Fuente: La Tercera

En una decisión casi unánime los magistrados del máximo tribunal hicieron ver quiénes son sus favoritos para dirigir el Ministerio Público durante los próximos ocho años. El fiscal jefe de Santiago Norte, José Morales, y el abogado Ángel Valencia empataron en primer lugar, con 17 votos cada uno, y fueron seguidos por la jefa de la Unidad Jurídica y de Anticorrupción de la Fiscalía Nacional Marta Herrera, la única mujer en la quina y quien obtuvo nueve sufragios. En tanto, también entraron al acta el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, con 7 votos, y la sorpresa de la jornada, el abogado Rodrigo Ríos con sólo 3 votos.

En sólo 25 minutos los 20 ministros de la Corte Suprema que votaron este 7 de noviembre tenían a sus cinco favoritos para ser fiscal nacional. Uno de los hechos que sorprendió a los presentes en el Palacio de Tribunales es la votación casi unánime de las dos primeras mayorías. Tanto el fiscal jefe de Santiago Norte, José Morales, como el abogado Ángel Valencia empataron con 17 votos. Es decir, en cada caso sólo no contaron con el apoyo de tres magistrados del máximo tribunal. Algo que no se había dado en la elección pasada, en 2015, en que las preferencias estuvieron más repartidas.

Tras cuatro horas de exposiciones, algunos magistrados se notaban ya cansados. Por eso, dicen altas fuentes del Poder Judicial, que las decisiones de los votos se toman en base a la trayectoria de los candidatos y no de sus ponencias, aunque estas logran persuadir a los indecisos. Una vez concluida la audiencia cada supremo tomó un papel y expuso sus tres preferencias. Luego fue el turno de la relatora de pleno quien hizo el conteo, entregando el veredicto al pleno. Se había conformado la quina para suceder al fiscal nacional Jorge Abbott.

Eran las 19:30 horas de este lunes y la vocera de la Suprema, ministra Ángela Vivanco, leía en un papel la conformación de la quina. A las dos mayorías le siguió la Jefa de la Unidad Jurídica y Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Marta Herrera, con 9 votos, y más atrás el fiscal regional de Aysén Carlos Palma, con 7 votos. En el último lugar quedó la sorpresa de la jornada, el ex fiscal Rodrigo Ríos que con sólo tres votos logró entrar al acta que será enviada al Presidente Gabriel Boric.

“Esa es la votación, esa es la quina y, en consecuencia, se va a oficiar a efectos de que el señor Presidente de la República la reciba para que continúe el proceso de nombramiento del fiscal nacional”, informó en un escueto punto de prensa la magistrada.

El Mandatario tiene ahora 10 días corridos para proponer uno de estos nombres al Congreso. Para que la opción del Ejecutivo sea ratificada debe contar con el respaldo de 2/3 de los senadores en ejercicio, lo que corresponde a 33 de los 50 integrantes de la Cámara Alta. De ser rechazada la propuesta, el máximo tribunal deberá proponer una nueva quina al Presidente.

Los planteamientos de los ganadores

Al mediodía el secretario de la Corte Suprema llevó a cabo el sorteo para determinar el orden de las exposiciones de postulantes al cargo que tiene una remuneración mensual de $9.349.854. Tras el sorteo, se definió el orden de cada exposición. Aquí un resumen de las ponencias de los ganadores.

José Andrés Morales Opazo (17 votos):

El fiscal de la Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte, que en 2015 figuró entre los favoritos en la carrera en que se impuso Jorge Abbott -en una quina en la que estuvieron también Juan Enrique Vargas, Raúl Guzmán y Luis Toledo- sostuvo que en materia de crimen organizado se debe “cambiar el paradigma desde la investigación de casos individuales a la investigación de organizaciones y redes criminales”. Morales también mencionó que las investigaciones del Ministerio Público deben incorporar perspectiva de género y propuso que toda muerte violenta de mujeres sea investigada como posible femicidio.

Ángel Mauricio Valencia Vásquez (17 votos):

El penalista y académico, que fue subcoordinador en la Unidad Coordinadora de la Reforma Procesal Penal en el Ministerio de Justicia, dijo que aspiraba a conducir una Fiscalía Nacional “que cambie de rumbo”. “A la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado le hemos opuesto una persecución penal desorganizada”, advirtió. Junto con esto sostuvo que “aspiramos a conducir a una Fiscalía Nacional que cambie de rumbo y retome el camino y el destino para el cual fue creada. Para ello es necesario hacer cambios profundos. Cambios que deben hacerse con los fiscales, profesionales y funcionarios del Ministerio Público y no sin ellos. Pero cambios que - reitero - deben ser profundos, que impliquen una reestructuración de sus equipos dentro del marco que la ley permite, con sentido de urgencia y con perspectiva ciudadana y de servicio público”.

Marta Ximena Herrera Seguel (9 votos):

La directora Unidad Especializada Anticorrupción y Jurídica de la Fiscalía Nacional dio cuenta de su labor de 21 años en el Ministerio Público y expuso sus propuestas para mejorar la institución. Herrera, que fue fue fichada por el exjefe del Ministerio Público Sabas Chahuán, intentó distanciarse de la administración de Abbott. Planteó que se debe potenciar la protección para que víctimas y testigos “sientan que el Estado les brinda la protección debida”. Herrera dijo que se deben “despersonalizar las investigaciones” y concretar la idea una sola fiscalía. Respecto a delitos de alta connotación como encerronas y portonazos, dijo que se deben enfrentar con “fortaleciendo la función de análisis criminal, trabajando sobre el fenómeno con una mirada de mercado delictual”.

Carlos Alberto Palma Guerra (7 votos):

El fiscal regional de Aysén, que dirige la investigación por la presunta implantación de pruebas a imputados en el denominado caso “Huracán”, dijo que en la Región Metropolitana “se archiva más y se persigue menos”, detallando que en la capital, siete de cada 10 casos no sigue adelante y la judicialización de las causas es del orden del 27%. En esa línea, resaltó que en Aysén se puede apreciar “una realidad distinta” y llamó a confiar en él por tener “una experiencia probada”. Palma sostuvo que se deben hacer cambios en el Ministerio Público y “es ahora cuando hay que actuar con determinación”.

Rodrigo Hernán Ríos Álvarez (3 votos):

El abogado penalista de 44 años, con pasos por el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Defensoría Penal Pública, hizo una presentación en base a tres puntos: crimen organizado, autonomía institucional del Ministerio Público y trato hacia las víctimas. Ríos dijo que debe haber una instancia de “comunicación directa” con el Ministerio del Interior en temas de delincuencia. Acusó “endogamia” al interior del Ministerio Público, propuso una auditoría de un organismo internacional y un consejo consultivo de expertos ajenos al organismo.

Fuente: La Tercera

Según cifras del Banco Central, la tasa de captación promedio de 30 a 89 días estuvo en 10,82% en octubre, su mayor registro desde abril del año 2000. Y de 90 días a 1 año, la tasa en pesos se ubica en 11,35%, su mayor nivel desde abril de 1999.

Hasta el año 2020, el mundo estaba siendo testigo de una constante reducción de las tasas de interés, hasta niveles históricamente bajos. En ese contexto, los créditos eran más baratos, pero como contrapartida, encontrar rentabilidad era cada vez más complejo.

Y Chile no estuvo ajeno a esa realidad. ¿El punto más bajo? El Banco Central (BC) recortó la Tasa de Política Monetaria (TPM) hasta un 0,5%, nivel en el que se mantuvo por más de un año, desde abril de 2020 a junio de 2021, su menor registro desde mayo de 2010, cuando estuvo ubicada donde mismo.

Es en ese escenario que los depósitos a plazo en UF estuvieron rentando un inédito 0% promedio. De hecho, según cifras del Banco Central, en septiembre y octubre de 2020 las tasas de captación promedio del sistema financiero, reajustables, se ubicaban en 0,01% para los plazos de entre 90 días a 1 año. Lo mismo para los plazos de 1 a 3 años. Esto representa su menor nivel desde que el instituto emisor comenzó a llevar registros al respecto, en 1990.

En el caso de las mismas tasas en pesos chilenos, también llegaron a mínimos desde que hay datos en el sitio web del BC. Para los plazos de 90 días a un año, en noviembre de 2020 tocaron su menor registro, con 0,32%. Y para los plazos de entre 30 a 89 días, eso ocurrió en febrero de 2021, con un 0,43%.

