con 17 votos.

Luego, en una difícil decisión -así lo reconocieron desde el gobierno- el Presidente Gabriel Boric lo eligió como carta para convertirse en el nuevo jefe del Ministerio Público durante los próximos ocho años. Una selección que no generó reacciones muy favorables por parte de parlamentarios oficialistas, quienes cuestionaron su rol como fiscal en el caso Cascadas de SQM y en el juicio por la colusión de las farmacias, que terminó en una suspensión condicional con “clases de ética” para los ejecutivos de las empresas implicadas.

Pero, frente a la nominación del Mandatario, era la Cámara Alta la que tenía la última palabra. La primera prueba que debió enfrentar el fiscal jefe de Santiago Norte en esa corporación fue una presentación ante la comisión de Constitución, que se concretó el lunes.

En su exposición en la instancia -que se extendió por casi cinco horas y era considerada como clave, porque marcaría la antesala de la votación en el hemiciclo- Morales presentó una propuesta de manejo del Ministerio Público.

Además, se refirió, consultado por parlamentarios, a su rol en el caso Cascadas, ocasión en la que aseguró que mientras estuvo a cargo hubo resultados, y que fue removido injustamente por su superior, el entonces fiscal nacional Sabas Chahuán.

Esa declaración le abrió flancos. Y es que fue el propio Chahuán -en entrevista con La Tercera- quien se refirió a dichos reproches y afirmó que Morales ha tenido una labor “deficiente” como fiscal y que, por eso, fue removido de ciertas causas.

No hubo ninguna injusticia en esa decisión, sino que fue adoptada por razones de buen servicio. La causa tenía una deficiente dirección, había múltiples reparos de abogados querellantes, por escrito y fundamentados, ante la negativa o no accionar del fiscal Morales de realizar diligencias. Es cierto que formalizó a una persona, pero con posterioridad fue absuelta, de manera tal que acá no hay nada de injusticia, sino que se fundamenta en reclamos”, dijo Chahuán.

El otrora jefe del Ministerio Público, además, reconoció que “si yo hubiera estado en la Corte Suprema o hubiese sido el Presidente de la República, no hubiera propuesto al candidato Morales”.

Tras la presentación de Morales ante la comisión de Constitución, la instancia legislativa se reunió nuevamente el martes para discutir la idoneidad y experiencia del persecutor.

En esa sesión, tres de los cuatro senadores integrantes presentes dieron el visto bueno al abogado, por lo que la comisión despachó un informe a la mesa directiva del Senado, recomendando aprobar la nominación de Morales.

El documento fue leído durante la votación de este miércoles por el presidente de la instancia, el senador Matías Walker.

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Quién es José Morales, el elegido por el Presidente Boric para fiscal nacional

Fuente: La Tercera

Finalmente se terminó el misterio. Tras dos semanas de alta expectación, el Presidente Gabriel Boric comunicó que el actual fiscal adjunto jefe de la Fiscalía Local de Santiago Norte, José Morales, es su carta para suceder a Jorge Abbott en la cabeza del Ministerio Público. Ahora, será el turno del Senado, instancia que deberá revisar las credenciales del persecutor, escuchar su plan de trabajo y definir si visa, por 2/3, su designación.

Morales entró a la quina definida por la Corte Suprema el pasado 7 de noviembre con 17 preferencias, situándose en el primer puesto junto con el abogado Ángel Valencia, quien obtuvo la misma votación. Es abogado de la Universidad Central y uno de los fiscales más antiguos, ya que está desde el inicio de la Reforma Procesal Penal en la institución, siendo fiscal adjunto jefe en las fiscalías locales de Los Vilos, Colina, Santiago Centro y de la Fiscalía de Alta Complejidad de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, entre otros puestos.

En el marco de su carrera, ha dirigido indagaciones tales como el fraude de La Polar, la causa por lavado de activos en contra del excomandante en jefe del Ejército Juan Miguel Fuente-Alba, el caso de Rafael Garay, el incendio en Metro San Pablo L1 tras el estallido social, el incendio de la Iglesia de Carabineros, y la investigación del robo con homicidio de la niña Tamara Moya, entre otras.

Hace siete años estuvo en la quina para ser fiscal nacional. Sacó la misma votación de Jorge Abbott, y aunque sonaba como uno de los favoritos, la Presidenta Michelle Bachelet se decidió por proponer al exjefe regional del Ministerio Público de Valparaíso.

Las últimas dos semanas, tras la definición de la quina por parte de la Corte Suprema, se ha mantenido en sus labores, principalmente en la preparación del juicio oral en contra del excomandante en jefe del Ejército Juan Miguel Fuente-Alba, por el delito de lavado de activos y contra quien pide 15 años de presidio.

Asimismo, ha seguido sociabilizando su propuesta para la Fiscalía, especialmente con los funcionarios.

El “díscolo”

Dado que en 2015 perdió la carrera ante Jorge Abbott, entre ambos se instaló una relación más bien tensa.

En la Fiscalía Nacional dicen que Abbott nunca disimuló su antipatía con Morales y desde el círculo cercano de este último aseguran que el exmandamás del Ministerio Público habría influido en que el hoy candidato perdiera la jefatura de Alta Complejidad y ésta se le asignara a la fiscal Ximena Chong. Durante sus siete años como autoridad nunca lo llamó, ni lo citó a su oficina y -recuerdan cercanos- tampoco le autorizó comisiones de servicio para becas y capacitaciones en el extranjero. Una enemistad manifiesta.