Pero junto con la llegada de la pandemia por Covid-19, la inflación empezó a subir en el mundo. Eso generó que los bancos centrales en todo el orbe comenzaran a incrementar sus tasas de política monetaria para intentar frenar el alza de precios que se estaba observando globalmente. Algo que hace mucho tiempo no hacían a estos niveles. En Chile también ocurrió así: el BC subió la TPM desde el 0,5% en que estaba a mediados de 2021, hasta un 11,25% en octubre.

Se trata del nivel más alto del tipo rector desde marzo de 1999, cuando la tasa, en ese tiempo medida en términos reales, estaba en 7,25%, y la inflación en 4,1%.

Como consecuencia de ello, actualmente los depósitos a plazo en pesos y en UF están entregando los mayores retornos en más de seis años.

Según cifras del Banco Central, en octubre las tasas de captación promedio del sistema financiero, reajustables, estaban en 2,64% para los plazos de entre 90 días a 1 año, su mayor nivel desde noviembre de 2016. Y en 4,63% para 1 a 3 años, su máximo desde enero de 2003.

Es más, los depósitos a plazos en pesos rentan más de 10% anual: la tasa de captación promedio de 30 a 89 días está en 10,82% en octubre, su mayor registro desde abril del año 2000. Y en 90 días a 1 año, la tasa en pesos asciende a 11,35%, su mayor nivel desde abril de 1999.

En paralelo, también se registran las mayores inversiones en depósitos a plazo. El flujo de captación promedio del sistema financiero, reajustable, en agosto anotó su máximo mensual desde 2019 para el plazo de 90 días a 1 año, con $467.350 millones. Mismo récord lo registra el plazo de 1 a 3 años, con $552.740 millones en julio.

Puntualmente, las operaciones en pesos de 30 a 89 días son las que marcan récords históricos en el flujo: en agosto registraron su mayor nivel desde que el BC lleva registro en su sitio web (2014), con $16.007.940 millones mensuales. En 90 días a un año, en tanto, los flujos van a la baja, anotando este año sus menores niveles desde 2014: tocaron piso en febrero con $1.352.140 millones.

¿Hasta cuándo siguen al alza las tasas?

Marco Correa, economista jefe de Bice Inversiones, explica que “las tasas de interés han subido a nivel global y local, donde además el BC llevó su TPM hasta niveles de 11,25%, por lo que los bancos comerciales pueden ofrecer niveles atractivos de devengo para sus depósitos a plazo”.

En esa línea, explica que “los plazos más largos ofrecen tasas mayores, porque las personas que los toman renuncian por más tiempo a la liquidez, es decir, deben tener esos recursos retenidos por los bancos por más tiempo. Por otra parte, esto se mantendría por los siguientes meses, hasta que se empiecen a dar señales de mayor desaceleración económica y menores registros de la inflación, ya que en ese contexto habría mayor claridad para asumir que el BC comenzaría a bajar su tasa de referencia”.

El economista jefe de Bci, Sergio Lehmann, apunta a algo similar. Dice que los retornos que registran actualmente los depósitos a plazo “responden al incremento en la tasa de política por parte del BC. Esta secuencia de incrementos habría ya concluido, entendiendo que el ciclo de alzas en la TPM habría alcanzado su techo, de acuerdo a la señal entregada por el propio BC. Más aún, hacia los primeros meses de 2023 deberían comenzar a verse bajas, entendiendo que comenzaría un proceso gradual de recortes en la tasa de política a partir de abril próximo”.

De hecho, la última vez que el instituto rector subió la tasa, en octubre, el BC dijo que “ha llegado al nivel máximo del ciclo iniciado en julio de 2021 y que se mantendrá en este valor por el tiempo necesario para asegurar la convergencia de la inflación a la meta en el horizonte de política de dos años”.

Fuente: La Tercera

El diputado Guillermo Ramírez (UDI), uno de los tres votos opositores a los cambios que propone el Ejecutivo, aseguró que los cambios al procedimiento para aplicar la normativa afectan el debido proceso. La reforma tributaria registró sus primeros avances, en el largo camino que le queda para completar su trámite legislativo. Este lunes, la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó el primer conjunto de artículos relativos a las modificaciones a la Norma General Antielusiva (NGA). Con ello, la iniciativa sobre los tributos obtiene nuevos avances en las áreas donde se han planteado mayores acuerdos desde las bancadas.

En concreto, la instancia aprobó el primer set de artículos que introducen cambios en materia antielusiva. El más importante, y que motivó la desaprobación mayoritaria de los diputados de derecha que conforman la instancia, supone ajustes al procedimiento para establecer violaciones de un contribuyente a la NGA. El esquema considera la creación de un Comité antielusivo, integrado por los subdirectores de las divisiones de fiscalización, normativa y jurídica del Servicio de Impuestos Internos, y que deberá calificar de manera unánime existencia de elusión, previa presentación de la unidad antielusión del mismo órgano administrativo.

Dicho punto fue objetado de manera recurrente por el diputado Guillermo Ramírez (UDI), quien afirmó que los cambios a la norma son “claramente un retroceso en cuanto a lo que hay hoy día, porque es un retroceso del debido proceso”.

“Fueron años de discusión, de insistir para que se crearan los Tribunales Tributarios, que fueran independientes del SII, para que no fuese el servicio juez y parte, y hoy día eso se pone en duda”, afirmó, cuestionando la independencia que puedan tener los directores del servicio al ser un órgano administrativo.

“Si esto se aprueba, en algún minuto vamos a pedir reserva de constitucionalidad porque las normas del debido proceso son claras: nunca, ni de manera excepcional, un organismo puede ser juez y parte. Tal como ocurrió con el Sernac, cuando en su momento se le entregaron uñas y dientes, parte de la reforma fue declarada inconstitucional por cuanto se entregaban demasiado poder de decisión al Sernac siendo parte, y eso transgrede cualquier norma básica del debido proceso”, dijo Ramírez.

El argumento fue respaldado por el diputado Agustín Romero (Republicano), quien señaló que en la instancia que “desde el principio de la reforma señalé que estas normas afectan el debido proceso, algo en lo que Chile ha avanzado para proteger al inculpado”.

Al respecto, el ministro Mario Marcel, presente en la sesión, defendió los cambios propuestos a la NGA ya que “en el fondo mantienen en sede administrativa la declaración de la conducta elusiva y la invocación de la cláusula, pero lo que han buscado es darle más garantías al contribuyente”.

“El tribunal está para una etapa posterior. (...) El hecho de que no sea un Tribunal Tributario el que determine la aplicación de la NGA no es, en nuestra opinión, materialmente distinto y lo que es anómalo es que es en la ley de 2014 eso haya quedado entregado al Tribunal Tributario, y hay una larga lista de países en que la NGA se aplica en sede administrativa”, agregó Marcel.

Uno de los votos de oposición que no se alineó por completo a la votación en contra de los cambios a la NGA fue el de Miguel Mellado (RN), quien insistió permanentemente en que el articulado permitiera al contribuyente conocer las razones de una hipotética aplicación de la norma antielusiva. Tras solicitar la precisión a una indicación en dicha materia, presentada por el Ricardo Cifuentes (DC), finalmente apoyó la propuesta del Ejecutivo. Sin embargo, Mellado votó en contra de otros artículos en los que, estimó, se afectaba a las pequeñas y medianas empresas, por el pago de multas asociadas a la aplicación de la NGA.

Marcel ve un “avance muy positivo”

Una vez concluida la sesión de la comisión de Hacienda, el ministro Mario Marce agradeció el avance tras iniciar la votación en particular del proyecto de reforma tributaria.

Consultado por la prensa apostada en el Congreso, el economista valoró que el inicio de la discusión en particular se dio “con bastante dinamismo, aprobándose cinco artículos correspondiente a toda la normativa sobre NGA”.

De hecho, expresó su confianza en que “de mantenerse ese ritmo de avance, podamos cumplir con el horizonte de tener esta reforma en votación en la Sala de la Cámara probablemente a fines de noviembre”.

Marcel destacó que “todas las indicaciones del Ejecutivo fueron aprobadas, y con ello se aprobaron también los artículos originalmente propuestos, así que hasta el momento hemos tenido un avance muy positivo”.

El secretario de Estado también tuvo palabras para destacar los espacios de apertura que se registraron en la discusión con los miembros de la comisión de Hacienda.

“Hemos tenido un espacio de colaboración con los parlamentarios, en particular el Ejecutivo patrocinó una indicación del diputado Cifuentes y también se comprometió a recoger un punto planteado en la discusión pero que requería mayor redacción, a partir de observaciones que hizo el diputado Mellado”, señaló.

Fuente: La Tercera

“La paridad no está garantizada”. Ese comentario se repite una y otra vez en el oficialismo. La preocupación está lejos de ser una exageración. Sectores de Socialismo Democrático ya están al tanto de que en Chile Vamos hay partidos que están alistando una propuesta formal que podría modificar el mecanismo utilizado en la Convención para corregir a los candidatos electos según el criterio de paridad.

La idea está siendo, hasta ahora, patrocinada fuertemente por la UDI y algunos sectores de RN. Pese a que aún no la comparten de forma oficial en la mesa negociadora con el resto de los partidos políticos, fuentes del gremialismo confirman a La Tercera PM que es algo que harán cuando entren de lleno a discutir sobre el mecanismo.

La opción de la UDI -y también de un sector de RN- consiste en que la paridad sea solo de entrada y no de salida. Para la elección de convencionales el sistema incluyó ambas opciones. Es decir, las listas tenían que ser paritarias, encabezadas por mujeres y luego intercaladas en método cebra. Luego de la votación, cuando se obtenía la cifra repartidora con la cual se definía qué candidatos iban siendo electos, el Servel procedía a aplicar una corrección por paridad. Eso implicaba que, en algunos casos, había que bajar a un hombre o una mujer que obtuvo los votos necesarios para ser electo para que subiera un candidato o candidata con menor votación para así cumplir con la paridad.

En la Convención eso implicó que el órgano quedara integrado por 78 hombre y 77 mujeres. Esa composición fue el resultado de 16 correcciones paritarias realizadas en 11 distritos y tres pueblos indígenas. Sin esa corrección, la Convención habría quedado compuesta por 83 mujeres y 72 hombres.

En privado, dirigentes de la UDI comentan que “no parece razonable” bajar a un candidato hombre o mujer que obtuvo, por ejemplo, seis mil votos, por otro hombre o mujer que tuvo mil votos. En ese caso, dicen, el sufragio de quienes votaron por el último candidato valdría seis veces más que el sufragio de quienes votaron por el otro candidato.

Eso, agregan, no es más que “respetar la voluntad popular que es donde recae la soberanía”. Por eso la UDI está firme en que se debe garantizar un órgano en el que las mujeres tengan el mismo espacio que los hombres, pero “sin meter la mano en la urna”. Eso se traduce en que apoyarán cualquier instrumento que asegure la paridad de entrada, pero sin distorsionar los resultados en la salida. “Es poco democrático y vulnera la igualdad del voto”, dice un representante del gremialismo.

Tanto es así, añaden en la derecha, que sin corrección paritaria a la salida la Convención habría quedado integrada por más mujeres, pero hubo que bajar candidatas para sumar hombres. Ese antecedente, agregan, es el reflejo de que la paridad de entrada sí garantiza que las mujeres queden bien representadas.

Así, la idea -que surgió en la UDI- está tomando fuerza en Chile Vamos. Ya hay sectores de RN que también están de acuerdo y defenderán el punto cuando el partido tenga que tomar una definición. Lo mismo sucede en Evópoli. “Depende del sistema electoral que se defina para el órgano redactor que acordemos. Es decir, hay sistemas que aseguran paridad sin necesidad de intervenir a la salida, por ejemplo, cebras en listas cerradas, y sería importante poder analizar primero eso, pero siempre teniendo en la mira, y ese ha sido nuestro compromiso, que ante un proceso extraordinario corresponden medidas extraordinarias”, afirma la presidenta de Evópoli, Luz Poblete.

En Chile Vamos comentan que es muy difícil que su opción pueda prosperar en la mesa negociadora, pero que la utilizarán como carta para ceder y ganar en otros puntos de las tratativas. En Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad comentan que la paridad fue una ganancia electoral que es muy difícil echar atrás. Por lo mismo, advierten, será un tema en el cual el debate será bien duro.

Tres escaños reservados

Pero hay un asunto aún más sensible que ronda en los partidos de Chile Vamos. Se trata de los escaños reservados para pueblos indígenas. En la derecha hay un consenso claro: no repetirán la misma fórmula ocupada en la disuelta Convención.

El órgano redactor tuvo 17 escaños reservados para los distintos pueblos indígenas. En el sector comentan que para ellos será una línea roja que ese número disminuya. Además, agregan, tendrán que ser menos, ya que todo indica que el órgano tendrá menos de 155 representantes.

Por lo mismo, en RN ya están analizando el tema. En ese partido hacen el siguiente cálculo. En la actualidad, hay 779.000 ciudadanos chilenos con calidad indígena mayores de 18 años en los registros de la Conadi. Esto representa un 5,1% del total del electorado nacional, lo que equivale a tres candidatos de la lista de los partidos en el caso de una elección de 50 miembros electos por votación universal.

Por lo tanto, la postura de un sector relevante de RN es que se debiera avanzar en la idea de que los partidos o coaliciones lleven un número de tres candidatos indígenas obligatorios en sus listas. Esa alternativa es la que más apoyo concita.

En Evópoli aún no han entrado a este tema, pero están abiertos a la discusión. En esa colectividad, de hecho, se acordó que la fórmula debe ser muy distinta a la anterior. En la UDI están en lo mismo. En ese partido también están a favor de que la cifra disminuya y les parece razonable el cálculo que están haciendo en RN, pero aún no lo discuten con mayor profundidad.

Fuente: La Tercera

Así se establece en una presentación que el Ejecutivo está socializando con técnicos y parlamentarios. La ministra del Trabajo confirmó este domingo en la noche la información y detalló que regirá de esta forma para la cotización del 10,5%, pero que el 6% extra que irá a un fondo común no será heredable.

Este lunes el gobierno finalmente planea definir la fecha en que presentará su reforma al sistema de pensiones, lo que estiman ocurrirá durante octubre. Ello, luego de que se postergó su ingreso al Congreso desde agosto.

Pero en paralelo, durante este mes el gobierno empezó a socializar su propuesta con parlamentarios de distintas bancadas y también con expertos, donde entregó mayores detalles respecto de los cambios que quiere hacer al sistema.

En algunas de esas reuniones, desde el Ejecutivo han mostrado una presentación, a la que tuvo acceso Pulso, donde se enseñan detalles hasta ahora desconocidos de la propuesta. En el documento, que tiene como fecha el 22 de septiembre, hay un par de diapositivas que apuntan a reemplazar el retiro programado, dejando solo vigente la modalidad de rentas vitalicias, pero con opción a herencia.

Esto implicaría que, de aprobarse esta idea, dejaría de existir la opción de retiro programado a futuro. Además, significaría que por primera vez la renta vitalicia tendría la posibilidad de generar herencia en el país, aunque bajo ciertas condiciones distintas de las que tiene hoy el retiro programado.

Consultada al respecto, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, confirmó este domingo en la noche dicha información en el programa Estado Nacional de TVN, y recordó que la Comisión Bravo recomendó eliminar el retiro programado porque no es consistente con la seguridad social. Ahí también dijo que la renta vitalicia con opción a herencia regirá para la actual cotización del 10%, pero puntualizó que el 6% extra que irá a un fondo común no será heredable, porque es “un pilar de la seguridad social, que es distinto del ahorro individual”, y agregó que esta parte “tiene un principio esencial: la solidaridad, y se va a complementar con la propiedad individual en que hemos estado todo este tiempo”.

Entre otras cosas, el documento que ha socializado el gobierno también muestra el detalle de cómo funcionará la gestión de los recursos de las futuras cotizaciones del 10% y del 6%. Además, las AFP dejarán de existir tal como se conocen hoy, y deberán transformarse en gestores privados bajo las condiciones del nuevo sistema si es que quieren seguir invirtiendo el stock de ahorros, lo que implica que ya no tendrán la administración de cuentas y demás actividades de soporte. Esto último quedará en manos del IPS.

Renta vitalicia con herencia

El documento explica que actualmente las personas, al pensionarse, tienen que elegir entre retiro programado o renta vitalicia, “lo que es una decisión compleja. En particular, el hecho de que el retiro programado parte con un monto más elevado que la renta vitalicia, contribuye a distorsionar la decisión, dada la miopía y la preferencia por consumo presente de las personas”.

Y agrega que “la modalidad de retiro programado es un producto que, a diferencia de la renta vitalicia, no protege a las personas de los riesgos de longevidad, vaivenes de rentabilidad de los mercados financieros ni de la inflación siendo, en ese sentido, un producto alejado de la lógica de seguridad social”.