El díscolo Morales: los casos que han marcado la carrera del otro favorito de los supremos para la Fiscalía Nacional

Pero eso no ha sido lo único. Al interior del organismo, es visto como un claro díscolo y son varios los episodios que acumula. Entre ellos, hay un hecho que se remonta a 2015, cuando el entonces fiscal jefe tramitaba el denominado caso Cascadas y los querellantes del caso AFP Habitat, Moneda Asset Management y el abogado Mauricio Daza -que representaba a accionistas minoritarios-, presentaron reclamos a la Fiscalía Nacional porque el persecutor se negaba a formalizar al entonces controlador de SQM Julio Ponce Lerou.

Como dan cuenta antecedentes, la queja tuvo eco en el entonces jefe del Ministerio Público, Sabas Chahuán, quien ordenó sacar el caso de sus manos y reasignarlo, asestando un duro golpe a Morales. Tras pasar por varias manos y quedar a cargo de Alta Complejidad, se llevó a juicio al ejecutivo Aldo Motta, quien resultó absuelto en un segundo proceso y hasta el día de hoy ningún fiscal ha reunido antecedentes para formalizar a Ponce Lerou. Uno de los fiscales cercanos a Morales lo defiende: “José no es díscolo, es firme en sus convicciones y eso siempre le molestó a los jefes”.

Anteriormente, además, otro caso lo marcó: la colusión de las farmacias. Iniciado en 2008, cuando él aún no lideraba Alta Complejidad, estaba asignado entonces al fiscal Luis Inostroza. Tras tomarlo Morales, se llevó a tribunales una cuestionada suspensión condicional. Ésta incluía “clases de ética” para los ejecutivos de las empresas coludidas y el pago de cerca de $ 300 millones a una fundación en apoyo a enfermos de cáncer.

El acuerdo fue visado por el juzgado de garantía en el entendido que el tipo penal no podía ser acreditado en este caso pues los hechos habían ocurrido antes de que comenzara a regir la nueva ley que llevaba estos caso a una nueva institucionalidad que sancionaba actos de colusión. Tras las críticas, el diputado Jaime Mulet, quien en ese entonces era querellante en farmacias y que hoy enfrenta un caso por cohecho, apeló para deshacer la suspensión. El caso años después fue a juicio oral y terminó con una absolución pues se acreditó -justamente- que los hechos no encajaron en el tipo penal por el cual se acusó.

Ríos se baja de la quina para fiscal nacional y entrampa concurso

Entre los cuestionamientos que se le han hecho en medio del concurso por la Fiscalía Nacional, están los esbozados por los familiares de las personas que fallecieron en la bodega Kayser en Renca tras el estallido social. Le reprochan, como han manifestado en varios ocasiones, por su supuesta lentitud y falta de deferencia.

Ante esas críticas, eso sí, el propio fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz, y jefe directo de Morales, sale en su defensa. Como aseguró, no existe ninguna irregularidad en la forma en que se ha llevado adelante una investigación del todo compleja y que estuvo marcada, dice, desde sus inicios por falsos supuestos, como la hipótesis que levantaron algunos parientes respecto de que las víctimas recibieron disparos por militares y que luego ese crimen se ocultó con un incendio en el mencionado recinto.

Su plan para el Ministerio Público

Hace algunos días José Morales conversó con La Tercera sobre sus prioridades si llegaba al cargo. Así, entre los principales aspectos a modificar, indicó que “se pretenden cambios estructurales y organizacionales para las áreas de persecución preferente, que son crimen organizado, violencia de género y delitos cometidos por funcionarios públicos, es decir, corrupción y derechos humanos. Lo anterior, acompañado de una modernización tecnológica de la institución, siguiendo ejemplo de Fiscalía Metropolitana Centro Norte y además con una mayor y mejor rendición de cuentas de la persecución penal y de los recursos públicos que son asignados a la institución”.

Asimismo, en su exposición ante la Corte Suprema manifestó que hay que “cambiar el paradigma desde la investigación de casos individuales a la persecución de organizaciones y redes criminales. La investigación de estos delitos debe orientarse a los mercados delictivos y al patrimonio de las organizaciones, aprovechando la flagrancia para producir información que permita seguir investigando y no solo para agotar el caso propiamente tal”.

En lo específico, y a fin de afrontar lo que ocurre en la zona Norte del país, aseguró que se debe generar, en conjunto con otros órganos del Estado, un plan de persecución de los delitos que se cometen en la frontera, como tráfico de migrantes, drogas y de armas. “Debemos lograr mayores niveles de identificación y cumplimiento efectivo de condenas o expulsiones; en particular, de aquellos sujetos que cometen delitos en situación irregular. No puede suceder que una persona en situación migratoria irregular, luego de condenada y expulsada, vuelva a ingresar al país a seguir cometiendo delitos”, señaló.

Igualmente, sobre la Macrozona Sur, Morales detalló: “Priorizaré la persecución de los delitos de tráfico de drogas y armas, incendios, y robo de madera. Junto con ello, es necesario mejorar el trabajo en el sitio del suceso y el análisis de datos, sobre todo de los delitos de incendios, para establecer nexos entre los delitos que se cometen, llegar a sus autores y, en definitiva, desarticular a los grupos que atentan contra las personas y la propiedad. Debemos generar medidas de protección a víctimas y testigos de atentados en forma rápida y eficaz, considerando la gravedad de los hechos y que se trata de situaciones que no pueden esperar”.

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