Ahí dice que “la reforma apunta a reemplazar el retiro programado, creando una opción de herencia en la renta vitalicia”. Justamente la idea de incorporar una renta vitalicia con opción a herencia fue una de las propuestas que hizo la Asociación de Aseguradores al gobierno en agosto.

El documento explica que “esta nueva alternativa tiene la ventaja de que, al igual que una renta vitalicia simple, garantiza al titular una pensión fija en UF para siempre, y al fallecer el causante, entrega una pensión de sobrevivencia a los beneficiarios”.

También detalla que esta modalidad va a incorporar el atributo adicional de herencia bajo las siguientes condiciones: que en caso de que la persona fallezca en los primeros 20 o 25 años desde que se jubiló, se entregue una herencia decreciente a los herederos legales. “En caso de que la persona sobreviva al plazo anterior, recibirá una renta vitalicia hasta su fallecimiento”, dice la presentación. Es decir, desde ahí en adelante no habrá opción a herencia, pero seguirá recibiendo su pensión.

Eso sí, además advierte que “la opción de herencia tiene un costo claro en términos de menor pensión”. Esto quiere decir que las personas podrán elegir entre una renta vitalicia con o sin herencia, pero si se escoge la opción con herencia, el monto que recibirá de pensión será más bajo. Y con la opción sin herencia, de todas maneras habrá pensión de sobrevivencia.

Las administradoras ya comenzaron a coordinar el funcionamiento de páginas web, call center y sucursales, además de contactos con los bancos para el depósito de los pagos.

Otra diapositiva habla de reemplazar los multifondos por los llamados fondos generacionales (Target Date Funds). “Mientras en el caso de los fondos generacionales se mantiene a las personas en el mismo fondo durante toda su vida laboral, en la estrategia por defecto de los multifondos chilenos las personas son asignadas a distintos fondos durante su ciclo de vida”, especifica la presentación. De esta manera, dejarían de existir los multifondos que hay actualmente, dando paso a fondos generacionales.

Estado versus privados

Por otro lado, la presentación muestra en detalle cómo funcionará la futura administración de los fondos de pensiones. Ahí dice que el pilar contributivo será financiado con una cotización del 10,5% con cargo del trabajador, que es lo que se destinará a cuenta individual; y un 6% con cargo del empleador, que se destinará al fondo común.

El flujo futuro de esas cotizaciones irá directo a un ente público, que la presentación menciona que será el IPS. Ahí se especifica que este será el encargado de administrar, afiliar, hacer la recaudación de las cotizaciones, así como la cobranza, gestión de cuentas, pagar los beneficios y comercialización.

De esta manera, esas funciones que hoy hacen las AFP, se traspasarán al IPS. Eso sí, fuentes que estuvieron presentes en una de las reuniones donde el subsecretario de Previsión Social, Christian Larraín, socializó la propuesta, explican que allí se mencionó que el IPS podrá licitar a privados esas funciones. En todo caso, la presentación no se refiere a ese punto.

Si bien actualmente la cotización que paga el trabajador es de un 10% de su sueldo, lo cierto es que la presentación incorpora un 0,5% adicional, dejándolo en 10,5%. Quienes estuvieron presentes en una de esas reuniones, explican que allí se argumentó que ello responde a que actualmente las AFP cobran una comisión sobre sueldo, que en promedio es de un 1,2%, pero el ente público no descontará una comisión sobre el salario de las personas, sino que sobre el saldo administrado.

De esta manera, si bien la cotización sube a 10,5%, no se vería disminuido el sueldo líquido de los afiliados respecto de lo que se les descuenta hoy, y por el contrario, dependiendo de la administradora en que se encuentre cada afiliado, podrían ver aumentado en algo su sueldo líquido.

La presentación detalla que, por defecto, la gestión de las inversiones tanto del 10,5% como del 6%, irán a un gestor público de inversiones. Y, de manera opcional, las personas podrán decidir que la gestión de sus inversiones del 10,5% de cotización sea hecha por un gestor privado.

En ambos casos, es decir, tanto el gestor público como el privado, invertirán los fondos en el mercado de capitales, mediante inversiones directas e indirectas, según detalla el esquema que grafica la presentación.

A juicio del gobierno, este diseño potencia la libertad de elección, porque argumenta que abre una alternativa pública en la gestión del 10,5%, que hoy no existe.

Sobre el stock de cotizaciones que hoy está en las AFP, la presentación no es del todo clara para ser interpretada a primera vista. Fuentes consultadas señalan que lo que ocurrirá, es que habrá una transición donde las AFP tendrán que dejar de funcionar como lo han hecho hasta ahora, para transformarse en gestores privados de fondos. Eso implica la separación de la industria, ya que si bien podrán seguir gestionando las inversiones de esos recursos, no harán el trabajo de administración de cuentas y demás actividades de soporte, lo cual queda en manos del IPS.

En todo caso, la presentación muestra que, a diferencia del flujo de cotizaciones futuras; lo que ocurrirá con el stock es que por defecto esos recursos se destinarán a gestores privados de inversiones, es decir, cada AFP, si desea transformarse en un gestor privado según las reglas del nuevo sistema, por defecto seguirá haciendo las inversiones de los fondos que administran actualmente, siempre y cuando el afiliado no decida cambiar sus recursos a otro gestor privado de inversiones, o al gestor público de inversiones.

Acá, nuevamente se señala que en ambos casos, tanto el gestor público como el privado, invertirán los fondos en el mercado de capitales, mediante inversiones directas e indirectas.

Fondo común

Sobre el pilar de ahorro colectivo que se creará con el 6% de cotización adicional que propone la reforma, la presentación muestra una tabla con cifras que revelan que todas las personas van a recibir algo de ese dinero, lo cual se anotará en las cuentas personales de los afiliados. Ahí, algunos se van a beneficiar más que otros. A los segmentos bajos y medios se les va a registrar más del 6% que cotizó, pero para quienes tienen sueldos más altos, se les va a registrar una cantidad menor.

Por ejemplo, según una simulación que muestra la presentación sobre la operatoria que tendrá el mecanismo redistributivo del fondo común, para una persona con un salario bruto de $2,5 millones, se le registra un 5,2%, en vez del 6% que aportó. Pero a la inversa, para un afiliado que tiene un salario bruto de $500 mil, se le anota un 7,9%. En el medio está el salario bruto de $1 millón, a quien se le registra un 6,2%.

Con todo, los mecanismos redistributivos operan de distintas maneras. Primero, la presentación dice que el pilar de ahorro colectivo permitirá “mejoras inmediatas a los actuales jubilados mediante reparto intergeneracional transitorio, acotado a los afiliados al sistema al momento de entrar en vigencia la reforma”.

Pensionados

Como beneficio del seguro social, la presentación señala que en el reparto intergeneracional habrá una garantía por años cotizados “para los actuales jubilados y para los futuros que estén afiliados al sistema al momento de aprobarse la reforma”. Y puntualiza que esto “es transitorio”.

En paralelo, también se especifica que el pilar de ahorro colectivo “permite efectuar compensaciones desde hombres a mujeres por tablas, maternidad, tareas del cuidado”. Esto no será transitorio.

En esa línea, el documento detalla que la compensación por tablas de mortalidad que habrá para las mujeres será de 10%, tanto para las actuales como para las futuras jubiladas. “Se asume que la mujer vivirá lo mismo que el hombre”, indica.

Sobre las tareas de cuidado, dice que se otorgan cotizaciones para cuidados de dependencia, para personas que estén en el registro de cuidadores del Ministerio de Salud, con un tope de dos años. En tanto, sobre maternidad, el documento revela que se anotarán 18 cotizaciones por 6%, que se agregan al bono por hijo del 10%.

Asimismo, la presentación dice que se permitirá hacer compensaciones por lagunas previsionales. Y explica que uno de los beneficios del seguro social, es que “cada vez que se usa el seguro de cesantía, individual o colectivo, paga las cotizaciones del 10% y el 6%”.

Por otra parte, el documento también indica que se “incorpora un factor redistributivo que permite mejorar el GINI de las pensiones y la cantidad de personas con posibilidad de superar el salario mínimo”.

Desde el gobierno creen que, más que un impuesto al trabajo (que es el argumento que han usado desde la oposición al momento de referirse al 6% que se destinará al fondo común), acá lo que habría es un subsidio al trabajo. Es más, la presentación afirma: ”Subsidio al trabajo para segmentos bajos y medios apoya a la formalización de este grupo de trabajadores, que sienten mayor nivel de sustitución entre el sector formal e informal, versus los trabajadores de remuneraciones más altas, que tienen menores posibilidades de ´escapar´ del impuesto”.

Todo esto es complementario a la Pensión Garantizada Universal (PGU) que el gobierno propone subir a $250 mil. Porque mientras la PGU apunta a “eliminar la pobreza”, según dice la presentación, el pilar contributivo apunta a “dar continuidad en los ingresos en la vejez”.

Sostenibilidad del fondo común

La presentación destaca que este fondo común que se creará con la cotización del 6%, incorpora una regla de sostenibilidad “sacada de las mejores prácticas de Canadá y Suecia”.

¿Cómo funcionará la regla de sostenibilidad? “La tasa de interés nocional se calculará en base a masa salarial, factores demográficos, rentabilidad financiera, todo ello con miras a garantizar sostenibilidad de largo plazo en el fondo”, asegura el documento.

Fuente: La Tercera

Durante la ceremonia, el presidente del tribunal, Juan Eduardo Fuentes expresó que "el país puede tener la seguridad que esta sentencia y esta acta de proclamación (...) reúnen estrictamente la manifestación de la voluntad soberana”.

A 11 días del plebiscito constitucional, en el que triunfó por amplia mayoría el Rechazo, este jueves el Presidente Gabriel Boric encabezó el acto de proclamación de los resultados del referéndum en el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel).

La ceremonia fue realizada en Compañía de Jesús 1288, comuna de Santiago, contó con la presencia de diversas autoridades de organismos estatales e inició pocos minutos después de las 16.15, con la entonación del himno nacional.

Durante el acto, el presidente del Tricel, Juan Eduardo Fuentes firmó las sentencias de calificación y las actas de proclamación junto a los ministros Jaime Gazmuri, Adelita Ravanales y Jorge Dahm, para que luego la secretaria relatora del Tricel, Carmen Gloria Valladares autorizara oficialmente las sentencias.

Seguidamente, se le entregó el acta de proclamación al Mandatario, a los presidentes del Senado, Álvaro Elizalde y de la Cámara de Diputados, Raúl Soto, a la presidenta del Tribunal Constitucional (TC) Nancy Yáñez y al director nacional del Servicio Electoral (Servel), Raúl García.

Fuente: La Tercera

Según detallaron los presidentes del Senado y la Cámara -tras la segunda reunión que congregó a los partidos políticos-, se llegó a consenso de que habrá una redacción de una nueva Constitución, que sea por un órgano 100% electo, que cumpla con el principio de paridad de género, que el órgano sea acompañado por un comité de expertos y que el proceso concluya con un plebiscito de salida con voto obligatorio. En la oposición, en tanto, buscan fijar materias que no se puedan tocar, entre ellas, la autonomía del Banco Central o derecho de propiedad.

Tiempo de

Las conversaciones se intensificaron durante el fin de semana. Sin embargo, por estrategia, han optado por no poner todas las cartas sobre la mesa de manera inmediata. La mañana de este lunes, en las más reciente jornada de discusión sobre la continuación del proceso constituyente, en que se convoca a todos los partidos con representación parlamentaria, Chile Vamos llegó sin un documento concreto respecto a los mecanismos que habiliten la redacción de una nueva Constitución.

Pese a eso, según señalan distintos presentes, la jornada fue productiva, y desde el oficialismo valoran -al menos- que Chile Vamos haya estado de acuerdo con algunos puntos. Así, el presidente del Senado, Álvaro Elizalde (PS)sostuvo tras el encuentro que “ha habido avances significativos en el dialogo de esta mañana, que dan cuenta del sentido de responsabilidad, de manera transversal (...)”.

En esta línea, el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Raúl Soto (PPD), resumió en cinco puntos los acuerdos alcanzados durante la jornada, los que incluyen al bloque de derecha, exceptuando el Partido Republicano que volvió a insistir en que no está de acuerdo con abrir un nuevo proceso. Los consensos alcanzados hasta ahora, según Soto, son: la redacción de una nueva Constitución, que el texto sea redactado por un órgano 100% electo, que cumpla con el principio de paridad de género, que el órgano sea acompañado por un comité de expertos -cuyas reglas serán discutidas con posterioridad por la mesa, precisó Soto-, y, por último, se acordó que este proceso de redacción va a concluir con un plebiscito de salida con voto obligatorio.

A la vez, desde distintos partidos adelantan que toma fuerza la idea de que el nuevo organismo no se llame Convención Constitucional, sino que adquiera otro nombre debido al desprestigio transversal que tuvo esa denominación y que se vio reflejado, dicen, con el resultado del plebiscito donde el Rechazo ganó de manera contundente.

Algo que llamó la atención de algunos presentes fue el insistente llamado que se hizo tanto desde la UDI como de RN a plantear “límites” o “bordes” en la discusión constitucional. Una idea que comenzó a tomar fuerza en Chile Vamos y que fue socializada durante una reunión que sostuvieron el domingo de manera telemática los principales dirigentes del bloque. El objetivo de esto, según afirman en el sector, es que el nuevo organismo electo llegue con materias que “no se puedan tocar” con el objetivo de darle más certidumbre al proceso y también para resguardar aquellas materias que ellos consideran relevantes.

Así, el timonel de la UDI, el senador Javier Macaya, sostuvo que “ratificamos, mantenemos nuestro compromiso con tener una nueva Constitución que sea redactada por un órgano democráticamente elegido desde el punto de vista de Chile Vamos. A ese órgano, a diferencia de lo que fue la Convención (...), tiene que tener definidos contornos que permitan que el proceso sea exitoso”.

Macaya agregó que “la razón principal del fracaso del proceso anterior, estuvo en el afán refundacional de la Convención. Los límites a su trabajo estaban puestos en los tratados internacionales, los derechos humanos, las de sentencias ejecutoriadas y tener una democracia representativa. Eran importantes pero demostraron ser insuficientes. Creemos que un comité de expertos, sin ser el órgano elegido democráticamente que tenga por objeto redactar la Constitución, tiene que tener un rol en proveerle los insumos y bordes a dicho órgano”.

Dentro de esos límites o materias que no se puedan tocar, el líder de la UDI añadió: “Por de pronto, no poder refundar los poderes del Estado, que fue lo que ocurrió en la Convención con dos sistemas de justicia o la eliminación del Senado. En materias como iniciativa de gasto del Presidente, autonomía del Banco Central o derecho de propiedad, podrían llegarse a consensos ex ante que permitan facilitar y agilizar la discusión posterior”.

Por su parte, el senador y presidente de Renovación Nacional, Francisco Chahuán adelantó que “se planteó un acuerdo de unidad nacional, cohesión social y nueva Constitución, como nosotros lo hemos denominado, es una línea de base importante. Cuando hablamos de unidad nacional quiere decir que el país a nuestro juicio rechazó la plurinacionalidad, rechazó que el Estado no tenga atribuciones para enfrentar el orden público, rechazó que no tenga atribuciones para enfrentar el terrorismo en la macrozona sur”.

Además, Chahuán indicó que desde el partido han “planteado la necesidad de abordar una mixtura en que puedan estar incorporados a través de un comité técnico político los expertos (...) en el periodo intermedio, en el que no podemos realizar elecciones”. Con su trabajo ya realizado, dijo, se debería avanzar a “un órgano completamente elegido”.

Fuente: La Tercera

Fue una señal contundente. Apenas el Presidente Gabriel Boric terminó su discurso -a eso de las 21.00 de este domingo- bajó desde el segundo piso de La Moneda al Salón Montt Varas para reunirse con todo su gabinete y hacer un balance íntimo de la jornada en que el Rechazo en el plebiscito constitucional se impuso por amplia mayoría y le asestó una dura derrota a su gobierno. Entre aplausos y abrazos, la mayoría del equipo ministerial compartió sus reflexiones. Pero hubo un silencio que llamó la atención: la jefa de gabinete del Mandatario, Izkia Siches, no lideró la instancia. Una muestra más de lo que ya para muchos en el gobierno es un hecho: que no seguirá a la cabeza del Ministerio del Interior.

También dio para interpretaciones la participación de Giorgio Jackson (Segpres). La mano derecha del Jefe de Estado -quien para muchos en la oposición y también en sectores del oficialismo debería asumir responsabilidades políticas por el fracaso-, fue uno de los primeros en tomar la palabra y abordar sus causas. Ese reservado diagnóstico de los ministros con Boric fue, probablemente, uno de los últimos momentos que compartirán juntos, al menos, en esos cargos.

El Mandatario decidió, según afirman en La Moneda, realizar un profundo cambio de gabinete tras la contundente derrota. Una modificación que incluye la salida de Siches y Jackson de sus puestos, quienes durante estos seis meses, por distintas razones, han sido objeto de duras críticas. “Hacer frente a estos importantes y urgentes desafíos requerirá prontos ajustes en nuestros equipos de gobierno para enfrentar este nuevo período con renovados bríos. Pueden tener la tranquilidad que el camino a una nueva Constitución jamás será obstáculo para dar respuesta a las urgencias que ustedes nos han planteado”, dijo Boric en su declaración, pasadas las 20.45, en la cual también reconoció el fracaso electoral.

Renuncia al diseño original

La derrota de un gobierno y un Presidente que arriesgaron todo por un esquivo triunfo del Apruebo obliga a Boric a reconfigurar su comité político, el que se había reservado inicialmente para figuras de Apruebo Dignidad o de su plena confianza, como su amigo Jackson, o a quien siente que le debió parte importante de su triunfo en segunda vuelta, como Siches.

Pero los resultados de los comicios de este domingo también lo forzarán a dejar caer a varios de sus colaboradores de estos primeros seis meses, ya sea con el objetivo de sacudirse gestiones mal evaluadas y futuros flancos, como también con el fin de equilibrar políticamente su gabinete entre sus dos coaliciones, Apruebo Dignidad y el Socialismo Democrático, donde una contienda anticipada se abrió en las semanas previas al plebiscito para, ganara la opción que ganara, lograr mayor influencia al interior del gobierno.Un escenario que se agudizó este domingo tras conocerse los resultados, donde el Socialismo Democrático comenzó a transmitir, con dureza, que se requiere un cambio radical en el equipo ministerial con mayor presencia de ellos, de lo contrario, será difícil dejarlos conformes.

Por lo mismo, el Jefe de Estado, según fuentes de Palacio, ya comenzó el chequeo de nombres para su próximo elenco el cual ya tiene, según las mismas fuentes, casi listo. En paralelo, el Mandatario intenta contener otra de sus principales preocupaciones: que se desborde la relación entre sus coaliciones de gobierno debido a que las recriminaciones entre ambos sectores se recrudecieron tras conocerse los resultados.

El Mandatariovenía preparándose hace semanas para el escenario más probable: que el Rechazo triunfara la noche de este domingo, como ocurrió. Y más allá de las señales que dio, convocando un nuevo proceso constituyente y llamando a la unidad del país, Boric tiene claro que un cambio de elenco es inevitable. Con los resultados sobre la mesa, de hecho, en La Moneda ayer transmitían que el anuncio se concretará esta semana sin falta, dada la distancia entre el Apruebo y el Rechazo (poco más de 20 puntos).

Así, antes de la jornada de este domingo, el Presidente llevaba varios días diseñando en su cabeza una fórmula que le permitiera enfrentar el probable fracaso de anoche para seguir gobernando, pero también aprovechar la oportunidad que se le abre con la victoria de quienes no visaron la propuesta de nueva Constitución: ser él quien juegue un rol en el proceso de acuerdos constitucionales que se comenzarán a negociar en las próximas horas y que darán paso a un nuevo órgano.

Las intuiciones entre quienes han conversado con el Presidente en los últimos días apuntan a que un triunfo del Rechazo lo inclinarían a un gabinete en donde el Socialismo Democrático entre con mayor fuerza y, además, se rompa con el “desequilibrio” que ha acusado esa coalición a nivel de subsecretarías, donde ellos solo mantienen cuatro, mientras que Apruebo Dignidad suma 25 y las otras 10 corresponden a independientes. Este último grupo, dicen en ese sector, debería ser uno de los más damnificados. En Apruebo Dignidad, por el contrario, resienten que la exConcertación instale esa tesis. Semanas antes del plebiscito, de hecho, ministras como Orellana y Vallejo advirtieron que era un error vincular el triunfo de una u otra opción con la reconfiguración de fuerzas al interior del equipo ministerial.

Pese a las apuestas de sus partidos, el mensaje de Boric ha sido claro en los últimos días, cuando en la antesala del referéndum en el oficialismo se desató la guerra de apuestas por los cargos que se podrían abrir en el gabinete: que su reflexión ha sido profunda y que no se dejará presionar por las pretensiones de cada colectividad. Un análisis que, en todo caso, ahora en el Socialismo Democrático ponen en duda porque advierten que no cederán en su postura respecto a estar en el “corazón del gobierno”.

Nuevos equilibrios y elencos

¿Qué hacer con Interior? Esa es una pregunta que el Presidente Boric se ha hecho en repetidas oportunidades. Hoy tiene que decidir a quién le dará el ministerio más importante de su equipo político con los objetivos que tiene por delante su gobierno, pero también esa cartera en particular, la que le ha dado más de algún dolor de cabeza en su periodo de instalación.

Si bien en el Socialismo Democrático hay quienes no descartan que el Mandatario haga un gesto a ese sector -sobre la mesa ha estado la posibilidad de que el subsecretario Manuel Monsalve suba a ese cargo y también nombres como los de Carlos Montes (Vivienda) o la exministra Carolina Tohá (PPD)-, en las directivas de los partidos dicen que la decisión dependerá mucho de quién asuma la Segpres, cargo que ellos miran con más interés. Tohá, en todo caso, al cierre de esta edición, sonaba como una de las cartas seguras para ingresar al comité político.

Con Jackson fuera de la repartición, en el Frente Amplio algunos han impulsado que suba el Subdere Miguel Crispi (RD), algo que, en todo caso, no convence a su propio partido, Revolución Democrática. De ser así, tendría lógica que un PS, como el propio Monsalve, asuma Interior. Otra alternativa es que el socialista asuma la Segpres y sea el RD el que reemplace a Siches. Esto último, de todas formas es visto con dificultad de parte de los dirigentes del Socialismo Democrático, desde donde leen que el bloque de origen del Mandatario queda con una legitimidad muy menor para liderar el comité político tras el triunfo del Rechazo.

Un nombre que también ha sonado para la Segpres es el de la actual jefa de gabinete de la expresidenta del Colmed, Ana Lya Uriarte. La socialista, quien es cercana a la expresidenta Michelle Bachelet y es amiga de la actual timonel PS, Paulina Vodanovic, es una carta que esa colectividad ha promovido. Su nombre, de todas formas, genera dudas en el Socialismo Democrático. Esta vez, dicen entre algunos dirigentes de esa coalición, Boric debería apostar a señales totalmente contrarias a las que dio al asumir cuando Álvaro Elizalde lideraba la colectividad y nombró a varios personeros de su disidencia, como Monsalve y Maya Fernández (Defensa), en cargos clave. En el entorno del líder de la Cámara Alta, en todo caso, señalan que no tendría inconveniente con que Uriarte asuma algún cargo.

En La Moneda si bien dicen que el cambio será profundo, no se tocaría al equipo económico encabezado por Mario Marcel (Hacienda).

El PPD, por su parte, tiene cartas como su presidenta, Natalia Piergentilli, y el exdiputado Marco Antonio Núñez, quien aspira asumir algún cargo en el Minsal. La dirigenta, de hecho, ya hizo público que su colectividad quiere entrar el equipo político del Presidente y, tras la salida de Vega -la que resintieron en la sede de Santo Domingo-, dicen en el oficialismo, “cobrarán caro” esa señal.

El problema de la tienda, en todo caso, dicen en el gobierno, es su bancada. El partido tiene actualmente nueve escaños inscritos bajo la bancada independiente-PPD en la Cámara Baja, sin embargo, los seis parlamentarios que no militan formalmente en la colectividad ya anunciaron que dejarán de actuar en bloque con el resto de ese comité, el que quedó integrado solo por Raúl Soto, Helia Molina y Carolina Marzán. Esa fisura en el Congreso podría ser un problema cuando Boric deba sopesar los votos y señales para asegurar la viabilidad de sus reformas en el Parlamento.

Tanto es así que en el gobierno han sondeado a la Democracia Cristiana para evaluar ampliar aún más la base de apoyo de la administración del Mandatario. La crisis interna de la colectividad liderada por Felipe Delpín, en todo caso, no hará fácil resolver ese dilema ni en Alameda 1460 ni en La Moneda. Un nombre, eso sí, ha sonado fuerte: el de la abogada decé Elisa Walker.

Por su parte, el PR está consciente de que su única ministra, Marcela Hernando, podría salir del gabinete, tras diversas diferencias y dificultades durante su gestión. En La Moneda no olvidan cuando -ante la prensa- aseguró que no fue informada previamente desde el directorio de Codelco del cierre de la Fundición Ventanas. El partido, que en enero ya le advirtió al Mandatario que sin ministros no eran parte del gobierno, están promoviendo al exministro de Justicia José Antonio Gómez. En el cargo de Hernando, por otro lado, suena con fuerza que su reemplazo será el hoy asesor del Segundo Piso Diego Pardow. Eso sí, ese movimiento podría generar una reconfiguración del equipo que hoy lidera Lucía Dammert.

“Gabriel debe articular un gabinete que le permita expresar su forma de ver el mundo”, dicen sus cercano

Ahora, el BC espera que el IPC anual en 2022 terminé en 12%. En cuanto a la actividad económica subió el piso de la proyección del PIB para este año pasando de 1,5% -2,25% a uno entre 1,75%-2,25%.La inflación ha sido la variable que más le ha costado calibrar al Banco Central. De hecho, la ha tenido que ajustar en cada uno de los Informes de Política Monetaria que ha tenido que presentar. Esta vez, en el reporte de septiembre, pasó de 9,9% a 12% para el cierre de este año.

De acuerdo al informe, la inflación ha seguido aumentando, alcanzando el 13,1% anual en julio. “En los últimos meses continuaron destacando los aumentos de los precios de los alimentos —volátiles y no volátiles—, que explicaron casi un tercio de la inflación anual a julio. La inflación subyacente —IPC sin volátiles— subió hasta 10% anual, donde resaltó la mayor contribución de los servicios y los alimentos no volátiles. El alza de la inflación total nuevamente superó lo previsto. Tal como en junio, la sorpresa se concentró en los precios volátiles y los alimentos no volátiles”.

Para el BC, el alza del IPC se da en un contexto en que las expectativas de inflación han aumentado. “Distintas fuentes de información muestran que la inflación esperada a corto plazo ha subido de forma importante. A dos años plazo, las encuestas tanto a expertos como a empresas continúan previendo que la inflación se ubique por sobre 3% anual a ese horizonte, con valores que también han aumentado en los últimos meses. Esto también ha incidido en cambios más frecuentes de precios por parte de las empresas, en respuesta al alza de la demanda y los costos en los últimos dos años”.

Rosanna Costa por proceso constituyente: “Desde el punto de vista de la economía, la experiencia pasada nos enseña que todos estos procesos conllevan un grado de incertidumbre”

Y puntualiza que en el escenario central se estima que la inflación total está cercana a alcanzar su nivel máximo en este ciclo, lo que se sigue previendo ocurrirá en el tercer trimestre de este año. “En lo venidero, los precios comenzarán a mostrar ritmos de aumentos menores a los de los meses previos, con lo que la inflación anual comenzará a reducirse paulatinamente”.

Para el próximo año también ajustó al alza la previsión de los precios. Si en junio esperaba que a diciembre de 2023 se ubicara en 2,7%, ahora anticipa que se situaría en 3,3%. Y ya hacia 2024 recién la ve llegando a la meta del ente rector de 3%.

En el análisis del ente rector, el escenario central considera que la inflación convergerá a la meta de 3% dentro del horizonte de política monetaria de dos años. En la proyección, la inflación anual del IPC culminará 2023 en torno a 3,5%, llegando a 3% hacia el tercer trimestre de 2024. La inflación subyacente tendrá una convergencia más lenta hacia 3%, producto de la fuerte persistencia ya señalada y un TCR más alto. “Esta mayor persistencia inflacionaria requiere de una política monetaria más contractiva —en términos nominales y reales— que la anticipada en el IPoM anterior, como se resume en el nuevo corredor de la TPM del presente informe”.

Para el BC, en gran medida la convergencia de la inflación a la meta de 3% en dos años se basa en el supuesto de que la economía continuará ajustando los significativos desequilibrios que acumuló en 2021.

En este ámbito, para la proyección de la actividad económica subió el piso de la previsión para el PIB de este año pasando de 1,5% -2,25% a uno entre 1,75-2,25%, mientras que para el 2023 la ajustó más hacia la baja acentuando la caída de la economía: pasó de 0% a -1%, a un rango entre -1,5 y -0,5% y para 2024 la mantuvo en el rango 2,25% y 3,25% en 2024. “Para este trienio, la proyección contempla una trayectoria del gasto fiscal coherente con lo reportado en el último Informe de Finanzas Públicas”.

Consumo e inversión

En el desglose del informe, el BC afirma que el consumo privado siguió reduciéndose desde los elevados niveles que mostró en 2021. De hecho, resalta que, en el segundo trimestre, descontada la estacionalidad, el consumo privado tuvo una caída de 2,4% trimestre contra trimestre, algo mayor a la prevista.

Fuente: La Tercera

Fue una señal contundente. Apenas el Presidente Gabriel Boric terminó su discurso -a eso de las 21.00 de este domingo- bajó desde el segundo piso de La Moneda al Salón Montt Varas para reunirse con todo su gabinete y hacer un balance íntimo de la jornada en que el Rechazo en el plebiscito constitucional se impuso por amplia mayoría y le asestó una dura derrota a su gobierno. Entre aplausos y abrazos, la mayoría del equipo ministerial compartió sus reflexiones. Pero hubo un silencio que llamó la atención: la jefa de gabinete del Mandatario, Izkia Siches, no lideró la instancia. Una muestra más de lo que ya para muchos en el gobierno es un hecho: que no seguirá a la cabeza del Ministerio del Interior.

También dio para interpretaciones la participación de Giorgio Jackson (Segpres). La mano derecha del Jefe de Estado -quien para muchos en la oposición y también en sectores del oficialismo debería asumir responsabilidades políticas por el fracaso-, fue uno de los primeros en tomar la palabra y abordar sus causas. Ese reservado diagnóstico de los ministros con Boric fue, probablemente, uno de los últimos momentos que compartirán juntos, al menos, en esos cargos.

El Mandatario decidió, según afirman en La Moneda, realizar un profundo cambio de gabinete tras la contundente derrota. Una modificación que incluye la salida de Siches y Jackson de sus puestos, quienes durante estos seis meses, por distintas razones, han sido objeto de duras críticas. “Hacer frente a estos importantes y urgentes desafíos requerirá prontos ajustes en nuestros equipos de gobierno para enfrentar este nuevo período con renovados bríos. Pueden tener la tranquilidad que el camino a una nueva Constitución jamás será obstáculo para dar respuesta a las urgencias que ustedes nos han planteado”, dijo Boric en su declaración, pasadas las 20.45, en la cual también reconoció el fracaso electoral.

Renuncia al diseño original

La derrota de un gobierno y un Presidente que arriesgaron todo por un esquivo triunfo del Apruebo obliga a Boric a reconfigurar su comité político, el que se había reservado inicialmente para figuras de Apruebo Dignidad o de su plena confianza, como su amigo Jackson, o a quien siente que le debió parte importante de su triunfo en segunda vuelta, como Siches.

Pero los resultados de los comicios de este domingo también lo forzarán a dejar caer a varios de sus colaboradores de estos primeros seis meses, ya sea con el objetivo de sacudirse gestiones mal evaluadas y futuros flancos, como también con el fin de equilibrar políticamente su gabinete entre sus dos coaliciones, Apruebo Dignidad y el Socialismo Democrático, donde una contienda anticipada se abrió en las semanas previas al plebiscito para, ganara la opción que ganara, lograr mayor influencia al interior del gobierno.Un escenario que se agudizó este domingo tras conocerse los resultados, donde el Socialismo Democrático comenzó a transmitir, con dureza, que se requiere un cambio radical en el equipo ministerial con mayor presencia de ellos, de lo contrario, será difícil dejarlos conformes.

Por lo mismo, el Jefe de Estado, según fuentes de Palacio, ya comenzó el chequeo de nombres para su próximo elenco el cual ya tiene, según las mismas fuentes, casi listo. En paralelo, el Mandatario intenta contener otra de sus principales preocupaciones: que se desborde la relación entre sus coaliciones de gobierno debido a que las recriminaciones entre ambos sectores se recrudecieron tras conocerse los resultados.

El Mandatariovenía preparándose hace semanas para el escenario más probable: que el Rechazo triunfara la noche de este domingo, como ocurrió. Y más allá de las señales que dio, convocando un nuevo proceso constituyente y llamando a la unidad del país, Boric tiene claro que un cambio de elenco es inevitable. Con los resultados sobre la mesa, de hecho, en La Moneda ayer transmitían que el anuncio se concretará esta semana sin falta, dada la distancia entre el Apruebo y el Rechazo (poco más de 20 puntos).

Así, antes de la jornada de este domingo, el Presidente llevaba varios días diseñando en su cabeza una fórmula que le permitiera enfrentar el probable fracaso de anoche para seguir gobernando, pero también aprovechar la oportunidad que se le abre con la victoria de quienes no visaron la propuesta de nueva Constitución: ser él quien juegue un rol en el proceso de acuerdos constitucionales que se comenzarán a negociar en las próximas horas y que darán paso a un nuevo órgano.

Las intuiciones entre quienes han conversado con el Presidente en los últimos días apuntan a que un triunfo del Rechazo lo inclinarían a un gabinete en donde el Socialismo Democrático entre con mayor fuerza y, además, se rompa con el “desequilibrio” que ha acusado esa coalición a nivel de subsecretarías, donde ellos solo mantienen cuatro, mientras que Apruebo Dignidad suma 25 y las otras 10 corresponden a independientes. Este último grupo, dicen en ese sector, debería ser uno de los más damnificados. En Apruebo Dignidad, por el contrario, resienten que la exConcertación instale esa tesis. Semanas antes del plebiscito, de hecho, ministras como Orellana y Vallejo advirtieron que era un error vincular el triunfo de una u otra opción con la reconfiguración de fuerzas al interior del equipo ministerial.

Pese a las apuestas de sus partidos, el mensaje de Boric ha sido claro en los últimos días, cuando en la antesala del referéndum en el oficialismo se desató la guerra de apuestas por los cargos que se podrían abrir en el gabinete: que su reflexión ha sido profunda y que no se dejará presionar por las pretensiones de cada colectividad. Un análisis que, en todo caso, ahora en el Socialismo Democrático ponen en duda porque advierten que no cederán en su postura respecto a estar en el “corazón del gobierno”.

Nuevos equilibrios y elencos

¿Qué hacer con Interior? Esa es una pregunta que el Presidente Boric se ha hecho en repetidas oportunidades. Hoy tiene que decidir a quién le dará el ministerio más importante de su equipo político con los objetivos que tiene por delante su gobierno, pero también esa cartera en particular, la que le ha dado más de algún dolor de cabeza en su periodo de instalación.

Si bien en el Socialismo Democrático hay quienes no descartan que el Mandatario haga un gesto a ese sector -sobre la mesa ha estado la posibilidad de que el subsecretario Manuel Monsalve suba a ese cargo y también nombres como los de Carlos Montes (Vivienda) o la exministra Carolina Tohá (PPD)-, en las directivas de los partidos dicen que la decisión dependerá mucho de quién asuma la Segpres, cargo que ellos miran con más interés. Tohá, en todo caso, al cierre de esta edición, sonaba como una de las cartas seguras para ingresar al comité político.

Con Jackson fuera de la repartición, en el Frente Amplio algunos han impulsado que suba el Subdere Miguel Crispi (RD), algo que, en todo caso, no convence a su propio partido, Revolución Democrática. De ser así, tendría lógica que un PS, como el propio Monsalve, asuma Interior. Otra alternativa es que el socialista asuma la Segpres y sea el RD el que reemplace a Siches. Esto último, de todas formas es visto con dificultad de parte de los dirigentes del Socialismo Democrático, desde donde leen que el bloque de origen del Mandatario queda con una legitimidad muy menor para liderar el comité político tras el triunfo del Rechazo.

Un nombre que también ha sonado para la Segpres es el de la actual jefa de gabinete de la expresidenta del Colmed, Ana Lya Uriarte. La socialista, quien es cercana a la expresidenta Michelle Bachelet y es amiga de la actual timonel PS, Paulina Vodanovic, es una carta que esa colectividad ha promovido. Su nombre, de todas formas, genera dudas en el Socialismo Democrático. Esta vez, dicen entre algunos dirigentes de esa coalición, Boric debería apostar a señales totalmente contrarias a las que dio al asumir cuando Álvaro Elizalde lideraba la colectividad y nombró a varios personeros de su disidencia, como Monsalve y Maya Fernández (Defensa), en cargos clave. En el entorno del líder de la Cámara Alta, en todo caso, señalan que no tendría inconveniente con que Uriarte asuma algún cargo.

En La Moneda si bien dicen que el cambio será profundo, no se tocaría al equipo económico encabezado por Mario Marcel (Hacienda).

El PPD, por su parte, tiene cartas como su presidenta, Natalia Piergentilli, y el exdiputado Marco Antonio Núñez, quien aspira asumir algún cargo en el Minsal. La dirigenta, de hecho, ya hizo público que su colectividad quiere entrar el equipo político del Presidente y, tras la salida de Vega -la que resintieron en la sede de Santo Domingo-, dicen en el oficialismo, “cobrarán caro” esa señal.

El problema de la tienda, en todo caso, dicen en el gobierno, es su bancada. El partido tiene actualmente nueve escaños inscritos bajo la bancada independiente-PPD en la Cámara Baja, sin embargo, los seis parlamentarios que no militan formalmente en la colectividad ya anunciaron que dejarán de actuar en bloque con el resto de ese comité, el que quedó integrado solo por Raúl Soto, Helia Molina y Carolina Marzán. Esa fisura en el Congreso podría ser un problema cuando Boric deba sopesar los votos y señales para asegurar la viabilidad de sus reformas en el Parlamento.

Tanto es así que en el gobierno han sondeado a la Democracia Cristiana para evaluar ampliar aún más la base de apoyo de la administración del Mandatario. La crisis interna de la colectividad liderada por Felipe Delpín, en todo caso, no hará fácil resolver ese dilema ni en Alameda 1460 ni en La Moneda. Un nombre, eso sí, ha sonado fuerte: el de la abogada decé Elisa Walker.

Por su parte, el PR está consciente de que su única ministra, Marcela Hernando, podría salir del gabinete, tras diversas diferencias y dificultades durante su gestión. En La Moneda no olvidan cuando -ante la prensa- aseguró que no fue informada previamente desde el directorio de Codelco del cierre de la Fundición Ventanas. El partido, que en enero ya le advirtió al Mandatario que sin ministros no eran parte del gobierno, están promoviendo al exministro de Justicia José Antonio Gómez. En el cargo de Hernando, por otro lado, suena con fuerza que su reemplazo será el hoy asesor del Segundo Piso Diego Pardow. Eso sí, ese movimiento podría generar una reconfiguración del equipo que hoy lidera Lucía Dammert.

“Gabriel debe articular un gabinete que le permita expresar su forma de ver el mundo”, dicen sus cercanos.

Fuente: La Tercera

El proyecto fue presentado por el Presidente Gabriel Boric en abril pasado, cuando el Ejecutivo buscaba impedir un quinto retiro de los fondos de las AFP. Ahora deberá ser revisado por la Sala de la Cámara de Diputados.

La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, aprobó y despachó a la Sala, durante la jornada de este martes el proyecto de reforma constitucional que plantea que los fondos de pensiones acumulados en las administradoras de fondos de pensiones (AFP), sean inexpropiables.

El proyecto- presentado por el gobierno del Presidente Gabriel Boric y que fue aprobado de forma unánime por los 12 integrantes de la comisión-, plantea una destinación específica del financiamiento para fines previsionales y una garantía sobre la propiedad de los fondos de capitalización individual de los afiliados.

Específicamente, la reforma añade dos párrafos al artículo 19 de la Constitución. El primero de ellos establece que las prestaciones de seguridad social se financiarán con aportes fiscales y cotizaciones obligatorias, en la forma y condiciones que establezca la ley. Se indica, además, que los fondos originados en las cotizaciones obligatorias deberán destinarse única y exclusivamente a fines previsionales.

El texto agrega que se garantizará siempre la propiedad del afiliado respecto de los ahorros provenientes de la capitalización individual, sin que la ley pueda expropiar dichos ahorros.

Durante la sesión se registraron algunos desencuentros, principalmente de diputados de oposición que presentaron indicaciones que fueron desechadas. Una de ellas planteaba la libertad de los trabajadores para determinar quién administraría sus fondos previsionales, la que fue declarada inadmisible por siete votos contra cinco.

Otra moción que especificaba la inexpropiabilidad de los fondos previsionales futuros, fue rechazada por seis votos contra seis.

El proyecto fue anunciado en abril pasado por el ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, cuando negociaba con los legisladores impedir la aprobación de un quinto retiro de los dineros disponibles en las AFP. Paralelamente en ese momento se generaron diversas polémicas por las propuestas de norma desechadas dentro de la Convención Constitucional para el borrador de la nueva Constitución, que en más de una oportunidad buscaron dejar explícitamente en la Carta Magna que los dineros de los trabajadores son de su exclusiva propiedad.